La calificadora estadounidense degradó el rating de 11 entidades, tras haber recortado la semana pasada la nota de la deuda ibérica y dejarla al borde del “bono basura”

"Las decisiones de rating adoptadas se producen a consecuencia de nuestra rebaja de España del pasado 10 de octubre hasta BBB-/A-3", publicó la agencia Europa Press en base a lo informado por Standard and Poor’s.

La agencia neoyorquina advirtió, además, que "esta rebaja tiene consecuencias negativas directas para aquellos bancos con calificaciones a largo plazo superiores a ‘BBB’, y sobre todas aquellas entidades en cuyos ratings asumimos un apoyo extraordinario del Gobierno".

S&P bajó la nota del BBVA y el Santander, y también revisó a la baja la de Barclays, Santander Consumer Finance y Banesto, todos ellos con perspectiva "negativa". Mientras que recortó las notas de Banco Popular, Bankia, BFA, Caixabank, La Caixa y Banco Sabadell, que así se ubican en "vigilancia negativa".

Por otra parte, S&P confirmó las notas a largo plazo de Kutxabank, la CECA y Bankinter, aunque igual ha situado en vigilancia negativa dichas calificaciones.

La perspectiva "negativa" asignada al Santander, BBVA y BBSA refleja el rating a largo plazo de España. Algo por lo cual sus calificaciones podrían ser recortadas en caso de una nueva rebaja del rating soberano, a pesar de que S&P aclaró que esa posibilidad "es remota".

La concesión del premio Nobel de la Paz a la Unión Europea ha sido acogida con incomprensión y desconcierto entre los defensores de derechos humanos y periodistas críticos que habían esperado del comité noruego un fallo más personalizado y más vinculado a la lucha por la democracia en la geografía postsoviética.

Alés Beliatski, de Bielorrusia, y Liudmila Alekséieva y Svetlana Gánnushkina, de Rusia, estaban entre los nominados para el Nóbel de este año. Beliatski, de 50 años, que cumple una pena de cuatro años de prisión, es el líder del grupo “Viasná”, una Organización No Gubernamental (ONG) que denuncia los truculentos recuentos en las elecciones organizadas por el régimen de Alexandr Lukashenko.

A sus 85 años, Liudmila Alekséieva es la veterana del movimiento de derechos humanos en Rusia. Optimista a ultranza, Alexéieva fue miembro del Grupo de Helsinki de Moscú en época de la URSS y tras dedicarse a difundir literatura disidente se vio obligada a emitrar en 1977. Alekséieva, que regresó a Rusia en 1993, es presidenta del Grupo de Helsinki de Moscú. Gánnushkina, de 70 años, diplomada en matemáticas y física, es la directora de la asociación “Ayuda Ciudadana”, que vela por los derechos de los emigrantes, y tiene diversos proyectos de ayuda a la población del Cáucaso.

Alexéieva y Gánnushkina son miembros de Memorial, la ONG rusa que vela por la memoria histórica y por los derechos humanos. Tras el retorno de Putin a la jefatura del Estado el pasado mayo, ambas mujeres dimitieron de sus puestos en el consejo para el desarrollo de la sociedad civil y los derechos humanos, adscrito a la presidencia de Rusia.

Luchadoras infatigables, Alekséieva y Gánnushkina son un ejemplo vivo de dos personas comprometidas con la causa de las libertades y derechos en Rusia. Ambas se implican personalmente en su trabajo y ambas llegan a arriesgar su vida por ello. Hace varios años, las dos estuvieron a punto de ser víctimas de un atentado suicida en Grozni, la capital de Chechenia, cuando un coche bomba hizo explosión en la sede del gobierno de aquella región caucásica. Para el trabajo de las dos activistas, el Nobel de la Paz hubiera sido un espaldarazo moral y material. El premio hubiera constituido también un apoyo para “Memorial” en una época difícil, cuando la misión de esta entidad parece ir contracorriente en un entorno cada vez más intolerante y autoritario y cuando las ONG rusas son etiquetadas como “agentes del extranjero” si reciben financiación de otros Estados. Para el Kremlin, que juega peligrosamente con los sectores sociales más intransigentes, el premio hubiera podido ser percibido como un mensaje, a saber que los personajes incómodos, que les dicen las verdades a los líderes de Rusia, no están solos y abandonados.

Las esperanzas de que el Nobel recayera en Alexéieva y Gánnushkina fueron fomentadas por la televisión estatal noruega que las citó en su corresponsalía en Moscú a la hora en que el comité Nobel debía emitir el fallo. En el canal Dozhd (lluvia), la televisión que más refleja el ambiente de la “movida” liberal moscovita, varios comentaristas se habían reunido para cubrir el evento y, cuando se anunció el ganador, no pudieron ocultar su decepción y reaccionaron de forma visceral. La periodista Zoya Svétova opinó que consideraba este fallo una “ofensa personal” y que la Unión Europea debía “cerrar la barraca”. Según Svétova la decisión se había tomado para “no ofender” al presidente de Rusia, Vladímir Putin. Por su parte, el comentarista Konstantin Eggert lo calificó de “vergüenza y horror” y dijo que “la izquierda europea” está aliada con Putin.

En la Duma Estatal de Rusia (cámara baja del parlamento), desde otras posiciones, Leonid Slutsky, miembro del partido gubernamental Rusia Unida y copresidente del Comité de Exteriores, afirmó que el premio le resultaba “extraño” y lo calificó como un “gesto de cumplido” y político”.

Alexéieva y Gánnushkina no ocultaron su desilusión. “Si se lo dieran a un prisionero político de Irán lo comprendería mejor”, dijo la primera. “Es ridículo”, opinó la segunda. “El Comité Nóbel hubiera podido sostener el principio de la paz y la democracia, si hubiera concedido el premio a los que durante muchos años trabajan en este campo y ahora necesitan apoyo”, continuó Gánnushkina. El fallo refleja una “cierta impotencia”, señaló la activista. Gánnushkina cree percibir una creciente indiferencia en la UE en relación a los derechos humanos en Rusia y eso es precisamente lo que más le duele.