La existencia de una red extorsiva integrada por jueces, fiscales y funcionarios, que buscaban obtener dinero de un empresario estadounidense a cambio de su excarcelación, tenía el lunes en vilo a autoridades de Bolivia, que garantizaron el lunes que investigarán el caso con transparencia.
"Nuestro trabajo será objetivo y transparente", afirmó el fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, al confirmar el inicio de la investigación y acotó que "estamos en un proceso de evaluación" de los funcionarios del Ministerio Público.
"Nuestras investigaciones preliminares nos permiten afirmar que la red de asesores estatales ya suspendidos está integrada por miembros del Ministerio Público y del órgano judicial", dijo por su parte este lunes el ministro de Interior, Carlos Romero, en conferencia de prensa en La Paz.
El empresario estadounidense Jacob Ostreicher, detenido sin juicio desde junio de 2011 y acusado de lavado de dinero del narcotráfico, reveló días atrás haber sido extorsionado por jueces, fiscales y agentes del gobierno boliviano con promesas de ser liberado.
Ostreicher, cuya detención motivó el reclamo del Departamento de Estado y la solidaridad del actor estadounidense Sean Penn, destapó con sus denuncias la existencia de una organización que podría haber actuado desde hace unos cinco años dentro del gobierno y la justicia de Bolivia, en sonados y millonarios casos.
Hasta ahora se identificó a los abogados Fernando Rivera y Dennis Rodas -hasta hace una semana asesores legales del Ministerio de Interior- como cabecillas del grupo que estuvo conformado por otros abogados particulares y exempleados gubernamentales. Seis de los sospechados han sido detenidos, informó el gobierno boliviano.
El anuncio de Romero se produjo en la antesala de un proceso del mismo Ministerio Público, que comenzó este lunes en la ciudad de Santa Cruz, 900 km al este de La Paz, contra fiscales y jueces de ese distrito acusados de integrar la red de extorsiones.
El ministro Romero señaló que en una revisión de todo el trabajo judicial hecho por su oficina se evidenció que la red actuó en "casos millonarios", donde pudieron obtener jugosos ingresos, aún no cuantificados, ofreciendo libertades, cambiando fallos o dilatando procesos.
El caso Ostreicher, quien alegó siempre inocencia e indicó que todas sus inversiones fueron por vía bancaria, es un claro ejemplo: la justicia le negó en seis ocasiones la libertad y el proceso legal está detenido.
Además, el empresario denunció no sólo que sufrió extorsión para obtener su libertad, sino que además sus bienes, como arroz y ganado, fueron enajenados por esa red de funcionarios.
Romero habló de "un modus operandi" de esa organización, mientras surgieron denuncias en la última semana de familiares y víctimas de presuntos casos de extorsión.
La hija del fallecido exministro de Interior de derecha, Guillermo Fortún, detenido en Perú y expulsado a Bolivia en 2010, denunció que pagó 20.000 dólares a los abogados del Ministerio de Interior, para que su anciano padre obtuviera detención domiciliaria.
El grupo criminal también fue mencionado el fin de semana por el viceministro de Interior, Jorge Pérez, por supuestas ofertas de protección a explotadores de juegos clandestinos de azar, a cargo de mafias rusas.
Mientras tanto, el empresario Ostreicher permanece en una clínica de Santa Cruz, con la salud debilitada y bajo fuerte vigilancia policial. Este lunes apareció en una entrevista de prensa vistiendo un chaleco antibalas.
