En Venezuela se juega estos días una lotería que pudiera ser millonaria y de la que ya se sabe, de antemano, el número ganador: 99. Ese es el número de votos necesario para alcanzar las tres quintas partes de la Asamblea Nacional –conformada por 165 diputados- que la Constitución estipula como requisito para otorgar al presidente de la República poderes especiales mediante una Ley Habilitante. El pasado 16 de agosto, el presidente Nicolás Maduro anunció que quiere esos poderes para liderar una cruzada nacional contra la corrupción. Pero tuvo que reparar en un posible obstáculo para su propósito: cuenta de antemano con el apoyo de 98 diputados de la bancada oficialista.

Desde entonces, una guerra de nervios se ha desatado entre los parlamentarios de la oposición, que temen que el voto 99 salga de sus filas. “No tienen los votos para aprobar la habilitante, pero imagínense ustedes que la aprueben comprando conciencias", previno el líder opositor, Henrique Capriles Radonski. "Si compran el voto del diputado 99, esa habilitante se daría sobre la base de la corrupción", aseguró.

El Gobierno no ha perdido la oportunidad para atizar las dudas de sus adversarios. El propio Maduro moderó sus exigencias al aceptar que la iniciativa podría fracasar, en cuyo caso “buscaremos otros caminos” distintos a la Asamblea, dijo. Si bien el presidente prefirió referirse metafóricamente al diputado 99 como “el pueblo en la calle, movilizado contra la corrupción”, el vicepresidente ejecutivo y yerno del fallecido Hugo Chávez, Jorge Arreaza, aseguró contar con el misterioso voto, que correspondería a “un hombre de bien”.

Este lunes, el número dos del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, declaró que el voto restante le tiene sin cuidado pues, según su opinión, no serían 99 sino que “pueden ser 100, 101, 102, incluso más” los votos que respaldarían la moción oficialista. “Estamos convencidos de que se va a imponer en la concienciade cada quien a la hora de la lucha contra la corrupción”, predijo.

El presidente Maduro hizo saber a Cabello el 16 de agosto que se proponía pedir una Ley Habilitante que le permitiera “ir a un proceso profundo y establecer las normas más rígidas y severas para combatir la corrupción y la pena más severa para castigar todos los delitos de lavado de dinero legitimación”.

Figuras de la oposición criticaron la anunciada solicitud de Maduro, señalando que ya se cuenta con suficientes herramientas legales para combatir la corrupción. Sospechan, además, que los poderes extraordinarios de los que eventualmente se haría el presidente venezolano servirían para perseguir a los sectores críticos del régimen. Hasta ahora, los casos de presunta corrupción difundidos por el Gobierno y su aparato comunicacional se achacan principalmente a diputados y funcionarios de las administraciones regionales de signo opositor, como el Gobierno del Estado de Miranda, una de las tres únicas provincias - de 22 - gestionadas por políticos que no pertenecen al oficialismo.

Ante esa amenaza, los opositores cerraron filas y dijeron que votarán contra la petición presidencial. Sin embargo, anticipan que las presiones del Gobierno para alcanzar un objetivo que le luce tan a la mano serán enormes y pueden quebrar la unidad de la bancada opositora. Antecedentes hay, y son recientes: durante la presente legislatura, que comenzó en enero de 2012, ya han tenido lugar varias deserciones de diputados como William Ojeda, por el Estado de Miranda, o Hernán Núñez, por el Estado de Sucre. Ambos abandonaron la oposición para votar de manera sistemática en favor de las iniciativas oficialistas y, con crudo simbolismo, se mudaron a curules ubicadas en el sector que la bancada chavista ocupa en el hemiciclo.

Una nueva deserción tendría un efecto moral devastador para la oposición, a la vez que ofrecería al Gobierno un poder omnímodo del que el máximo líder de la revolución, Hugo Chávez, gozó en un par de ocasiones. Los diputados opositores se miran de reojo entre sí buscando indicios acerca de quién pudiera convertirse en el próximo traidor. Por redes sociales circulan retratos robot de los más sospechosos, mientras el enigma del diputado 99 gana visos de pasatiempo nacional.

La intriga también ha seducido a la prensa independiente, que pasa revista entre los diputados menos mediáticos de la oposición para confirmar hipótesis o trascendidos sobre quién podría ser reclutado por el Gobierno. La indagación periodística ha sacado a la luz nombres como los de los diputados Hermes García, Willliam Barrientos, Nelson Rodríguez, Gabino Paz, Orlando Ávila o Morel Rodríguez, entre otros, representantes de entidades de provincia que en algún momento se han mostrado críticos o autónomos frente a los acuerdos de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Todos, sin excepción, han descartado que estén dispuestos a dar ese paso en falso. García advirtió que el Gobierno había estado “buscando debilidades” y se esforzaba en comprar apoyos “a punta de dólares”.

Sin esperar a que el juego de sospechas se dirima, el Gobierno mueve otras fichas del tablero en busca de su objetivo. El domingo, la gobernadora del Estado de Falcón –costa noroeste de Venezuela-, Stella Lugo, avisó que promoverá una investigación contra la diputada de la oposición María Corina Machado, bestia negra para el chavismo. La gobernadora, militante del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), acusó a Machado de estar vaticinando a través de panfletos nuevos accidentes en el Complejo Refinador Paraguaná, el mayor centro de producción de derivados del petróleo de Venezuela y uno de los mayores del mundo, situado en Falcón. Lugo hizo el anuncio en el acto de conmemoración del primer aniversario de la Tragedia de Amuay, en la que una explosión en la refinería homónima mató a 55 personas. El Gobierno atribuye ahora el grave incidente a un acto de sabotaje.

En la Asamblea Nacional ya cursan dos procesos, aprobados con los votos de la mayoría oficialista, para despojar de su inmunidad parlamentaria a otros tantos diputados de oposición, Juan Carlos Caldera y Richard Mardo, ambos acusados de hechos de corrupción. Según la normativa venezolana, el fin de la inmunidad parlamentaria resulta indispensable para someter a los diputados a las averiguaciones del aparato judicial. Pero, si tal cosa ocurriera con la diputada Machado, tendría un efecto adicional: el diputado suplente para ese puesto, Ricardo Sánchez, rompió hace meses con la dirigencia opositora y podría constituirse en el ansiado voto 99.

El presidente del parlamento, Diosdado Cabello, dijo este lunes que había tomado nota de la solicitud que impulsaba la gobernadora Lugo y se dijo dispuesto, siguiendo lo que parece una secuencia previamente coreografiada, a abrir un proceso contra la diputada Machado: “Haremos las investigaciones que sean necesarias, no vamos a caer en el chantaje de la derecha para que nos detengamos”.

Tomado de EL PAÍS; ESPAÑA