En los últimos años China se ha convertido en el primero o segundo socio comercial de Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Cuba y Venezuela y es también la principal fuente de crédito para Argentina, Venezuela y Cuba, que tienen restringido el acceso a los mercados de capitales internacionales.

Por Luis Esteban G. Manrique

(Especial Infolatam).- Pero esa influencia no ha tenido un correlato económico paralelo. No es extraño. Pese a que el modelo chino de desarrollo es universalmente admirado por su capacidad para generar elevadas tasas de crecimiento, ninguno de los países de la región, casi todos exportadores de materias primas, tienen el tejido industrial, la capacidad tecnológica y financiera –y los valores culturales– necesarios para replicar el milagro econ efinitorio explica el clintelar dientes de lonomñoia de mercado lmente admirado por su capacidad para producir altas tasasómico chino.

Sin embargo, su modelo de capitalismo de Estado regido por un poder político autoritario es más fácil de adaptar. Venezuela lo ha intentado, pero se ha demostrado incapaz de emular los rasgos definitorios del éxito chino: la disciplina económica y el rigor fiscal.

A la hora de aclimatar el modelo chino a las latitudes suramericanas, mejor suerte han tenido dos de los discípulos predilectos de Hugo Chávez: Rafael Correa y Evo Morales. Ecuador y Bolivia se han convertido en imanes para la inversión internacional por sus políticas económicas de impulso al crecimiento y control de la inflación y el déficit, con lo que han transformado su matriz populista original en algo mucho más sofisticado, pero también peligroso para la democracia: un capitalismo autoritario.

Ambos han consolidado su hegemonía política reduciendo las libertades públicas y aherrojando poco a poco a los medios de comunicación, la magistratura, las autoridades electorales y las organizaciones de la sociedad civil. Esa estrategia ha tenido éxito en múltiples frentes. Pero el más importante ha sido desmovilizar a la oposición, que se muestra incapaz de formular propuestas alternativas.

Paralelamente, sus gobiernos han engrasado eficientes maquinarias partidarias para colonizar la burocracia estatal y crear un aparato clientelista de enorme eficacia entre los sectores populares, con lo que han dado a sus mandatos una cierta áurea de permanencia. Y quizá hasta de perpetuidad, como indican las reformas constitucionales que han sacado adelante para garantizar sus respectivas reelecciones indefinidas.

Mientras que la popularidad de Correa se mantiene sobre el 61%, el triunfo electoral Morales en las elecciones del pasado 12 octubre, sacando una considerable ventaja sobre su principal rival, el conservador Samuel Doria Medina, son una clara demostración del éxito de esa especie de “chavismo corregido” que ambos practican.

Populismo político, ortodoxia económica

Al eludir las desastrosas políticas intervencionistas de los gobiernos de Caracas y Buenos Aires, Quito y La Paz han logrado tasas de crecimiento que parecen hoy utópicas en Venezuela y Argentina: mientras la región en su conjunto creció en 2013 un 2,4%, Ecuador lo hizo un 4% y Bolivia un 6,8%, la mayor tasa en 38 años.

El marco legal boliviano para la inversión extranjera se parece más al de Chile que al de Venezuela. Los resultados están a la vista: según la Cepal, debido a las inversiones en el sector hidrocarburos el crecimiento podría rondar este año el 5,5%, con lo que el PIB alcanzará los 36.000 millones de dólares, frente a los 9.500 millones de 2005, el año anterior a la llegada de Evo Morales al paceño Palacio Quemado.

La pobreza extrema en Bolivia ha bajado del 34 al 18% mientras que la deuda externa apenas llega al 17% del PIB. En 2006 era el 52%. Las reservas de divisas suman unos 15.000 millones de dólares, con un superávit por cuenta corriente del 3,3% del PIB.

Con esas cifras, hasta el FMI y el Banco Mundial se han rendido ante la evidencia, elogiando efusivamente la gestión macroeconómica del gobierno del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS). Según el propio Luis Barbery, presidente de la patronal Cainco, “Bolivia está viviendo el mejor momento de su historia”, felicitándose por las fluidas relaciones que tiene el sector privado con el Estado. En varias ocasiones el gobierno ha enviado a la policía a impedir invasiones de tierras y detener a los cabecillas, con lo que ha enviado una clara señal de su respeto a la propiedad privada.

Pero no solo del PIB vive la democracia. Los cuatro candidatos opositores enfrentan hoy juicios penales alentados por el oficialismo. La Conferencia Episcopal Boliviana ha denunciado la “evidente desigualdad” en la campaña electoral por la enorme disponibilidad de recursos públicos del gobierno.

Morales arremete contra todos: contra la Iglesia, las ONG, sus rivales políticos y los medios, pese a que ninguno de ellos representa una amenaza política real. El Tribunal Supremo Electoral, responsable exclusivamente ante el ejecutivo, ha limitado la propaganda electoral opositora a los últimos 27 días de la campaña.

La propia candidatura de Morales para un tercer mandato es en sí misma producto de una dudosa maniobra legal. En 2008, Morales cambió la constitución para autorizarse un tercer mandato consecutivo esgrimiendo que su primer mandato no contaba dado que tuvo lugar antes de que Bolivia fuera “refundada” como un “Estado plurinacional”.

Pero el hecho de ser el primer presidente indígena de Bolivia, confiere a Evo Morales un grado de legitimidad difícil de contrarrestar por los políticos criollos conservadores, que no han logrado articular un discurso alternativo al del “Estado plurinacional” del MAS.

“Revolución ciudadana” sin sociedad civil

Ecuador no le va a la zaga a Bolivia. La Cepal estima que este año el crecimiento del país llegará al 5% debido al aumento de las exportaciones –un 7,4% en el primer semestre– y del consumo (3,7%). Pero no todo se debe al petróleo. La agricultura y la pesca crecerán este año un 21%, el refino de combustibles un 21,1%, la minería un 12,2%, la hostelería un 10,3% y la construcción un 8,5%.

En el primer trimestre, Ecuador registró un superávit comercial de 621,3 millones de dólares, frente a un déficit de 758,4 millones en el mismo periodo del año pasado. En agosto, Standard & Poor’s elevó la calificación crediticia de Ecuador de B a B+ debido a su “flexibilidad fiscal, sólida posición de liquidez y mejoras en el entorno para la inversión”. En esos mismos días, el FMI subrayó que el crecimiento –del 4,5% medio anual en la última década, con una inflación del 3%– es fruto de una gestión económica “saludable y sostenible”.

Y todo ello pese a que en 2008 Quito declaró un default por 3.900 millones de dólares de su deuda externa, calificándola de “ilegitima”. Luego la recompró por 35 centavos de dólar sobre su valor nominal. El gobierno se apresta ahora a aprobar un sueldo básico de 340 dólares, un seguro social obligatorio, una nueva reforma laboral, la redistribución de las utilidades de empresas como las telefónicas y nuevos impuestos a las plusvalías de tierras urbanas y rurales.

Los medios a disposición de Correa parecen imbatibles: una formidable maquinaria electoral, un poderoso conglomerado de medios de comunicación públicos, un gasto público masivo en programas sociales e infraestructuras que han cambiado el rostro de un país que hasta 2007 había empujado a la emigración al 10% de su población. Hoy, según el Banco Mundial, la pobreza ha caído al 28%, frente al 64% de 2000.

La administración pública ha pasado de 16.000 a 90.000 empleados, incluidos 40 ministros. Gracias a los ingresos del petróleo, que representan el 60% de las exportaciones y el 30% de la recaudación tributaria, el país está hoy atravesado por 7.000 kilómetros de carreteras y autopistas de dos, tres y cuatro carriles en cada sentido, con puentes, intercambiadores y señalización donde antes solo habían caminos de tierra.

Desde 2007, las inversiones en infraestructuras viales suman más de 5.000 millones de dólares. Quito va a tener pronto su primera línea de metro y un nuevo aeropuerto internacional. Escuelas en zonas rurales que no tenían ni cristales ni puertas, tienen hoy ordenadores. Las comidas, útiles escolares y uniformes para sus alumnos son gratuitos.

El gobierno ha multiplicado por tres el presupuesto de salud y educación. Para financiar el gasto social, Correa ha aprobado sucesivas reformas tributarias que han aumentado los ingresos fiscales en un 136% y logrado que China le conceda 7.000 millones de dólares en créditos a cambio de entregas de petróleo a futuro.

Pero todo tiene un precio. Ecuador tiene hoy un déficit fiscal del 9% del PIBincluido el servicio de la deuda, de 9.200 millones de dólares, y la deuda pública más grande de la región después de Venezuela. Pero la democracia es la que ha sufrido los efectos más devastadores de la “revolución ciudadana”. La prensa opositora denuncia sistemáticamente la opacidad gubernamental en la concesión de contratos públicos y en el manejo del dinero público.

El gobierno ha reestructurado el sistema judicial para controlar la selección de jueces.

Como ciudadano privado, Correa ha demandado a periódicos, periodistas y bancos e incluso a humoristas gráficos por caricaturas que no le han gustado y a tuiteros por “faltarle al respeto”. Entre los objetivos de sus críticas se encuentran el movimiento indígena, los sindicatos, la vieja clase política, los banqueros y la prensa.

En agosto Correa logró que el Congreso aprobara una ley que sanciona hasta con siete años de cárcel la “publicación, emisión y difusión” de noticias que puedan generar “pánico económico”. En julio, la Superintendencia de Información y Comunicación de Ecuador citó a una audiencia a los directores de los diarios El Universo, El Comercio y Hoy por no haber informado sobre un viaje a Chile de Correa para recibir un doctorado honoris causa. Correa había denunciado días antes el “silencio” de esos diarios sobre su viaje.

INFOLATAM

Los bolivianos iniciaron este jueves a un período de reflexión de 72 horas antes de votar en los comicios del domingo y desde este viernes además deben acatar prohibiciones como no consumir alcohol ni realizar fiestas para no afectar la jornada electoral.