La defensa del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, preso desde hace casi nueve meses, afirmó que apelarán la decisión del tribunal que negó la solicitud de liberación del político, hecha con base en el exhorto de un grupo de trabajo de Naciones Unidas.

"En el exterior hay una mayor y mejor comprensión de nuestra realidad", dijo Ramón Guillermo Aveledo en su nuevo rol de coordinador de la Comisión Internacional de la Mesa de la Unidad Democrática venezolana

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La plataforma opositora venezolana, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), informó este miércoles que ha iniciado contactos con los cancilleres de Colombia, Brasil y Ecuador, con el fin de que puedan ayudar a reactivar el diálogo político entre la oposición y el Gobierno de Nicolás Maduro.

El opositor Ramón Guillermo Aveledo, coordinador de la Comisión Internacional de la MUD, "inició los contactos con los cancilleres de Brasil, Luis Alberto Figueiredo; Colombia, María Ángela Holguín, y Ecuador, Ricardo Patiño, y aseguró que hay interés en buscar soluciones a la crisis en Venezuela", señaló un comunicado de la coalición.

El recién nombrado coordinador internacional afirmó que, como parte de sus nuevos objetivos, será "fundamental buscar un diálogo vinculado a obtener poderes públicos equilibrados" en el país.

"Queremos la ayuda de nuestros amigos de afuera. Las condiciones se irán midiendo paso a paso. En el exterior hay una mayor y mejor comprensión de nuestra realidad", dijo Aveledo, que se reincorporó este miércoles a la plataforma tras su breve salida luego de abandonar la Secretaría Ejecutiva.

Samper: "Venezuela necesita de un gran pacto social para ajustar su economía y superar la conflictividad política"

El Gobierno venezolano y la MUD iniciaron una serie de reuniones el pasado 10 de abril, cuando se cumplían dos meses de protestas callejeras que dejaron más de 40 muertos.

El proceso de contactos se suspendió el 13 de mayo, después de que la plataforma opositora lo diese por "congelado" y dijese que para retomarlo esperaba "gestos" del Gobierno.

El diálogo político tuvo como "testigos de buena fe" al Vaticano y a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que designó para ese fin a una comisión integrada por los cancilleres Figueiredo, Holguín y Patiño.

El secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, afirmó el pasado lunes en Brasilia que Venezuela necesita de un "gran pacto social" para "ajustar" su economía y superar la conflictividad política que aún persiste en ese país.

Para Aveledo, "el nuevo llamado al diálogo del presidente de Unasur, Ernesto Samper, evidencia que hay preocupación" con respecto a la situación del país suramericano.

Aveledo, que ocupó el cargo más importante de la MUD durante cinco años, abandonó a la alianza, que agrupa a la mayoría de los partidos opuestos al chavismo en Venezuela, tras roces internos y señalamientos contra su desempeño.

EFE

(Confidencial. Nicaragua)-. “El misterio que rodea la operación del concesionario chino del canal interoceánico se ha mantenido oculto con la complicidad del círculo íntimo del comandante Daniel Ortega. Fuera de esa argolla familiar, nadie, ni siquiera los miembros de su gabinete económico o los grandes empresarios aliados del gobierno, conocen en verdad quién es este personaje, qué poderes económicos y políticos están detrás de él, cuál es la envergadura y viabilidad de sus supuestos planes inversionistas, y menos aún advertir las consecuencias que esta aventura podría tener para nuestro país.

Por Carlos F. Chamorro

Esta investigación periodística realizada por Confidencial con fuentes y documentos radicados en Managua, Bejing, Centroamérica y Washington, arroja un poco de luz en la oscuridad. Ahora sabemos, por ejemplo, que Wang Jing ha tejido una red de 21 empresas, la mayor parte de ellas de maletín, de las cuales 15 están directamente relacionadas con Hong Kong Nicaraguan Development. Se trata de una intrincada telaraña de obligaciones corporativas en la que la responsabilidad del concesionario con el estado nicaragüense –en una ley de por sí onerosa– se diluye aún más, otorgando carta blanca a la impunidad.

Está comprobado, además, que la flamante HKND con sede en Hong Kong, en realidad vendió sus acciones a otra empresa de Wang registrada en Beijing, donde reside el eje de poder del concesionario, y que el mayor activo de este millonario que se presenta como empresario privado sin nexos con el gobierno chino, es la empresa de telecomunicaciones Xinwei, cuyo principal cliente no son los centenares de millones de chinos que demandan servicios de telefonía celular, sino el poderoso Ejército Popular de Liberación de China y sus proyectos especiales de comunicación.

Quedan aún pendientes muchas preguntas acuciantes sobre la inexistencia de algún estudio o evidencia que sustente la viabilidad económica, comercial y ambiental del canal y sus sub proyectos, y por lo tanto, la cada vez más plausible hipótesis de que esta iniciativa responde al interés geopolítico de la República Popular China. Más temprano que tarde se despejarán las dudas, y los países que hoy se mantienen escépticos o expectantes, tendrán algo que decir sobre un enclave que, inexorablemente, tendría un impacto en el equilibrio de fuerzas en la región.

En lo que respecta a Nicaragua, si estamos ante un negociado privado a costa del estado, si se trata de una apuesta política con el gobierno chino, o una combinación de ambos, el comandante Ortega está en la obligación de dar la cara y explicarle al país que es lo que hay detrás de esta conspiración.

Hace unas semanas, cuando otra investigación de Confidencial y Esta Semana demostró el daño irreversible que causaría en el lago Cocibolca la construcción de una zanja de 500 metros de ancho y 30 de profundidad a lo largo de 105 kilómetros (“El gran lago amenazado”), Ortega justificó la construcción del canal alegando que el lago ya está contaminado. Fue una salida inverosímil, ciertamente, pero mal que bien el absurdo presidencial hizo ver la necesidad de un verdadero debate nacional sobre el canal.

Ahora el mandatario debe brindarnos una explicación sobre la interminable cadena de negocios de Wang Jing a costa del Estado de Nicaragua, y las amenazas de expropiación contra decenas de miles de personas, entre ellos muchos sandinistas, que han marchado en distintos puntos del país en defensa de sus propiedades.

Más de treinta recursos por inconstitucionalidad contra la ley canalera que fueron rechazados de un tajo por una Corte Suprema de Justicia sumisa al poder, y once marchas de protestas contra la ley expropiatoria en distintos puntos del país, representan la más clara advertencia de que el proyecto del canal nunca fue consultado, ni cuenta con la anuencia del pueblo nicaragüense.

A contrapelo de este sentimiento nacional, Ortega insiste en que en diciembre iniciará la construcción del canal interoceánico contra viento y marea. Mientras tanto, la gente sigue demandando:

*¿Cuándo presentará el censo de las siete mil familias que serán expropiadas por la empresa china?

*¿Dónde están los 50 mil millones de dólares del consorcio internacional inversionista que prometió Wang Jing?

*¿Someterá el gobierno los estudios económicos, técnicos y ambientales del canal, si es que de verdad existen, al escrutinio de expertos independientes?

Nada puede esperarse de la Comisión del Canal integrada exclusivamente por funcionarios del gobierno, pero los representantes del sector privado que participan en la Comisión Asesora no deberían ignorar este reclamo nacional. Su complacencia ante el secretismo oficial sugiere la existencia de una mentalidad especulativa contraria al interés nacional. El silencio, inevitablemente, conduce a la complicidad. Ellos también tienen la obligación patriótica de hurgar en la oscuridad”.