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(Infolatam, por Rogelio Núñez)-. La situación política por la que atraviesa Venezuela se asemeja, en ocasiones, a un “golpe de Estado” a cámara lenta. Sobre todo cuando se comprueba cómo se le van cerrando los espacios de actuación a la oposición tanto en el terreno institucional como en el electoral.
Acostumbrados a los golpes de Estado rápidos e incruentos, tanto exitosos (el de Alberto Fujimori en Perú en 1992) o fallidos (el de Jorge Serrano Elías en Guatemala en 1993), lo que está ocurriendo en Venezuela tiene características diferentes.
Es lo que Olivier Dabène, profesor del Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po), califica como “golpe al ralenti: “Un golpe de Estado ha tenido lugar en Venezuela, aunque se trata más bien de un « auto-golpe de Estado » al ralenti”.
“La maniobra ha conllevado un endurecimiento significativo del régimen. Nicolás Maduro, utiliza todos los recursos legales para amordazar a la Asamblea, pero sin disolverla. El ataque a la soberanía popular es similar al ocurrido en un golpe: Violaciones de los derechos civiles y el aumento de las fuerzas armadas”, asegura Dabene.
La Venezuela de Maduro sigue los pasos de la Nicaragua de Ortega
En estos momentos, el Gobierno de Nicolás Maduro promueve un proceso de renovación de las organizaciones políticas que para la oposición esconde una maniobra del Poder Electoral para inhabilitar a la mayoría de los partidos que no apoyan al Ejecutivo.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su homológo de Venezuela, Nicolás Maduro, en Managua.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que los fines de semana ubicados entre el 18 de febrero y hasta el 23 de abril se realizará la renovación de los partidos, un proceso en el que los militantes deben demostrar que siguen perteneciendo a estas organizaciones políticas.
Según el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, el proceso es “una carrera de obstáculos” pues los 59 partidos que deben renovarse tienen solo 14 horas para hacerlo, según las condiciones anunciadas por el organismo electoral y el CNE solo dispuso de 390 máquinas que serán distribuidas en todo el país.
Lo que está ocurriendo en Venezuela guarda algunos paralelismos con la Nicaragua de Daniel Ortega en la que se han cerrado los espacios a la oposición que ha quedado fuera de la contienda electoral.
En junio de 2016 (cinco meses antes de las elecciones) la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua quitó la representación del principal partido opositor, el PLI, al excanciller Eduardo Montealegre, hasta entonces máximo líder opositor, para otorgársela a Pedro Reyes, un hombre sin casi actividad política.
El PLI de Montealegre aglutinaba a grupos como el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Partido Acción Ciudadana (PAC), Partido Nueva Alianza Cristiana (Panac), y a disidentes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que se autodenominaban Coalición Nacional por la Democracia.
Seguidamente el Consejo Supremo Electoral (CSE) desconoció a Montealegre y sus seguidores, y solicitó al Parlamento que Reyes asumiera como líder de la Bancada Partido Liberal Independiente (BAPLI), lo que fue aceptado por el Legislativo.
El mismo Parlamento, controlado por los sandinistas, destituyó a 28 diputados (12 propietarios y 16 suplentes) por negarse a obedecer a Reyes. La Coalición Nacional por la Democracia intentó ir a las elecciones bajo la personalidad de partidos que estaban pendientes de recibirla, pero los poderes Judicial y Electoral las denegó. Como resultado la Coalición se disgregó.
En este sentido, el régimen ha insinuado que la MUD podría quedarse fuera del juego electoral. El diputado chavista Diosdado Cabello lo dijo así: “Podemos ir a elecciones mañana mismo, pero igual ustedes no pueden ir porque ni siquiera tienen un partido. La MUD, a pesar de estar registrada, le hizo un fraude al país y eso los deja automáticamente afuera”.
Golpe al ralenti
Esta medida, que guarda semejanzas con lo ocurrido en Nicaragua, se enmarca dentro de una estrategia más amplia del régimen chavista que consiste en cerrar los espacios legislativos y electorales a la oposición para bloquearla y conducirla hacia su inoperatividad al margen o en un lugar apartado de la institucionalidad.
El gobierno de Maduro aplica diferentes estrategias: empezando por la represiva. En ese camino figuras importantes de la oposición han sido encarceladas (Leopoldo López el más significativo).
El cierre de los ámbitos institucionales para la oposición es otra de las estrategias del madurismo. En ese sentido sobresale el bloqueo que afecta a la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
Nicolás Maduro ha logrado bloquear las iniciativas opositoras ya que no solo controlan 4 de los 5 poderes del régimen sino que han encontrado una herramienta para bloquear la mayoría opositora de la Asamblea.
Se trata de la Sala Constitucional de Tribunal de Justicia que se ha convertido en un “suprapoder” con capacidad de veto para todo aquello que emprende el legislativo el cual ha quedado como un cascarón vacío carente de contenido.
En enero de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por el chavismo, declaró en desacato a la nueva Asamblea Nacional. La calificación vino como respuesta a un recurso introducido por la bancada oficialista, en el que se pedía al tribunal pronunciarse sobre la, entonces, presunta inconstitucionalidad de la juramentación, ese mismo día, de tres diputados opositores por el estado de Amazonas cuyas proclamaciones el máximo tribunal había ordenado suspender.
En febrero, el TSJ validó el decreto de emergencia económica que el presidente Nicolás Maduro dictó a principios de enero ya que que consideró que el procedimiento que la Asamblea Nacional siguió para rechazarlo no fue el correcto y por ello dictaminó que la resolución, que permite al Gobierno tomar medidas especiales durante 60 días, “se mantiene irrevocablemente incólume”.
En marzo, los cinco magistrados de la Sala Constitucional emitieron una decisión en la que se determinaban que la Asamblea Nacional “no está legitimada para revisar, anular, revocar o de cualquier forma dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia”.
“La sentencia del TSJ [que elimina o limita el control parlamentario a los poderes públicos] es equivalente a un golpe de Estado. Si el gobierno se sigue oponiendo, no nos temblará el pulso para convocar una constituyente”, anunció Jesús Torrealba, secretario de la MUD.
Luego, el Tribunal Supremo de Justicia aprobó que el Banco Central de Venezuela utilice las reservas internacionales sin consultar a la Asamblea Nacional.
Y en julio, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaraba la nulidad de la decisión de la Asamblea Nacional que dejó sin efecto las designaciones de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de diciembre pasado, mediante la sentencia N° 614, del 19 de julio.
El 17 de octubre la Sala Electoral del TSJ estableció como obligatorio obtener un mínimo del 20% en cada estado para activar el referéndum revocatorio, por lo que si se suspendía el acto en alguno, se frenaba la consulta a escala nacional lo cual es lo que acabó ocurriendo.
Esto acabó hundiendo el referéndum.
Por último en este mes de enero de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aseguró mediante un comunicado que la AN no tiene facultad para destituir al jefe de Estado.
La Asamblea Nacional de Venezuela había pedido elecciones tras declarar el abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro, pese a que el Supremo sostiene que la Cámara no tiene facultad para destituir al jefe de Estado.
Como señala en Prodavinci, José I. Hernández, “¿y si la AN cumple con la nueva exigencia de la Sala, y la Junta Directiva del 2016 convoca a una sesión para aprobar formalmente la desincorporación de los diputados? La AN puede hacer eso fácilmente, sin duda. Pero sería iluso pensar que esto bastará para rehabilitar jurídicamente a la Asamblea. Para decirlo en lenguaje claro: los antecedentes de la Sala Constitucional demuestran que, más allá de lo que haga la Asamblea Nacional, sus funciones serán desconocidas y sus actos anulados y suspendidos. Seguir insistiendo en ejercicio jurídico de esas funciones solo producirá el mismo resultado. Una y otra vez”.
Una compleja vía electoral
La vía institucional está bloqueada y la electoral lo empieza a estar: primero fue la suspensión del referendum revocatorio en el segundo semestre de 2016. A continuación, las elecciones locales debían haber tenido lugar en 2016 y fueron aplazadas.
Ahora, se trata de las dificultades que están colocando a la oposición para acudir a las presidenciales de 2018.
El Consejo Nacional Electoral anunció las normas que regularán el proceso de registro al que deberán someterse unas 59 organizaciones políticas, salvo el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El mecanismo es tan complejo que el rector Luis Emilio Rondón –el único directivo de este ente afín a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) – denunció a través de su cuenta en Twitter que las condiciones impuestas son “de casi imposible cumplimiento”.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictaminó el 5 de enero de 2016 que las organizaciones políticas que obtuvieron menos del 1% de los votos o que no presentaron su tarjeta en los dos últimos comicios nacionales (presidenciales 2013 y parlamentarias 2015), están obligadas a registrarse otra vez ante el CNE.
El único que cumple ambos requisitos es el oficialista PSUV, pues los partidos de la oposición no participaron con sus emblemas propios sino en alianza formando la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
En definitiva, como apunta Eduardo Ríos en el informe anual LAPO 2016. “América Latina. El Año Político”, “2017 se presenta como un año no solo repleto de severas restricciones económicas sobre los votantes potenciales de un gobierno que se enfrentará a las pruebas más difíciles de la revolución bolivariana”.Y a la oposición, apartada en un rincón, parece quedarle cada vez menor margen de acción dentro de la legalidad. |
