Durante décadas la dictadura cubana redobló esfuerzos para presentar al país como una potencia médica a nivel mundial.

Sin embargo, detrás de esa presunta gesta se esconde un oscuro sistema de tráfico y explotación de personas impulsado a partir de las misiones médicas que el régimen envía a decenas de países en todo el mundo. La ONG Human Rights Foundation (HRF) realizó un informe en el que revela detalles de cómo se desarrolla este complejo esquema que ha proporcionado miles de millones de dólares a la dictadura.

Yolmer José Escalona Torrealba es un joven condenado a 30 años de prisión por el caso de los drones. Según la declaración que dio en el Tribunal la teniente (GNB) Gabriela Estela Alas Caballero, quien pidió su detención, se basó en la mención que “una persona” hizo de él, su ubicación según el rastreo telefónico y de internet que la funcionaria de inteligencia hizo sobre él.

La mujer, cuyo alias es “La Cochina”, explica cómo se procede sin órdenes judiciales a rastrear teléfonos y alega que “recibe órdenes”, a la vez que “imagina” que las personas tienen derecho a la confidencialidad.

Con el residuo de un explosivo y 17 mil 800 dólares (USD 17.800), que iba a ser dividido entre 4 personas, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se creó la historia de un atentado contra Nicolás Maduro, por el que están presos un mesonero y una azafata del Palacio de Miraflores, así como un capitán que prestaba servicio en un batallón del Ejército en la frontera.

El Tribunal los juzgó por delitos de Terrorismo, Tráfico Ilícito de Explosivos y Asociación. Lo grave es que el “residuo de explosivo” que lo usan en las minas de oro, fue catalogado como “explosivo” y el fiscal argumentó que querían crear conmoción en Caracas asesinando a Nicolás Maduro.