Once días después de haberlo torturado hasta la muerte, el régimen de Nicolás Maduro enterró el cuerpo del capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo sin haberlo entregado a sus familiares, en lo que llamó una “inhumación controlada”.

Tras horas de forcejeo y súplicas de sus seres queridos, una furgoneta flanqueada por miembros de la Policía Nacional Bolivariana partió de la principal morgue de Caracas hacia el cementerio del Este de la ciudad, donde finalmente, a las tres de la tarde, se ubicó una pequeña lápida que da cuenta del lugar donde reposa el funcionario militar, quien había sido acusado de conspirar contra el régimen.

Los presos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se amotinaron para exigir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta mientras estaba detenido en esas mismas instalaciones.

Según informó vía Twitter la activista venezolana Tamara Sujú, los presos se amotinaron el martes por la noche para conseguir que expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visiten el lugar en busca de una mejora de sus actuales condiciones. "Exigen que se excarcele a quienes tienen boleta, que se traslade a quienes tienen orden" y "que se encarcele a los verdaderos torturadores" del capitán Acosta, que Sujú ha identificado como Blanco Hurtado y Abel Angola.