El diputado opositor venezolano Juan Requesens cumplió este viernes dos años en cautiverio, convertido en el rostro de quienes son considerados como presos políticos en el país caribeño y sometido, según denuncian sus abogados y copartidarios, a torturas y violaciones de sus derechos humanos.

“Hace 731 días que el diputado Requesens fue secuestrado en su residencia en Caracas. A partir de ese día, todos sus derechos como ciudadano, como parlamentario y como ser humano han sido violados”, escribió el equipo del parlamentario en sus redes sociales.

Unos 160 efectivos de la Fuerza Armada de Venezuela han dado positivo a los test de COVID-19, informó este sábado el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. “Tenemos un grupo importante de oficiales y tropas contagiados con COVID-19, más de 160 efectivos que han estado acompañando a las brigadas casa por casa”, dijo Padrino López durante un acto militar en Caracas.

Sostuvo además, que varios de los militares se contagiaron en puestos fronterizos con Colombia y Brasil, donde reciben a migrantes venezolanos que regresan al país tras quedar desempleados en medio de la pandemia. ”Hemos estado muy cerca del virus, pero es nuestro deber contener, contribuir con todas las tareas (…) para prevenir y cortar las cadenas de contagio”, expresó Padrino López, ratificado recientemente por el presidente Nicolás Maduro en el cargo que ocupa desde 2014.

Según detalló, Fabiola Zerpa, corresponsal de Bloomberg en Venezuela, Fenegas, la asociación de empresarios de estaciones de servicio, ha solicitado una reunión con las autoridades de PDVSA y ministerio de Petróleo para ser informados al respecto.

“Los arrendatarios recibieron comunicaciones del director de Mercado Interno de PDVSA dándoles 72 horas (desde el viernes) para desocupar las estaciones de servicio, basándose en el decreto de emergencia económica firmado en enero de este año. Venezuela tiene alrededor de 1.650 estaciones de servicio, 180 de ellas propiedad de PDVSA”, detalló.