La marcha fue en repudio de la detención del presidente de la Asamblea de Santa Cruz Alcides Villagómez. El funcionario se niega a habilitar a unos parlamentarios de una etnia inexistente, decisión impuesta por el oficialismo

A la manifestación, convocada por el Comité Cívico de Santa Cruz, asistieron el gobernador del departamento del mismo nombre, Rubén Costas, y el alcalde de la ciudad, Percy Fernández, con otros líderes regionales que marcharon hasta la plaza con banderas cruceñas, ataúdes y letreros que lamentaban la "muerte" de la Justicia.

El presidente del Comité Cívico, Erlan Vaca Díez, convocó al pueblo "a iniciar una cruzada de unidad en contra del abuso, la prepotencia, la ilegalidad y el autoritarismo"."No estamos acostumbrados a vivir con miedo, no comulgamos con el abuso", dijo Vaca Díez, y pidió a la comunidad internacional que se manifieste y "no peque de omisión" sobre la detención del presidente de la Asamblea Legislativa regional.

La jueza Valeria Salas ordenó la detención de Villagómez, del partido del gobernador Costas, por negarse a habilitar como asambleístas regionales a Rosmery Gutiérrez y Roberto Cortez, que supuestamente representan a la etnia yuracaré-moxeña.

La oposición afirma que no existe esa etnia, pues son dos pueblos indígenas distintos, y dice que es una estratagema de Morales para controlar la asamblea regional y promover la destitución de Costas, como ya ocurrió con el gobernador de la sureña Tarija, Mario Cossío, asilado en Paraguay, y cinco alcaldes opositores.

Portavoces de los yuracaré han denunciado a medios locales que Gutiérrez no fue elegida por todas las comunidades, mientras que los moxeños dicen que se han unido ambas etnias sin reconocer su derecho a tener representante propio en la asamblea.

El partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), negó que quiera controlar la asamblea de Santa Cruz y justificó la detención de Villagómez porque incumplió una resolución judicial que reconoce a Gutiérrez y Cortez.

El abogado de Villagómez, Richard Cardozo, anunció que apelará la decisión de la juez porque la audiencia de medidas cautelares se llevó a cabo de forma ilegal en la clínica donde el asambleísta se recupera de un problema de salud.

La región de Santa Cruz, fronteriza con Brasil y Paraguay, es la más rica de Bolivia y bastión de la oposición a Morales.