La Corte Suprema de Brasil condenó al exministro de la Presidencia José Dirceu a diez años y diez meses de cárcel, por su responsabilidad en las corruptelas que en 2005 pusieron en jaque al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El Tribunal Supremo de Brasil sentenció además al ex presidente  del PT  ya a su ex tesorero con penas que sumadas llegan a 26 años y ocho meses de cárcel.

Aunque no estaba previsto que se analizará hoy su caso, el juez instructor Joaquim Barbosa comenzó la sesión por la condena contra el exministro José Dirceu, considerado en la época como la “mano derecha” del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La pena establecida para el influyente exministro fue de diez años y diez meses de cárcel, mientras que la corte fijó en seis años y once meses la condena del expresidente del PT José Genoino.

Asimismo, el tribunal sentenció a ocho años y once meses de cárcel al antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares, otro de los miembros de la cúpula del PT que tuvieron una participación activa en la trama de corrupción.

Dirceu y Soares, por haber sido condenados a más de ocho años de prisión, cumplirán la pena en régimen de reclusión, mientras que Genoino, podrá hacerlo en régimen semiabierto, que le obligará a dormir en la prisión durante el tiempo establecido por el tribunal.

Según estableció la corte durante la fase procesal, que comenzó el 2 de agosto pasado, cuando Lula ganó las elecciones de 2002, que lo llevaron por primera vez al poder, el PT estructuró una red de corrupción que se valió de recursos públicos, sobre todo de la Cámara de Diputados y del estatal Banco do Brasil.

El dinero desviado de esas instituciones a través de una compleja trama financiera fue utilizado para financiar campañas políticas en forma ilegal y también para “comprar” el apoyo parlamentario de cuatro partidos que garantizaron al Gobierno de Lula la mayoría en el Congreso que no había obtenido en las urnas.

Dirceu y Genoino, ambos de 66 años, son, junto con Lula, dos de los hombres más respetados en la izquierda brasileña y ambos tuvieron una activa participación en las luchas contra la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.

Por ese activismo contra el régimen militar, Dirceu fue detenido en 1968 y un año después su nombre fue incluido en una lista de catorce presos políticos que la dictadura se vio obligada a liberar a cambio del embajador de Estados Unidos, Charles Elbrick, quien había sido secuestrado por un grupo guerrillero.

Genoino fue miembro de un movimiento conocido como “Guerrilla do Araguaia”, que operó en la región central del país en tiempos de la dictadura.

Fue capturado en 1972, pasó en prisión siete años y en 1980 fue uno de los líderes políticos que, congregados por Lula, fundaron el PT, formación por la cual ha sido diputado y candidato a diversos cargos, entre ellos la Gobernación del estado de Sao Paulo.

Hasta hace un mes, Genoino se desempeñaba como asesor especial del Ministerio de Defensa, cargo al que renunció cuando el Tribunal Supremo le declaró culpable de los delitos de corrupción activa y asociación ilícita, los mismos por los que han sido condenados José Dirceu y Delubio Soares.

Según analistas políticos, por la llamada “Ley de la ficha limpia”, aprobada en 2010, la condena a los tres exdirigentes del PT les impedirá disputar cargos de elección popular durante los próximos 18 años, es decir hasta 2031.

Eso significa que Dirceu, que de los tres era el de aspiraciones más altas, prácticamente cierra su carrera política con esta condena porque sólo podrá volver a ser candidato a los 84 años de edad.

Estas son las primeras penas de prisión aplicada a políticos en el llamado “juicio del siglo”, que tuvo un total de 37 acusados, de los cuales 25 han sido considerados culpables.

Hasta hoy, la corte ya había sentenciado a 40 años y un mes de cárcel al publicista Marcos Valerio Fernandes, quien puso dos de sus empresas al servicio de la red de corrupción del PT.

Asimismo, fueron condenados Ramón Hollerbach y Cristiano Paz, dos de los socios del publicista, quienes respectivamente recibieron penas de 29 años, siete meses y veinte días y 25 años, once meses y veinte días de cárcel.

En la sesión de hoy, los jueces también establecieron en doce años, siete meses y 20 días de cárcel la pena aplicada a Simone Vasconcelos, una de las antiguas directoras de las empresas de Fernandes.

Los magistrados seguirán el miércoles con la imposición de las sentencias a los demás reos por diversos cargos de corrupción en lo que será la última sesión del presidente de la corte, el magistrado Carlos Ayres Brito, quien se jubila y será reemplazado como titular por el juez Barbosa, quien será el primer presidente negro del Tribunal Supremo brasileño.

El revisor Ricardo Lewandowski protestó airadamente la decisión de Barbosa, pero su queja no fue acogida por el colegiado, que optó por seguir la posición del instructor.

Dirceu fue considerado durante décadas como la “mano derecha” de Lula y fue el coordinador general de la campaña que llevó al poder por primera vez al exsindicalista, en las elecciones de 2002.

Tomado de INFOLATAM

La legalización de la marihuana en dos estados de EE.UU. pone en jaque la lucha contra las drogas en México, obliga a una revisión de la estrategia punitiva y da mayor visibilidad al debate sobre el consumo, según analistas consultados por Efe.

La aprobación en Colorado y Washington de la despenalización de la producción, la venta y el consumo de la marihuana es un “paso más hacia el fin de la guerra” lanzada por el presidente mexicano, Felipe Calderón, en opinión del excanciller Jorge Castañeda.

“Es una verdadera aberración que México esté poniendo muertos (60.000 en el mandato de Calderón), dinero y un costo de imagen internacional muy importante (…) para, en parte, impedir el paso a EE.UU. de una sustancia que ya algunos americanos, no menores, han declarado que quieren que sea legal”, dijo.

Ahora, apuntó, México debe plantear a Estados Unidos que “es absurdo seguir con esta guerra, con esta estrategia fracasada desde hace 40 años, sobre todo a la luz de lo que ya algunos electores han manifestado” .

No obstante, dijo estar seguro de que Enrique Peña Nieto, quien asumirá la Presidencia mexicana el 1 de diciembre, “no caerá en eso”, tras calificar de “muy acertadas” las declaraciones recientes del coordinador del equipo de transición, Luis Videgaray, sobre el tema.

“Estamos atentos a estas modificaciones importantes, que cambian las reglas del juego con EE.UU. y que nos deben llevar a revisar las políticas conjuntas contra el tráfico de drogas”, señaló Videgaray, quien no obstante aclaró que Peña Nieto rechaza la legalización.

“Eso es exactamente lo que debe proceder”, aseguró Castañeda, quien señaló que la posición de algunos mandatarios latinoamericanos a favor de la regulación de las drogas o la búsqueda de alternativas a la actual estrategia “muestra claramente una tendencia” en la región.

En declaraciones a Efe, el periodista Marco Lara destacó que la decisión de Washington y Colorado denota la “certeza” del fracaso de la criminalización del consumo de las drogas, evidente por lo menos desde hace una década.

“Es una buena noticia porque mantiene arriba el debate sobre la debacle y los costos humanitarios de la política antidrogas impuesta por la Casa Blanca”, si bien reconoció que hay “otros componentes más relevantes que la despenalización del consumo”.

Aunque admitió que se trata de “un precedente importante”, el experto en narcotráfico manifestó “serias dudas” sobre un cambio en la actual estrategia mexicana durante la Administración de Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Dudo que tengan la sensibilidad, la autonomía y la visión de Estado como para desmarcarse”, de lo contrario “no tendríamos a (Óscar) Naranjo como asesor en el tema de política antidrogas”, apuntó.

Tomado de INFOLATAM