La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tiene previsto visitar México a comienzos del 2013, dijo una fuente del Gobierno, aprovechando su buena sintonía con el nuevo mandatario Enrique Peña Nieto para relanzar la deteriorada relación entre las dos mayores economías de América Latina.

Y el catalizador sería Petrobras, la petrolera estatal brasileña de capital abierto en cuyo modelo de negocios Peña Nieto quiere inspirarse para modernizar la mexicana Pemex.

Ejecutivos de Pemex volarán a Brasil para conocer Petrobras, dijo a Reuters un funcionario de alto rango, el primer paso de una colaboración discutida en septiembre durante una visita de Peña Nieto a Brasilia antes de asumir el poder.

“Peña Nieto causó muy buena impresión en Brasilia”, dijo la fuente cercana a Rousseff, que habló a condición de no ser identificada. “La presidenta va a México a comienzos del 2013, probablemente en marzo”, añadió.

El viaje de Rousseff puede oxigenar la relación de altibajos entre las potencias latinoamericanas, que se enfrió a comienzos del 2012 cuando Brasil impuso cuotas a las importaciones de autos mexicanos para intentar contener su déficit en el comercio bilateral.

Profundizar la relación con México resulta más atractivo en momentos en que Brasil intenta acelerar un crecimiento económico que rondaría apenas un 1 por ciento en el 2012 y ve deteriorarse su relación comercial con Argentina, el principal mercado para sus manufacturas.

Brasil está bajando el tono de su proteccionismo con México. En privado, funcionarios de la administración Rousseff reconocen estar dispuestos a discutir una ampliación de las cuotas de los autos, como adelantó Reuters en septiembre.

Pero el gesto obedece también a razones prácticas. Los cupos no lograron contener el déficit comercial con México, que batió un récord de 1.785 millones de dólares en los primeros 10 meses del 2012 empujado por la voraz demanda de vehículos caros como el Ford Fusion mexicano de la presidenta Rousseff.

El Gobierno brasileño es presionado por las montadoras de automóviles que en apenas siete meses agotaron sus cuotas para el primer año y continúan importando con una sobrecarga fiscal del 35 por ciento.

El Ministerio de Comercio Exterior en Brasilia dijo que aún no recibió instrucciones precisas sobre la agenda de la visita a México. Pero fuentes del área económica adelantaron que necesitan sólo unos 20 días para preparar un programa de negociaciones.

Aunque el viaje de Rousseff estará cargado de simbolismo, podría no ser suficiente.

La suspensión del acuerdo de libre comercio de autos este año aumentó la desconfianza entre los empresarios mexicanos, que perciben a Brasil como un país demasiado cerrado.

“Yo creo que es sensato tener cierto nivel de escepticismo”, dijo el consultor Luis de la Calle, un ex negociador mexicano del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

“La empatía es importante porque sin ella es muy difícil avanzar. Pero al final del día todo se resume a intereses y lo que le conviene tanto a Brasil como a México es una relación comercial mucho más abierta”, añadió.

Eduardo Ragasol, el presidente de los empresarios mexicanos en Brasil, sostuvo que la relación de Rousseff y Peña Nieto está llena de guiños mutuos, como la aprobación este mes en tiempo récord de la nueva embajadora mexicana en Brasil.

“Ha habido varias señales positivas sobre un relanzamiento de la relación”, dijo. “Pero aún falta tiempo para saber cuánto de esto se va a materializar en inversiones concretas”, agregó.

Las empresas mexicanas han sido hasta ahora más agresivas. Millones de brasileños usan celulares Claro y ven televisión en el servicio de cable NET del magnate Carlos Slim, desayunan con pan Bimbo y beben refrescos embotellados por Femsa, todos negocios mexicanos.

Las inversiones brasileñas han sido más tímidas, pero deben dar un salto a partir del 2015 cuando Braskem empiece a construir un complejo petroquímico de unos 3.200 millones de dólares en el estado de Veracruz.

Y aunque el comercio bilateral debe continuar creciendo por inercia, los analistas dicen que para dar un salto cuantitativo será necesario algún tipo de acuerdo. Ante la complejidad de una negociación, la cooperación entre Petrobras y Pemex aparece como un primer paso accesible.

Un portavoz de Petrobras en Río de Janeiro no quiso comentar sobre los planes de colaboración. Pero Peña Nieto dijo la semana pasada a Reuters que buscaría asociaciones estratégicas con privados al estilo de la petrolera brasileña.

Tomado de INFOLATAM

La sombra del escándalo de corrupción que juzga la Corte Suprema de Brasil volvió a proyectarse sobre el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusado por uno de los reos, en declaraciones a Estado de Sao Paulo,  de haber avalado todo y de obtener “beneficios personales”.  La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, calificó de “lamentable” la acusación lanzada contra su antecesor y mostró “su admiración y respeto” por el anterior jefe del Estado.

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, calificó hoy de “lamentable” la acusación lanzada hoy en la prensa contra su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y mostró “su admiración y respeto” por el anterior jefe del Estado. “Repudio todas las tentativas, y no es la primera, de destituirle del inmenso respeto que el pueblo tiene por él”, indicó en una conferencia de prensa celebrada en el Palacio del Elíseo, donde se reunió con su homólogo galo, François Hollande.

El nombre de Lula, quien no estuvo entre los 36 acusados del llamado “juicio del siglo”, sobre corruptelas ocurridas durante su primer mandato, surgió otra vez en medio del escándalo después de que el periódico Estado de Sao Paulo publicó una comprometedora declaración del publicista Marcos Valerio Fernandes, condenado a 40 años de cárcel.

El diario dice haber obtenido una declaración de Fernandes ante el Ministerio Público, prestada el pasado 24 de septiembre, en la cual dijo que Lula no sólo “sabía de todo”, sino que además lo avaló y obtuvo beneficios económicos “personales” de las corruptelas.

Estado de Sao Paulo dice que en la declaración Fernandes asegura que el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) pagó los cuatro millones de reales (dos millones de dólares) que le cobró su abogado, Marcelo Leonardo, en el “juicio del siglo”.

También asegura haber sido amenazado de muerte por Paulo Okamoto, un hombre de la mayor confianza de Lula y quien actualmente es uno de los directores del instituto fundado por el expresidente en 2011, tras entregar el poder a Dilma Rousseff, su pupila política y también del PT.

Asimismo, Fernandes declara que recibió aval del PT para discutir con la firma lusa Portugal Telecom una aportación de siete millones de dólares para esa formación, por lo que viajó a Lisboa en 2005 para negociar con el entonces presidente de la empresa, Miguel Horta.

El diario dice que Fernandes confesó que se reunía en el Palacio presidencial de Planalto con el exministro de la Presidencia José Dirceu y con el entonces tesorero del PT Delubio Soares, ambos ya condenados, y que al menos en una ocasión estuvo en la sede del Gobierno con Lula, quien “le dio el ok a las negociaciones”.

El asunto tuvo inmediata repercusión en París, donde coinciden Lula y Rousseff, quien inició una visita de Estado a Francia.

“Repudio todas las tentativas, y no es la primera, de destituirle del inmenso respeto que el pueblo tiene por él (Lula da Silva)”, indicó Rousseff en una conferencia de prensa celebrada en el Palacio del Elíseo, donde se reunió con su homólogo galo, François Hollande.

“Veo lamentable la tentativa de perjudicar su imagen”, añadió Rousseff, de quien alabó haber sido el presidente que “desarrolló Brasil” y que estableció relaciones de igualdad con los países en desarrollo.

El presidente del PT, Rui Falcao, también salió al paso a las nuevas acusaciones, las rechazó con “vehemencia” y afirmó que no son más que “una sucesión de mentiras”. Agregó que se trata de “un nuevo intento por incriminar a Lula y criminalizar al PT” y sostuvo que nace de “alguien condenado y que intenta reducir sus penas con calumnias”.

La oposición, sin embargo, demandó al Ministerio Público que inicie una “inmediata investigación” sobre la responsabilidad de Lula, pues cuenta “con todos los elementos necesarios”, según dijo el presidente del Partido Popular Socialista (PPS), Roberto Freire.

También se manifestó sobre el asunto el presidente del Tribunal Supremo, Joaquim Barbosa, tras un acto público en Brasilia. Preguntado por los periodistas sobre si cabe una investigación, el magistrado respondió lacónicamente: “creo que sí”.

Tomado de INFOLATAM

La presidenta argentina Cristina Fernández inició hoy su sexto año de gestión con un revés judicial para su Gobierno, al que la Corte Suprema le negó un recurso en medio de la puja con el grupo Clarín por la ley de medios audiovisuales.

Tras lanzar este domingo duras críticas al Poder Judicial en un acto multitudinario en la Plaza de Mayo para celebrar el día de los derechos humanos y el primer año de su segundo mandato presidencial, Fernández, de 59 años, solo tuvo hoy como actividad pública la inauguración de una muestra de belenes.

Allí no hizo mención alguna a la decisión adoptada hoy por la Corte Suprema de declarar “inadmisible” el recurso de “per saltum” solicitado por el Ejecutivo en contra de una prórroga concedida al grupo Clarín a la vigencia de una medida cautelar que mantiene frenada la aplicación de la ley de medios audiovisuales.

Tampoco se ha pronunciado sobre la decisión del máximo tribunal ningún otro integrante del Ejecutivo de Fernández, quien este domingo lanzó duras críticas al Poder Judicial y se defendió de lo que calificó como “feroces ataques mediáticos” contra su Gobierno.

La Jefatura de Gabinete de Argentina había presentado el viernes ante la Corte un pedido de “per saltum”, un recurso judicial que permite al máximo tribunal atraer una causa de un tribunal inferior antes de que se agoten todas las instancias correspondientes en casos de “temas de gravedad institucional”.

La presentación fue realizada un día después de que un tribunal de segunda instancia, la Sala 1 de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, prorrogara la medida cautelar que mantiene frenada la aplicación de la ley de medios audiovisuales.

El tribunal de alzada dispuso que la medida cautelar se mantenga hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa iniciada por Clarín, el mayor grupo de medios del país, por la supuesta inconstitucionalidad de la norma aprobada en 2009 por impulso del oficialismo.

La Cámara había prorrogado la medida cautelar en la víspera del viernes, cuando vencía esa medida por la que hasta ahora está frenada la aplicación de un artículo de la ley que obliga a los grupos de medios a desinvertir en caso de poseer licencias de radio y televisión superiores al límite permitido por la norma.

Este domingo, al hablar durante un festival popular, la presidenta Fernández lanzó duras críticas al Poder Judicial, al que exigió un comportamiento “decoroso” e independencia de las corporaciones económicas.

“Ahora alguien dice por ahí que con cuatro fallos judiciales se cae el Gobierno. Quiero darles certeza de que somos como la cigarra, que la matan una y mil veces y nos levantamos de las cenizas una y mil veces más, apoyados en nuestras convicciones y realizaciones”, aseveró ayer la mandataria.

Este lunes varios referentes de la oposición cuestionaron a Fernández por su críticas al Poder Judicial.

En ese sentido, el senador Ernesto Sanz, de la Unión Cívica Radical (UCR), la segunda fuerza parlamentaria del país, consideró que las críticas lanzadas por Fernández a la Justicia son una estrategia para “tapar la mala praxis y la muy mala gestión en todas las demás áreas del Gobierno”.

Fernández, quien llegó a la Presidencia el 10 de diciembre de 2007 y en octubre de 2011 logró la reelección con el 54 % de los votos para otro período de cuatro años, tiene, además de la puja por la ley de medios, otros frentes abiertos, en particular con los sindicatos peronistas opositores a su Gobierno.

También, al calor de la caída de su imagen positiva en las encuestas, la mandataria ha sido blanco en los últimos meses de protestas sociales en las calles, la mayor de ellas el pasado 8 de noviembre.

El próximo año el Gobierno de Fernández se enfrentará al desafío de elecciones parlamentarias, consideradas por los analistas como clave para que el oficialismo decida o no impulsar una reforma constitucional que habilite a la jefa de Estado a optar por un tercer mandato presidencial en los comicios de 2015.

Tomado de INFOLATAM