Teherán rechazó las acusaciones del fiscal argentino Alberto Nisman sobre la supuesta infiltración de Irán en varios países de Suramérica para organizar redes de inteligencia con fines terroristas, al considerarlo de “carácter sionista”, informó la agencia oficial, IRNA.

“Debido al historial y carácter sionista de ese fiscal, nosotros no damos ninguna importancia a sus afirmaciones”, dijo a la agencia la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, sin más detalles.

Junto con Estados Unidos, el principal enemigo de la República Islámica de Irán es el Estado de Israel, al que denomina “entidad sionista” y cuya existencia no reconoce, por lo que propugna su desaparición.

El pasado 29 de mayo, Nisman, fiscal en la investigación del atentado de 1994 contra la sede en Buenos Aires de la mutualista judía AMIA, donde murieron 85 personas, acusó a Irán de infiltrarse en “varios países de Sudamérica e instalar allí estaciones de inteligencia destinadas a cometer, fomentar y patrocinar actos terroristas”.

Según informó la Unidad Fiscal de Investigación del caso AMIA, según Nisman, “existen fuertes y concordantes indicios de que dicha infiltración e instalación de estaciones de inteligencia se ha llevado a cabo en países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam”.

Nisman pidió a Interpol que extreme las medidas para detener a todos los acusados por la causa AMIA sobre los que pesen orden internacional de captura.

Los acusados son, además de un ciudadano libanés, ocho altos cargos iraníes, cinco de ellos con “alerta roja” Interpol: El ministro de Defensa, Ahmad Vahidi; el ex ministro de Información Alí Fallahijan; el ex asesor gubernamental Mohsen Rezai; el ex agregado de la embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani y el ex funcionario diplomático Ahmad Reza Ashgari.

Además, sin “alerta roja” también están perseguidos desde 2006 el ex presidente iraní Alí Akbar Rafsanjani, el ex ministro de Exteriores Alí Akbar Velayati y el ex viceministro de Exteriores para Asuntos Africanos, Hadi Soleimanpur.

En enero pasado, Argentina e Irán firmaron un acuerdo, rechazado por la comunidad judía local y la oposición argentina, que prevé la creación de una comisión de juristas que revise las actuaciones judiciales en torno al atentado.

El memorando de entendimiento, ratificado por el Parlamento de Argentina y el Gobierno de Irán, también prevé la realización de interrogatorios en Teherán a los acusados por la voladura de la AMIA sobre los que pesan órdenes de captura con “alerta roja” por parte de Interpol.

El de la AMIA fue el segundo de los atentados terroristas contra intereses judíos en Argentina, ya que en 1992 explotó una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires y mató a 29 personas.

La comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chií libanés Hizbulá la planificación y ejecución de ambos atentados, aunque Teherán ha negado tajantemente su participación en esos hechos.

Tomado de INFOLARAM/EFE

El fiscal Marcelo Agüero Vera pidió hoy la pena de ocho años de cárcel y su desafuero para el ex presidente Carlos Menem acusado como principal responsable del tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador, según informaron fuentes judiciales a Infobae.

El pedido se realizó luego de que el Tribunal Oral Penal Económico 3 rechazara una nulidad presentada por el abogado Maximiliano Rusconi, defensor de Menem.

Las distintas reacciones del chavismo por la reunión entre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles, encontraron respuesta en legisladores y activistas.

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela denostó la reunión entre el opositor y el presidente colombiano Juan Manuel Santos: “Tanto que nuestro Comandante Eterno le dijo a Santos que evitara descarrilar el tren de las buenas relaciones, ahora Santos le pone una bomba”.

Al respecto, el legislador colombiano Germán Varón Cotrino, del partido Cambio Radical, aseguró que recibir a Capriles y al diputado venezolano Julio Borges no sería un problema porque respetan “la libre autodeterminación de los pueblos”.

Por otro lado, el senador Juan Lozano advirtió: “El gobierno de Colombia es soberano y me parece bien que el presidente Santos haya recibido a Capriles, porque el jefe de Estado no puede ser rehén ni de Nicolás Maduro ni de Cabello. Esa declaración desconoce la soberanía”, según informó El Tiempo.

El ex presidente Álvaro Uribe indicó que “la amenaza de Diosdado Cabello, por la reunión entre el presidente Santos y el Gobernador Capriles, es reacción normal de dictadura”.

Jorge Eliécer Guevara, senador colombiano de la oposición, indicó que “Colombia tiene unas condiciones de poder actuar de manera soberana, y el Gobierno tiene la potestad de recibir a los funcionarios que quiera. Fue una declaración salida de tono”.

El canciller de Venezuela, Elías Jaua, afirmó: “Es lamentable que un gobierno y un pueblo como el de Venezuela, que están haciendo esfuerzos denodados para que se consiga la paz en Colombia, reciba como respuesta de las instituciones del Estado colombiano el aliento y el estímulo a quienes desean desestabilizar la paz en Venezuela”.

Hernán Andrade, del Partido Conservador de Colombia, dijo al respecto de las declaraciones de funcionarios chavistas: “El presidente Santos tiene autonomía y soberanía para determinar sus actos. Esto demuestra la manera antidemocrática como proceden en Venezuela”.

Simón Gaviria, presidente del colombiano Partido Liberal, agregó: “Tenemos que explicarle al señor Diosdado y a Elías Jaua que ese tipo de diálogo político no ocurre en Colombia, porque aquí somos un país diferente. Tanto a la oposición como al oficialismo venezolano le otorgamos el respeto que se merecen”.