Avaladas por la legislación nacional desde el 2002, estas organizaciones comunales tienen la potestad de impartir justicia, incluso de ejecutar castigos físicos. Una feroz golpiza a prostitutas y empleados de un prostíbulo de Cajamarca reabrió el debate

En la medianoche del sábado en el prostíbulo Alondra en la ciudad de Cajamarca fue desplegado un operativo cuyo video sorprendió al mundo por su violencia y su salvajismo.

En nombre de "erradicar la prostitución y la delincuencia", un grupo de hombres y mujeres miembros de las Rondas Urbanas de Cajamarca irrumpieron violentamente y castigaron con sus "binzas" -látigos-, a las prostitutas y empleados del establecimiento, al tiempo que obligaron a algunos a realizar flexiones de brazos entre gritos amenazantes.

El abogado de las víctimas del ataque, Elmer Rodas Cuba, declaró a los medios locales que presentará una denuncia contra los ronderos por haber ingresado a un establecimiento que cumplía con las habilitaciones y disposiciones legales y por haberse llevado de la caja del local cerca de dos mil Soles.

El dirigente del recientemente conformado Comité Descentralizado de Rondas Urbanas, y responsable del ataque, Fernando Chuquilín, aseguró que continuarán con sus rondas para limpiar a Cajamarca de los delitos vinculados a la prostitución. "¿A usted le gustaría que sus hijos vean mujeres desnudas cuando salen de sus casas? Eso está muy mal", declaró.

A pesar de que los hechos de violencia cometidos fueron rechazados por el presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC), Ydelso Hernández Llamo, quien desconoció la participación "orgánica e institucional" de las Rondas Urbanas de Cajamarca en la Central, lo cierto es que el reconocimiento legal y jurídico que poseen estas organizaciones las habilitan, en determinadas condiciones, a este tipo de sanciones.

Los derechos de las Rondas Campesinas

Las Rondas Campesinas están reconocidas por la legislación de Perú desde la sanción de la ley Nº 27908, de diciembre de 2002. También poseen el reconocimiento del poder judicial y fueron incluídas en el 2012 en la hoja de ruta de la justicia intercultural. A su vez, se encuentran amparadas en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo "Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes".

De acuerdo con un trabajo de la especialista Raquel Yrigoyen Fajardo, abogada y doctora en derecho de la Universidad de Barcelona, que habló con Infobae, a las Rondas Campesinas se le reconocen los siguientes derechos: 1- El reconocimiento del derecho consuetudinario; 2- la potestad de impartir o administrar justicia; 3- la posibilidad de gobernarse con sus propias instituciones de gobierno, que incluyen la designación, el cambio y la legitimación de las autoridades.

Con esto, explica la experta, se reconoce entre otras cosas el derecho a ejercer la violencia legítima dentro de su jurisdicción o, en sentido más amplio, a "controlar el delito" en sus territorios.

"Entre las respuestas más comunes (que las Rondas aplican ante el delito) están la reparación, el trabajo comunitario, la llamada 'cadena ronderil', multas, medidas para restringir ciertos derechos y, eventualmente, castigos físicos y morales", desarrolla Yrigoyen Fajardo. Agrega, de igual modo, que todas éstas deben ser definidas mediante asambleas de acuerdo a los métodos de su derecho consuetudinario.

Las definiciones, sin embargo, así como el rechazo de la CUNARC, no han alcanzado para que Fernando Chuquilín y sus rondas urbanas cesen en sus métodos violentos de amedrentamiento y justicia por mano propia. ¿Tienen derecho a actuar las rondas allí donde la justicia nacional ha habilitado la existencia de establecimientos como prostíbulos?

¿Cuáles son los límites?

El caso del ataque al prostíbulo de Cajamarca debería ser considerado de forma diferente, explica Raquel Yrigoyen Fajardo. "Por un lado porque estas rondas urbanas no son reconocidas por la CUNARC; por otro lado, porque el grupo no responde a una asamblea que los mandate, elija a las autoridades y los juzgue; y por último, porque es una actuación que está por fuera de su ámbito jurisprudencial", detalló.

El antropólogo Alejandro Diez, del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explica a su vez, que existe un "espacio gris" de acciones que son autorizadas a las rondas por la población, pero que son susceptibles de ser consideradas delitos si se les aplica la norma nacional.

Yrigiyen Fajardo por su lado, asegura que, en teoría, los casos de este tipo deben ser atendidos y juzgados por una jurisprudencia constitucional, que es la que debe juzgar si la jurisdicción indígena ha cometido o no, alguna violación constitucional. Pero aclara: "No parecería ser el caso de lo que ocurrió en Cajamarca".

La denuncia del abogado Rodas contra la ronda del prostíbulo Alondra corre el riesgo de caer en ese "espacio gris", al que se refirió Diez. Queda por ver si la causa terminará en manos de un juez, y si este se atreverá a juzgar a las rondas urbanas, o si por el contrario -aprovechando la facultad que le reconoce el código civil- considere estas acciones ajustadas a "usos y costumbres" y por tanto no las admita como delitos.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó hoy la reforma financiera que tiene como objetivo fundamental promover el crecimiento económico a través del impulso al crédito ágil y barato para empresas y proyectos productivos.

En un acto celebrado en la residencia presidencial, el gobernante mexicano afirmó que uno de los objetivos de la reforma es elevar el otorgamiento de los créditos de la banca de desarrollo en un 15 % para “detonar obras, potencializar el campo, las exportaciones y respaldar proyectos productivos de empresas y emprendedores mexicanos”.

En diciembre pasado el Congreso avaló la reforma financiera que presentó Peña Nieto en mayo de 2013, como parte de las reformas acordadas en el Pacto por México, un acuerdo que estaba respaldado por los principales partidos políticos y que se fracturó tras la aprobación de la reforma energética.

Peña Nieto indicó que esta reforma convierte a la banca de desarrollo en uno de los principales instrumentos para impulsar el crédito, otorga certeza jurídica a las instituciones financieras, eleva la competencia y fortalece al sistema financiero.

Según datos del Gobierno, la banca mexicana es una de las más sólidas a nivel internacional, con altos niveles de capitalización, de reservas y de liquidez, pero presta muy poco debido a la incertidumbre para recuperar los créditos en caso de impago.

El crédito al sector privado en América Latina equivale al 47 % del PIB, mientras que en México es de 27 %, y la diferencia es mucho mayor respecto a las economías desarrolladas.

Por este motivo, la reforma financiera ofrece mayores garantías para reducir los riesgos con nuevos esquemas para los contratos mercantiles y los mecanismos de ejecución de estas garantías.

“Tendrán mayor certeza jurídica y al reducir sus riesgos podrán prestar más a menores tasas de interés generando condiciones para más empresas y para que crezcan y se consoliden las existentes”, afirmó Peña Nieto.

Añadió que esta reforma convertirá el crédito en un motor del crecimiento y democratizará la productividad con el apoyo a los emprendedores.

Aunque la reforma fue resultado de los acuerdos firmados del Pacto por México, en la promulgación no participaron los líderes de los partidos políticos, y solo los representantes del Poder Legislativo.

En el acto, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, recordó que la reforma financiera supuso el cambio de 34 ordenamientos a través de 12 iniciativas legales.

Esta reforma se suma a las otras aprobadas por el Legislativo entre las que destacan la educativa, la de telecomunicaciones y en materia de competencia, la fiscal, la político electoral y la más controvertida, la energética, debido a que abre el sector a la iniciativa privada.

Tomado de INFOLATAM/EFE

Con el objetivo de obtener información sobre cárteles rivales al de Sinaloa, agentes de la DEA y fiscales del Departamento de Justicia estadounidense sostuvieron reuniones secretas con jefes de esa organización delictiva en territorio mexicano.

(Univision. México).- De acuerdo al portal del periódico El Universal, dichas reuniones eran del conocimiento de la administración de Estados Unidos y se llevaron a cabo sin la presencia de alguna autoridad mexicana y sin informar al gobierno de México.

Solo en algunas ocasiones los agentes de la DEA o el gobierno de Estados Unidos proporcionaron datos obtenidos de esas reuniones a México para que realizara detenciones.

Asimismo, El Universal revela que entre los funcionarios estadounidenses que participaron en esos encuentros con narcotraficantes, figuran el fiscal Steve Fraga, así como agentes de la DEA como Manuel Castañón, David Herrod y Carlos Mitchem, quien era asistente del director regional.

David Gaddis, entonces director regional de la DEA con sede en el Distrito Federal, así como otros directivos de la agencia en EEUU, autorizaron que sus agentes se reunieran con miembros de cárteles sin informarlo al gobierno mexicano y permitieron, bajo acuerdos por escrito, que los narcotraficantes siguieran operando.

Documentos judiciales, cuya copia tiene el rotativo mexicano, detallan que a través dichas reuniones secretas se lograron aseguramientos de cargamentos, así como detenciones, lo que detonó la violencia en México durante el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón.

El hallazgo de un cadáver delató las negociaciones

Uno de los casos que comenzó a delatar las negociaciones entre agentes estadounidenses y cárteles mexicanos se registró a finales de noviembre del 2006, cuando el cuerpo de un hombre fue arrojado en Ciudad Juárez, Chihuahua. En la cara del hombre fueron pegadas, con cinta adhesiva, las tarjetas de presentación de los agentes antinarcóticos del ICE Raúl Bencomo y Tod Johnson, así como un dedo índice en la boca del difunto.

Los dos agentes del ICE fueron señalados durante el proceso, en Estados Unidos, de Guillermo Eduardo Ramírez Peyro, ubicado como informante pagado del ICE así como miembro del cártel de Juárez, quien condujo a una residencia en Ciudad Juárez donde se encontraron 12 cadáveres en enero de 2004, la cual fue conocida como “la casa de la muerte”.

En algunas ocasiones los agentes de la DEA o el gobierno de Estados Unidos proporcionaron datos obtenidos de esas reuniones, sin citarlas, al gobierno de México para que los policías o militares mexicanos realizarán detenciones. En el sexenio de Calderón 12 de las importantes detenciones de narcotraficantes fueron producto de la DEA, esto último de acuerdo con reportes de la agencia antidrogas.

El caso que ha establecido a detalle las tácticas de los agentes de la DEA para reunirse en México y negociar con miembros de los cárteles del narcotráfico es el proceso judicial que se le sigue en una corte en Chicago, Illinois a Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa.

El 18 de marzo de 2009 en una habitación del Hotel Sheraton, a las 12:05 de la noche, los agentes de la DEA Manuel Castañón y David Herrod se reunieron por 30 minutos con Vicente Zambada Niebla y el abogado Humberto Loya-Castro, estos últimos ubicados en Estados Unidos y en México como miembros del cártel de Sinaloa.

La reunión que fue planeada con tres meses de anticipación y desautorizada de último minuto por David Gaddis, director regional de la DEA con sede en la embajada de Estados Unidos en México, debido a una filtración a un periódico.

Finalmente no pudo ser evitada por los agentes antidrogas cuando Vicente Zambada arribó con Loya Castro. Cinco horas más tarde Zambada Niebla fue detenido por el Ejército mexicano.

“El Chapo” autorizaba las reuniones

“Esta estrategia, la cual ellos llaman ‘Divide y conquista’ usando una organización del narcotráfico en contra de otras, es exactamente lo que el Departamento de Justicia y sus varias agencias han implementado en México”, indicó la defensa de Zambada-Niebla.

Otro testimonio que detalla dicha forma de operar es el de Jesús Manuel Fierro Méndez, miembro del cártel de Sinaloa y excapitán de la policía de Ciudad Juárez, quien en marzo de 2010 testificó en El Paso que fue portavoz de “El Chapo” Guzmán en numerosas conversaciones telefónicas y en reuniones personales con agentes del ICE.

“Había dos de nosotros que éramos, digamos, como portavoces. Nosotros pasábamos toda la información. Pero esta información la recibíamos, obviamente, de niveles más altos”, declaró Fierro Méndez, quien afirmó que fue “El Chapo” quien le autorizó reunirse con el ICE e informar de las actividades de los cárteles rivales.

Al respecto, la Oficina de Inmigración y Aduanas abrió una investigación sobre manejo inapropiado de fuentes por parte de agentes del ICE que se reunieron y negociaron con miembros del cártel de Sinaloa para obtener información de grupos rivales, sin embargo no se hicieron públicos los nombres de los agentes.

Tomado de INFOLATAM