“La Ley General de Desaparición Forzada es un reto inmediato. El Congreso inició sesiones ayer y tenemos que lograr la reforma constitucional primero y la ley después, antes de que termine esta legislatura, en junio”, dijo el jefe de la delegación oficial de México,Juan Manuel Gómez Robledo, al término del escrutinio.

A lo largo de siete horas de diálogo, las preguntas sobre el número global de desaparecidos en el país no contaron con una respuesta satisfactoria para los miembros del Comité, en particular para los relatoresLuciano Hazan y Rainer Huhle.

Ambos fueron asignados para profundizar en la información presentada por México.

Gómez Robledo, subsecretario general para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría deRelaciones Exteriores de México, reconoció ante la prensa que, “en el estado actual de nuestros registros, no podemos decir que hay un registro exclusivo de desapariciones forzadas”.

Precisó que los registros existentes “mezclan personas no localizadas y eventualmente desaparecidos forzosos”.

“Es algo que hay que corregir sin duda alguna”, declaró en relación a un fenómeno que, según organizaciones de defensores de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), ha afectado a más de 22.000 personas entre diciembre de 2006 y el pasado octubre.

La organización basa esa cifra en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas.

Para responder a esta evaluación, el Gobierno mexicano envió a Ginebra una delegación compuesta por 27 personas de distintas dependencias públicas, incluido el gobernador de Coahuila, Rúben Moreira Váldez.

Aunque los expertos del Comité evitaron en todo momento politizar el diálogo, el drama de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, el pasado 26 de septiembre, estuvo en todo momento presente, a través de representantes de sus familias en la sala.

Hilda Legideño y Bernabé Abraján, padres de dos de esos jóvenes desaparecidos en Iguala, mostraron gran escepticismo al término de la sesión sobre la posibilidad de que el escrutinio al que se sometió México contribuya a resolver el caso de sus hijos.

Más optimistas fueron otras dos madres de desaparecidos en hechos anteriores, que opinaron que la evaluación de su país en el Comité puede constituir una presión adicional para que se aceleren las investigaciones de sus casos.

“Para nosotros (los familiares), el hecho de que haya unos ojos extras mirando lo que pasa en México es un alivio”, dijo a Efe Guadalupe Fernández Martínez, madre del ingeniero José Robledo Fernández, desaparecido en 2009, y representante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.

Esa asociación representa 320 casos documentados de desaparecidos únicamente en ese estado.

En reacción a la promesa de que en los próximos meses habrá una Ley General de Desapariciones Forzadas, Fernández comentó que esa norma “es muy necesaria” para quienes buscan a personas desaparecidas “porque la mayoría de casos están como secuestro o privación ilegal de la libertad, pero no como desaparición forzada”.

Por su parte, María Olaya Dozal, cuya hija Alejandra desapareció en 2009 a la edad de 16 años, confesó que la presencia del Estado de México ante el Comité “me da esperanza de que el Gobierno sienta un mayor compromiso con los desaparecidos y sus familias”.

Los familiares que llegaron a Ginebra para participar en estas deliberaciones esperaban ver si el Gobierno se comprometía a reconocer la competencia del Comité para aceptar denuncias individuales -presentadas directamente por los ciudadanos- por desapariciones forzadas.

Esto no ocurrió, pero el subsecretario Gómez Robledo aseguró que es una posibilidad que se considera y que “no hemos dicho no”.

Según dijo, un paso así no involucra “a dos o tres secretarías de Estado”, sino que “es una decisión en la que intervienen numerosas instituciones”.

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Las negociaciones, que entraron en receso el pasado 17 de diciembre por la temporada de Navidad y Año Nuevo, serán retomadas en el punto de las víctimas, el cuarto de los cinco que componen la agenda, y en forma paralela se empezará a tratar el último, sobre el fin del conflicto.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quiere hacer de 2015 “el año de la paz” y con ese propósito dio instrucciones a su equipo negociador para que agilice los diálogos que se llevan a cabo en la capital cubana desde noviembre de 2012.

A comienzos de año el jefe de Estado dijo que el mandato que tienen sus negociadores es el de “acelerar el paso de estas conversaciones para terminar lo más pronto posible y de una vez por todas con este conflicto armado”.

Con este encargo, la delegación gubernamental partió de Bogotá y hará una escala en Cartagena (norte), donde se juntará al grupo el jefe negociador, el exvicepresidente Humberto de la Calle, quien participó en un coloquio con la Nobel de Paz Jody Williams en el Hay Festival que concluye este domingo.

Sin embargo, el Gobierno reconoce que la tarea por delante no es fácil porque los dos puntos que están en la mesa de negociación son de los más difíciles del proceso, que ya produjo acuerdos en los tres primeros, referentes a tierras y desarrollo rural, participación política, y drogas y cultivos ilícitos.

“Faltan dos puntos, los puntos tal vez más difíciles. El punto de las víctimas, sus derechos y lo que se llama la justicia transicional. Y el quinto punto, que se denomina el DDR (desmovilización, desarme y reintegración), es decir el fin del conflicto propiamente dicho”, manifestó Santos ayer en Guapi, en el departamento del Cauca (suroeste), uno de los más golpeados por el conflicto.

El apartado de la justicia para las víctimas se debate en la mesa de La Habana desde agosto pasado y tiene que ver con la forma como el Gobierno y las FARC van a satisfacer los derechos de quienes de una u otra forma han padecido las consecuencias del conflicto armado.

Eso implica verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, un asunto extremadamente complejo porque implica la conciliación de los derechos de la víctimas con el anhelo de paz, para lo cual el Gobierno ha diseñado un mecanismo de justicia transicional cuestionado por opositores del proceso y por la propia guerrilla.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han dicho que no están dispuestas a negociar la paz y entregar las armas para al día siguiente ir a una cárcel, pero por otro lado está el reclamo de la sociedad de que sus crímenes no queden en la impunidad.

Según dijo Santos el sábado, el Gobierno entiende esa posición, pero al mismo tiempo es consciente de que “el país no puede simplemente como se hacía en el pasado, hacer borrón y cuenta nueva”.

“Las víctimas merecen el reconocimiento y son el ancla de las negociaciones, y no solo víctimas de las FARC. Todos somos responsables, hay responsabilidad del Estado, de los paramilitares, de las bandas criminales, de otros grupos guerrilleros activos”, reconoció De la Calle en el Hay Festival.

Al mismo tiempo que buscan lo que es casi la “cuadratura del círculo” en el tema de justicia, las partes intentarán avanzar también en el punto del fin del conflicto desde una mesa técnica formada por una subcomisión de militares y otra de miembros de la guerrilla.

El pasado 14 de enero Santos anunció que también dio instrucciones a sus negociadores de que enfoquen los diálogos con las FARC hacia un alto el fuego bilateral e indefinido.

Ese objetivo es la respuesta al cese el fuego unilateral e indefinido que las FARC pusieron en vigor el pasado 20 de diciembre como una medida para empezar a bajar la intensidad del conflicto y que han cumplido, según reconocen varios organismos veedores independientes y el propio Gobierno.

Las FARC respondieron ese mismo día desde Cuba en un comunicado que están listas para a discutir con la delegación oficial “el cese bilateral del fuego”, una demanda suya que el Gobierno siempre rechazó al considerar que debía ser producto de un acuerdo de paz y no el punto de partida de una negociación, pero que ahora empieza a ver con otra perspectiva.

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