El Gobierno argentino anunció que cerró un preacuerdo por unos 900 millones de dólares para saldar deuda pendiente con 50.000 acreedores italianos, correspondiente a bonos argentinos en mora.

“Representa aproximadamente el 15 % de la deuda que quedó fuera de los acuerdos”, declaró en una rueda de prensa el ministro de Hacienda y Finanzas argentino, Alfonso Prat-Gay.

El funcionario detalló que en el acuerdo alcanzado con los bonistas italianos, el Gobierno argentino reconoce el capital adeudado “y un interés prudente”, que es una tercera parte del establecido ante el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial para resolver controversias entre Gobiernos e inversores privados.

El titular de la cartera de Hacienda sostuvo que el preacuerdo permite a Argentina “ir normalizando las relaciones financieras internacionales”.

A su juicio, es también un paso adelante para “cerrar la brecha con los litigantes más duros”, es decir, los fondos especulativos liderados por el magnate estadounidense Paul Singer, que cuentan con una sentencia favorable en la Justicia estadounidense para el cobro íntegro de bonos argentinos impagos desde 2001, más elevados intereses.

Estos fondos rechazaron las reestructuraciones de deuda ofrecidas por Argentina en 2005 y 2010, bajo las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), a las que sí se acogieron el 93 % de los poseedores de estos títulos, que entraron en mora en medio de una grave crisis económica y social.

También rechazaron las ofertas posteriores realizadas por el Ejecutivo de Fernández para intentar destrabar el conflicto.

Tras el cambio de Gobierno, el Ejecutivo encabezado por el conservador Mauricio Macri, retomó el mes pasado las conversaciones y presentará una nueva propuesta esta semana que contempla una quita a los intereses punitorios que pesan sobre la deuda.

“Para un acuerdo hace falta la voluntad de las dos partes (…). El presidente Macri quiere llegar a un acuerdo lo más rápido posible y lo más justo posible. Hemos tenido varias reuniones con el mediador. La dificultad que tenemos ahora es que hay algunos bonistas que están queriendo cobrar una tasa de interés que bajo cualquier criterio en justicia es inaceptable”, explicó Prat-Gay.

“Por eso es que el acuerdo con los bonistas italianos es muy importante, porque el interés que vamos a pagar es la tercera parte de lo que tenía la sentencia”, prosiguió el funcionario, quien hizo hincapié en que la postura de Argentina es racional y justa.

Según el Gobierno argentino, el total de la deuda reclamada en el juicio era inicialmente de 2.943 millones de dólares, pero al aplicarse los últimos fallos del juez Thomas Griesa ha pasado a ser de 9.882 millones de dólares.

Como parte de la aplicación de la sentencia, desde mediados de 2014, Griesa mantiene congelados los pagos del país austral a los acreedores que sí aceptaron las reestructuraciones de deuda, a la espera de que Argentina regularice su situación con los fondos.

Por esta razón, el país suramericano ingresó en una “suspensión de pagos selectiva”, que actualmente constituye su principal traba para acceder a los mercados internacionales de crédito.

“Esta es la herencia que más nos impide avanzar, por eso nosotros lo queremos resolver. Para resolverlo necesitamos de la buena predisposición del otro lado, esperemos que en los próximos días la tengamos”, recalcó Prat-Gay.

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