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Notícias: Latinoamérica Democrática
Chile: así enfrentan los jóvenes profesionales su deuda universitaria PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Miércoles, 16 de Mayo de 2012 18:12

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Infobae América entrevistó a graduados y estudiantes que contrajeron créditos con bancos públicos y privados. Algunos préstamos superan los US$ 30.000 y se pagan hasta por 15 años. El debate en torno a la gratuidad

 

Hace ya un año, el movimiento estudiantil conocido como "la primavera chilena" mostró al mundo el reclamo por una educación pública, gratuita y de calidad. De nivel universitario y secundario, los estudiantes tomaron las calles y ocuparon centros educativos.

La cara visible de todas las marchas fue Camila Vallejo, que en 2011 fue presidente de la Federación de Estudiantes de Chile (FECh). Ante un micrófono o un megáfono, con un cartel en sus manos, trascendió las fronteras de su país como la joven guapa de ojos celestes que hacía flaquear al Gobierno de Sebastián Piñera.

Pero detrás del reclamo por un futuro distinto hay otras historias. Se encuentran aquellos que ya transitaron los pasillos de la educación universitaria y luego entraron a la vida profesional con la etiqueta de deudores. María Cristina Vallejos Cox tiene 30 años, es ingeniera civil y trabaja en la minera Codelco. Tiene una hija, dos hermanos y un gato escurridizo. Y como más de 350.000 chilenos, es deudora de un crédito privado para financiar su educación superior.

María Cristina define su deuda como "gigante". En total, debe US$ 30.000 por sus estudios en la Universidad de Chile. Y sabe que, a una tasa del 7% anual, ese gigante seguirá creciendo. "En mi familia no teníamos los recursos para pagar la carrera, así que el primer año me endeudé con el Banco CorpBanca", dice en una entrevista brinda a Infobae América. Para devolver ese crédito, pagó US$ 100 por mes durante diez años, desde 2001 hasta 2011.

El segundo y tercer año de la carrera decidió deberle dinero directamente a la universidad, y del cuarto en adelante fue beneficiada por el Crédito Solidario, por lo que más adelante sólo pagaría el 50% del arancel. Como lo otorga el Estado chileno, ese crédito tiene un interés del 2% anual y se empieza a pagar dos años después de que el alumno cancela su última matrícula. "Este año les empezaré a pagar los ocho millones de pesos (US$ 16.400) que les debo", anticipa. Eso se sumará a los US$ 450 mensuales que ya le acredita a la Universidad de Chile.

Obtener un título de grado en una universidad vale por encima de los US$ 6.000 anuales. Después de los Estados Unidos, Chile es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cuyas universidades privadas son las más caras.

"Tuve que pagar el doble de lo que costaba mi carrera". Con esa frase, Felipe Neuenschwander describe su actual situación financiera. Hoy, le debe US$ 15.907 al Banco de Estado de Chile por el crédito Corfo que solicitó para estudiar. "Cursé los dos primeros años en la Universidad del Pacífico, y por un tema de plata, me cambié al instituto Duoc UC", describe el publicista de 27 años, que ya pagó unos US$ 8.000.

La primera cuota la canceló en 2005 y espera terminar de pagar recién en 2017. "O pedía un crédito o no podía estudiar, así de simple", se lamenta. "Cuando la educación se abrió al libre mercado y empezó a verse como un mero negocio, comenzó a perder el valor y la calidad que esperamos que ofrezca", analiza.

Ese libre mercado que Felipe critica es justificado por Ricardo León Barrios, para quien la demanda regula los precios en el mercado educativo universitario. En busca de "una mejor calidad de vida", este economista de Nokia Siemens dejó su natal Venezuela hace 10 para estudiar ingeniería comercial en la Universidad Alberto Hurtado y con la doble nacionalidad, instalarse en Chile.

Sus padres pudieron costear los dos primeros años de estudios, y los últimos tres los financió con un préstamo del Banco Santander, a una tasa del 7% anual. Con un sueldo de US$ 2.000 puede "cancelar cómodamente" los US$ 300 que todos los meses abona a la entidad. Su deuda actual es de US$ 4.000. "Los estudiantes protestaron ante la instancia que tienen al frente: las universidades. Pero al final del día, el problema está en el sistema financiero al que se recurre para pagar la universidad".

Daniela González es periodista. Se recibió por la Pontificia Universidad Católica de Chile en 2007, y hace dos semanas quería "cambiarse de banco" para poner la deuda a su nombre. Cuando comenzó a estudiar hace ocho años no tenía ingresos propios y su madre fue quien tomó el préstamo del banco privado de Desarrollo Scotiabank, con ella como su aval.

Pero el objetivo se vio desdibujado cuando se reunió con una ejecutiva de la entidad para analizar el estado de sus cuentas. "Me encontré con dos sorpresas desagradables. Primero, que debo todavía más de US$ 19.000. Casi me fui de espalda. No puedo creer que después de que mis papás pagaron los intereses durante cinco años, y yo llevo otros cinco pagando el crédito en sí, todavía debo el costo de mi carrera", dice.

La "segunda sorpresa desagradable" vino inmediatamente después de la primera. La ejecutiva le dijo que su renta de no la hace apta para ser titular del crédito, pues el pago mensual de US$ 247 equivale al 25% de su sueldo. "Trabajo en Paula, una de las revistas más prestigiosas de Chile y obtengo esa renta. Probablemente si hubiera estudiado medicina, derecho o ingeniería civil ganaría más, pero opté por lo que me apasiona".

¿Cuestión de gratuidad?

Al no irse a Santiago y permanecer en Viña del Mar, Basilio Torres tiene una beca por fomento regional que le cubre el 17% de la carrera de abogacía en la Universidad Andrés Bello. Tiene 21 años y está cursando el tercer año, por lo que ahora paga US$ 184 mensuales por los intereses de su deuda. Si no tuviera acceso al crédito con aval del Estado (CAE), debería pagar 350.000 pesos por mes (US$ 700). En total, la carrera le costará unos US$ 30.800, pero Basilio cree que los costos seguirán escalando.

A través del CAE, un banco privado o público financia al estudiante, pero la deuda se contrae con el Estado desde 2005. Unos 220.000 estudiantes se acogieron a este sistema el año pasado, que en total suman 350.000 deudores.

"Creo que alcanzo a pagar el préstamo en unos 15 años", considera. De su familia, será el primero en entrar a la universidad, y ve al crédito como una oportunidad. "Si no lo tuviera, no podría pagar esa cantidad de dinero. Estar endeudado es tener una posibilidad de salir adelante", asegura.

Daniela y María Cristina concuerdan en que la educación debería ser gratuita y de calidad, el principal pedido del movimiento estudiantil. En cambio, Felipe piensa que la educación no debería ser gratuita, porque no iría de la mano de la calidad. "Estoy de acuerdo con el nuevo proyecto propuesto (por el Gobierno), en que el pago debería ser proporcional al ingreso de cada carrera una vez que se egrese con una fuente laboral estable".

Este proyecto también propone cambios en la tasa de interés (que pasaría del 6 al 2% anual) y propone al Estado como prestamista, eliminando a la banca privada. Para María Cristina, el presidente Piñera "no está proponiendo nada novedoso. A él le reventó la bomba, pero los Gobierno anteriores nos dejaron el hoyo educacional".

Por su parte, el economista venezolano asegura que lo más importante es que la educación preescolar, primaria y secundaria sea gratuita. "El Estado es ineficiente en cualquier cosa que no sea gobernar, pero debería regular mejor el sistema universitario. El costo de estudiar en Chile está sumamente inflado".

Mientras las marchas por la educación siguen caminando las calles de Chile, los graduados con deuda universitaria consideran que, en el fondo, no les queda otra opción que pagar el crédito para progresar en su carrera. "Ser profesional cuesta mucha plata. Sé que sigo siendo parte de la élite que pudo estudiar, y mi situación es mejor que la de muchísimas familias en Chile, pero es injusto que uno tenga que pagar tanto para impulsar la movilidad social", concluye Daniela.

 
Guerra en la cumbre del poder en Panamá PDF Imprimir E-mail
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Sábado, 12 de Mayo de 2012 10:25

El presidente Ricardo Martinelli exigió la renuncia a su vice, Juan Carlos Varela, por hacer "oposición" y destruir la imagen del país. El funcionario lo tildó de "mentiroso" y lo acusó de dar "la espalda" a sus votantes

Crédito foto: Reuters

 

"Varela debe renunciar tal como ha solicitado el presidente Martinelli", porque "fue elegido para gobernar en favor del pueblo y no para hacer oposición en busca de sus ambiciones políticas",  dijo este jueves una funcionaria de la Secretaría de Estado de Comunicación en conferencia de prensa. "Varela no está dispuesto a trabajar por su país", pero utiliza su cargo de vicepresidente para atacarlo "diciendo mentiras del Gobierno" y "no le importa si de paso destruye la imagen de Panamá.

Horas antes, a través de un canal de televisión, Varela indicó que "el que juzga y absuelve es el pueblo, y este presidente será juzgado y derrotado por el pueblo panameño, quien lo eligió y vio cómo le dio las espaldas". Varela señaló que daba lástima "ver a un mandatario a ese nivel hablando de su vicepresidente",

Según Varela, Martinelli es un "mentiroso profesional" con actitud "infantil". Atrás queda aquella época en la que ambos se abrazaban, Varela como compañero de fórmula en las elecciones de 2009, y Martinelli muy unido a su vez a su segundo, hasta el punto de prometerle apoyo para las elecciones de 2014.

Sin embargo, en 2011, Martinelli cesó a Varela como canciller bajo acusaciones de descuidar sus funciones, lo que provocó una crisis gubernamental con la renuncia en masa de los ministros del partido de Varela en solidaridad con su líder.

Varela sigue siendo vicepresidente, ya que es un cargo de elección popular. "De acuerdo con la Constitución vigente, el vicepresidente no es un subordinado del presidente", dijo Varela.

Última actualización el Sábado, 12 de Mayo de 2012 10:26
 
Las FARCS colombianas vuelven a secuestrar, esta vez es un periodista francés PDF Imprimir E-mail
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Miércoles, 02 de Mayo de 2012 08:26

Angelino Garzón, vicepresidente colombiano, señaló que el calificativo de "prisionero de guerra" empleado es inadmisible. El Ejército continuó sobrevolando el área donde desapareció el corresponsal

Crédito foto: EFE


Garzón se refirió a una supuesta comunicación de la guerrilla de las FARC, según la cual, Langlois se encontraría en su poder y habría sido declarado "prisionero de guerra debido a que fue encontrado luciendo prendas militares"

"Ni el Estado ni la comunidad nacional e internacional, bajo ningún punto de vista, podemos aceptar que el periodista francés es un prisionero de guerra. Es inadmisible. Además, la única arma que tenía era una cámara, que es su herramienta de trabajo", declaró el vicepresidente ante diversos medios.

El supuesto comunicado del grupo guerrillero fue leído por una mujer que se identificó como integrante del frente 15 de esa organización en una llamada telefónica a un grupo de periodistas, que este martes viajaron al corregimiento de Unión Peneya en Caquetá , donde desapareció el periodista francés.

De acuerdo a lo publicado por el portal El Tiempo, las autoridades no han podido asegurar aún que Langlois se encuentre en poder de las FARC, aunque el presidente Juan Manuel Santos señalado que  existe evidencia que así fue.

"El secuestro de un periodista en cualquier parte del mundo es una clara violación al derecho a la libertad de expresión, el cual hace parte de una política integral de derechos humanos", declaró Garzón.

Langlois, de 35 años, preparaba un reportaje para la cadena 'France 24' sobre los operativos anti drogas, cuando la patrulla militar con la que se desplazaba fue atacada por la guerrilla. Cuatro militares murieron en el combate y otros ocho resultaron heridos. El periodista francés también sufrió una herida en el brazo, según testimonios de los soldados que lo acompañaban.

El operativo de búsqueda

El Ejército continúa los sobrevuelos para localizar al periodista francés Romeo Langlois sin confirmar que esté secuestrado por las FARC.

Las operaciones de "registro y control de la zona para dar con la posible ubicación del periodista continuó este martes", informó una fuente de la Fuerza Aérea colombiana, que pidió no ser identificada.

La aviación militar trata de ubicar al grupo insurgente que cometió el ataque que dejó cuatro militares muertos y que tendría en su poder al periodista, quien fue herido durante el enfrentamiento.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, informó que por el momento no está contemplada ninguna operación militar de rescate y que cualquier decisión sería coordinada previamente con Francia.

El ministro de la Defensa respondió que "si es cierto que las FARC tienen secuestrado a Romeo Langlois, tienen el deber de liberarlo".

Garzón había cuestionado que el periodista usara indumentaria militar. "Los que somos civiles, incluyendo los gobernantes y los periodistas, no debemos llevar prendas militares", señaló.

Pero el general del Ejército Javier Rey sostuvo que es falso que el periodista portara en ese momento el casco y el chaleco que los militares le habían proporcionado como mecanismo de protección.

En un momento del combate, Langlois decidió quitarse esas prendas para identificarse como periodista y civil, y después se movió hacia el lugar donde estaban los guerrilleros atacantes, declaró Rey.

El caso de Langlois ha reabierto un debate sobre este tipo de coberturas en Colombia, que padece un conflicto armado desde hace casi medio siglo y también ha atravesado épocas de gran violencia por el paramilitarismo y el narcotráfico.

La presunta guerrillera también confirmó que Langlois está herido de bala en un brazo pero declaró que se encuentra bien.

El general Rey recalcó que en el Ejército no se ha recibido ninguna comunicación de la guerrilla sobre el desaparecido y no descartó que pueda estar escondido por los alrededores. "Nosotros no tenemos en este momento la certeza de que lo tienen. Lo presumimos", declaró.

Las FARC no emitieron declaración alguna sobre el periodista en los sitios web en los que habitualmente publican sus comunicados.

Última actualización el Miércoles, 02 de Mayo de 2012 08:29
 
México: Prometen fórmulas mágicas contra el narco PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Martes, 15 de Mayo de 2012 18:04

Los candidatos a la presidencia de México aseguran tener la estrategia adecuada para terminar con el crimen organizado. Mientras, se multiplican en las calles los cadáveres descuartizados o colgados de puentes

Crédito foto: Reuters

El gran desafío para el próximo presidente de México, que surgirá de las elecciones del 1º de julio, es encontrar la manera de devolver la paz a un país sacudido día a día por matanzas y asesinatos del crimen organizado, con 50 mil muertos en cinco años.

El sábado 12 de mayo, la aspirante oficialista Josefina Vázquez Mota decía en un acto en la ciudad de Monterrey, capital del estado Nuevo León, que quería "un Nuevo León sin Zetas, sin crimen organizado" y advertía que no daría tregua a los grupos criminales.

Menos de 24 horas después, cerca de Monterrey aparecieron 49 cadáveres decapitados y sin extremidades con un mensaje firmado por Los Zetas, un grupo dedicado al tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión que se ha convertido en el más sanguinario de México.

Desde que comenzaron las campañas electorales hace mes y medio, se han sucedido los asesinatos. Las disputas entre bandas dejaron más de 30 muertos en Sinaloa, mientras que tres masacres en Tamaulipas, Jalisco y Nuevo León acabaron con la vida de 90 personas, además del asesinato de una periodista y tres fotógrafos en Veracruz, entre otros.

"Serenar al país", "pacificar a México", "devolverle la tranquilidad a los mexicanos", son algunas de las frases que usan los cuatro aspirantes presidenciales cuando hablan de sus objetivos en materia de seguridad, una de las preocupaciones centrales según las encuestas.

El primero en las encuestas, Enrique Peña Nieto, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), que tiene hasta 20 puntos de ventaja en las preferencias electorales, dijo que su prioridad sería devolver la paz y la tranquilidad a México.

"Es claro que el clima de violencia e inseguridad en nuestro país se ha incrementado y ha generado hoy en día entre las familias mexicanas realmente preocupación mayor y ha puesto en riesgo su propia libertad", dijo Peña Nieto, un abogado de 45 años.

Las propuestas

Aunque los acentos pueden diferir entre las distintas medidas, ninguno de los cuatro candidatos, incluidos el centro-izquierdista Andrés Manuel López Obrador y el ambientalista Gabriel Quadri, ve posible, por lo pronto, sacar al Ejército de la lucha antidrogas.

Peña Nieto plantea mantenerlo en las zonas más violentas del país hasta que existan mejores condiciones para retirarlo y crear, además, una gendarmería nacional, un cuerpo de origen militar pero bajo mando civil, para apoyar en esta labor.

Además, propone fortalecer la Policía Federal elevando el número de efectivos de los actuales 36 mil a 50 mil, mejorar las labores de inteligencia y crear academias regionales de policía, así como generar más oportunidades de desarrollo en las regiones más golpeadas.

Vázquez Mota, que está segunda en las encuestas en empate técnico con López Obrador, ha advertido que no pactará con ninguna organización criminal e insinuó más de una vez que eso es lo que hizo en el pasado el PRI durante sus siete décadas en el poder entre 1929 y 2000.

El eje de la propuesta de Vázquez Mota es mantener en las calles al Ejército, crear una policía nacional con disciplina militar y unos 150 mil efectivos, fortalecer el tejido social con acciones como escuelas de tiempo completo y crear 32 policías estatales, bajo un mando único, una propuesta que comparte con Peña Nieto.

"Los resultados se medirán no sólo por criminales capturados, sino por lo estables y seguras estén las comunidades", dijo Vázquez Mota, miembro del Partido Acción Nacional (PAN) al igual que los últimos dos presidentes de México.

López Obrador ha dicho que quiere "más abrazos y menos balazos". Su propuesta apunta a atender las causas de la delincuencia, generando mayores oportunidades de desarrollo. "Si no hay crecimiento económico, no hay empleos, y si no hay empleos no hay bienestar, y si no hay bienestar no puede haber tranquilidad ni paz social", expresó. Quadri quiere elevar a 400 mil el número de efectivos de la Policía Federal.

Guerra de cárteles

En México el desafío de la delincuencia se ha convertido en un reto mayor. Los asesinatos se dispararon desde que Calderón decidió desplegar por lo menos 60 mil militares y policías federales para combatir a las organizaciones criminales, y organizaciones civiles reclaman un cambio de estrategia.

El gobierno mexicano afirma que hay indicios de que la ola de violencia registrada en los últimos días en México se debe a disputas entre el cártel de Sinaloa y grupo de Los Zetas.

"La causa primordial de la violencia en México es la disputa entre organizaciones criminales por el control de rutas y mercados delictivos", señaló la Secretaría de Gobernación, al condenar en un comunicado el asesinato de 49 personas encontradas en el estado de Nuevo León, en el norte del país.

Según indicó en un comunicado, el cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín "El Chapo" Guzmán y Los Zetas "han desatado, con apoyo de diversos criminales, episodios inhumanos e inadmisibles de violencia irracional en su disputa criminal".




Fuente: DPA
 
Brasil: Crece presión sobre Rousseff por la Ley Forestal PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Sábado, 12 de Mayo de 2012 10:27

Tres grandes ONG iniciaron una campaña para frenar la norma, que consideran peligrosa para el medio ambiente. Casi 1,6 millones de personas han pedido a la mandataria de Brasil que vete la normativa

Crédito foto: Reuters

 

Se extiende el movimiento Veta Dilma, que ha encontrado un gran impulso con el chef Alex Atala, considerado el cuarto mejor del mundo, y la actriz Camila Pitanga, protagonista de las famosas telenovelas de un canal de televisión.

Tres de las mayores organizaciones no gubernamentales de conservación y movilización social, WWF, Greenpeace y Avaaz, comienzan una campaña para exigir a Dilma Rousseff el veto total al Código Forestal aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 25 de abril.

"Durante la última década, Brasil ha realizado un progreso ejemplar en la reducción de la deforestación en la Amazonía. Sabemos que la presidenta Rousseff está siendo muy presionada por aquellos que buscan un beneficio a corto plazo del bosque, pero le exigimos que defienda la protección de los recursos forestales, que son de importancia vital para el futuro de la población brasileña y el resto del mundo", afirma Jim Leape, Director General de WWF Internacional.

Cientos de miles de seguidores de WWF y Greenpeace han lanzado una campaña de movilización a través de sus redes sociales utilizando #SOSBrazil y #VetaTudoDilma en Twitter y posteando de forma directa en la página de Facebook del partido de presidente. Este jueves, incluso, activistas de Greenpeace escribieron "Nuevo Código Forestal, Veto Dilma" sobre las torres de la sede del Parlamento en Brasilia con letras verdes luminosas dibujadas con láser para llamar la atención sobre las consecuencias que podría tener la ejecución de esta ley.

Hasta ahora, más de 1,6 millones de personas de todo el mundo han firmado la petición de Avaaz para exigir a la presidente Rousseff el veto al Código Forestal.

Todos ellos han alertado de que el Código Forestal favorecerá la extensión de los cultivos agrícolas en áreas hasta ahora protegidas, y con la consiguiente degradación del suelo. Las organizaciones afirman que sólo un veto total a esta ley podría salvar los bosques brasileños y el clima mundial.

Además, la ley contempla una amplia "amnistía" para aquellos hacendados que, durante las últimas décadas y en contra de las leyes actuales, desforestaron donde estaba prohibido y mantienen en esas zonas una intensa actividad agropecuaria.

La Presidente no ha realizado ninguna declaración pública sobre cuál será su postura ante la ley aprobada por el Congreso. Dilma Rousseff recibió esta semana la actual versión y tiene de plazo hasta el próximo 25 de mayo para realizar un veto total o parcial de la ley o permitir que se promulgue.

 
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