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El partido de Dilma rousseff y Lula da Silva se moviliza para protestar por vez primera contra Temer |
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Viernes, 10 de Junio de 2016 14:10 |
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Sindicatos y movimientos sociales controlador por el partido de Rousseff y Lula daSilna, el PT, saldrán este viernes a las calles de diferentes ciudades brasileñas en una jornada nacional de protestas contra el presidente interino de Brasil, Michel Temer, que estará encabezada por el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
La marcha convocada para el viernes supone el “primer acto unificado” de manifestaciones contra Temer, quien asumió las riendas del país el pasado 12 de mayo después de que la presidenta Dilma Rousseff fuera suspendida del cargo mientras el Senado la somete a un proceso de destitución.
Inicialmente Rousseff no participará de la marcha en Sao Paulo, pero concederá una rueda de prensa en la capital paulista poco antes de la concentración, según informó el movimiento Frente Popular Brasil, que promueve la jornada nacional de protestas junto con el Frente Pueblo Sin Miedo.
Además de Sao Paulo, donde está confirmada la presencia de Lula, las protestas han sido convocadas en los otros 26 estados brasileños, incluida la capital Brasilia, donde se encuentra la residencia oficial de Temer.
Desde que el presidente interino asumió el poder, hace casi un mes, han sido realizadas varias manifestaciones en diferentes puntos del país, pero ninguna de ellas ha sido de gran envergadura.
Por ello, la izquierda espera el viernes echar su primer gran pulso a Temer, cuya aprobación se encuentra en el 11,3 %, un porcentaje tímidamente superior al que tenía Rousseff cuando fue suspendida de su cargo, según un sondeo divulgado la víspera.
De acuerdo con la Central Única de los Trabajadores (CUT), la mayor unión sindical del país, las protestas del viernes serán el primer paso antes de la convocatoria de una huelga general, la cual “está siendo construida”.
La CUT, que integra el Frente Popular Brasil, informó que la huelga será realizada cuando el presidente interino encamine al Congreso “las medidas de retirada de derechos”, en referencia a un proyecto de reforma laboral y del sistema de jubilaciones previsto por Temer.
El Gobierno interino ha anunciado un severo plan de ajuste fiscal para reequilibrar las cuentas del país, el cual incluye una fuerte reducción de los gastos públicos, pero ha reiterado que no recortará el aporte destinado a los programas sociales.
Los movimientos sociales, sin embargo, son escépticos e insisten en que el objetivo de Temer a largo plazo es el de suspender algunos de los programas bandera del Partido de los Trabajadores (PT), como el “Minha Casa, Minha Vida” (Mi Casa, Mi Vida) y el Bolsa Familia, por los que se conceden subsidios a los más pobres.
Argumentan también, en la línea defendida por Rousseff, que la suspensión de la mandataria tuvo como objetivo frenar las investigaciones de la trama de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
El argumento se apoya en un pedido de prisión realizado por la Fiscalía contra cuatro altos dirigentes de la formación a la que pertenece Temer, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), entre los que se encuentran el presidente del Senado, Renan Claheiros, y el exministro de Temer Romero Jucá.
El fiscal general, Rodrigo Janot, sustentó esa solicitud en la sospecha de que los cuatro dirigentes del PMDB, todos muy cercanos a Temer, intentaron algunas maniobras para obstruir la acción de la Justicia en las investigaciones sobre las corruptelas en la estatal Petrobras.
“Los jefes del golpe realizaron todos los movimientos para frenar la investigación de la Lava Jato, usurpar el poder y aplicar el proyecto más neoliberal de la historia de Brasil”, afirman los movimientos en la convocatoria del acto. |
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Última actualización el Domingo, 12 de Junio de 2016 11:44 |
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Nuevo informe denuncia incompetencia del Estado mexicano ante graves crímenes |
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Jueves, 09 de Junio de 2016 10:31 |
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Un nuevo informe presentado por una organización internacional puso al Estado mexicano frente a sus horrores al acusarlo de “sistemáticos” crímenes de lesa humanidad y de perpetrar la violencia y la impunidad con obstrucción política y judicial.
En un país que acumula 150.000 muertos y 26.000 desaparecidos en la última década, el estudio elaborado por Open Society Justice Initiative (OSJI) junto a cinco asociaciones documentó casos con “fundamentos razonables” para considerar que las fuerzas del Estado han cometido crímenes de lesa humanidad.
Ello ante la inacción de las instituciones de Justicia y de Gobierno: “México es un país rico en recursos materiales y capital humano, tiene la capacidad de hacer frente a la crisis de la impunidad, pero lo que falta hasta la fecha es voluntad”, denunció ante los medios el director ejecutivo de OSJI, James Goldston.
En un acto realizado en el Museo Memoria y Tolerancia de la capital, Goldston señaló que en este país se dan homicidios, torturas y desapariciones que la Corte Penal Internacional cataloga como crímenes de lesa humanidad.
Ello porque promueven “una política de Estado u organizacional en un ataque generalizado o sistemático dirigido a la población civil”, señala el escrito.
Para el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara, la “virtud” de este informe es que explica las “atrocidades” cometidas en la última década a partir del derecho penal internacional.
Por ello, sucesos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o el asesinato de civiles por parte de militares en Tlatlaya deberían “despertar la obligación de las instituciones” a responder ante las consecuencias legales de este tipo de crímenes, que no están sujetos a amnistía ni prescriben.
Por el contrario, estos delitos se encuentran con un Estado que potencia la impunidad mediante un “insuficiente sistema judicial” que revela cifras estremecedoras. Entre 2007 y 2013 solo se llevaron a cabo 29 averiguaciones militares con respecto a los asesinatos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, según datos oficiales.
Y aunque no hay cifras “fiables de desapariciones”, solo hay 13 condenas por desaparición forzada -con la participación de fuerzas del Estado- y algunas de estas quedan registradas oficialmente como “secuestros”, que suman 580.000 casos entre 2007 y 2014.
Lo mismo ocurre con los casos de tortura, donde solo hay seis condenas en el fuero federal tras miles de denuncias.
Goldston apuntó que las administraciones mexicanas “han negado y minimizado la magnitud de las atrocidades” desde que a finales de 2006 el entonces presidente, Felipe Calderón, lanzó la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
Ello redunda en formas de “obstrucción política” que lleva a fabricar pruebas, tortura, proteger las Fuerzas Armadas y, además, “cuestionar, estigmatizar y criminalizar” a los activistas que denuncian las violaciones de derechos humanos, agregó el coordinador de la organización Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez.
El informe también investiga crímenes de lesa humanidad del cártel de los Zetas, como la matanza de 72 migrantes perpetrada en 2010 en San Fernando, en el nororiental estado de Tamaulipas, o las desapariciones en Coahuila.
El informe cierra con varias recomendaciones, como la creación de un órgano internacional asentado en el país que investigue los crímenes y brinde asistencia técnica al Gobierno.
También urge a crear equipos para investigar desapariciones, servicios forenses y de protección de testigos autónomos, a retirar al Ejército de las operaciones de seguridad pública y a aprobar una ley para regular el uso de la fuerza.
El Gobierno ha sido muy crítico con las denuncias realizadas por instituciones como la ONU, que en 2014 habló de tortura “generalizada” en México, o la Organización de los Estados Americanos (OEA), que en marzo pidió al país “reconocer” la grave crisis de derechos humanos.
Este último reporte fue rechazado por el Ejecutivo, que reclamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no entrara a valorar el nivel “de cumplimiento de las obligaciones del Estado”.
En respuesta al informe de OSJI, el Gobierno emitió esta noche un posicionamiento en que destacó los pasos que ha dado en materia de protección a los derechos humanos, como el establecimiento en enero de 2014 de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), encargada de garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
“Independientemente de lo anterior, el Gobierno de la República reconoce que enfrenta retos en materia de derechos humanos y reafirma que se están fortaleciendo sus capacidades para combatir adecuadamente a las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, prevenir y sancionar las violaciones de derechos humanos”, apuntó.
INFOLATAM
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GUPC anuncia que tercer juego de esclusas de Canal de Panamá está listo |
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Viernes, 03 de Junio de 2016 11:33 |
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El tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, pieza central de la nueva vía ampliada, alcanzó ya su completa funcionalidad y se encuentra listo para recibir el tránsito inaugural del primer buque, dijo el consorcio GUPC a cargo de las obras y liderado por la empresa española Sacyr.
La completa funcionalidad del tercer juego de esclusas alcanzada este martes, en un proceso que se ha venido cumpliendo a lo largo de los últimos meses, significa que la obra ha sido probada para las operaciones a satisfacción según lo especificado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), indicó el consorcio en un comunicado.
Grupo Unidos por el Canal (GUPC) afirmó que “la entrega operativa de la obra demuestra al mundo que el proyecto se ha construido con la calidad técnica que ofrece GUPC y cumpliendo todos los requisitos del contrato”.
“El proyecto está listo para recibir el primer buque, demostrando que funciona a la perfección y que seguimos cumpliendo a cabalidad con los requisitos del contrato”, dijo el director operativo de GUPC, Giuseppe Quarta.
Quarta señaló que “los resultados de las pruebas confirman que tenemos un sistema de clase mundial” y, “como durante todos estos años, queda demostrada la capacidad técnica de GUPC para entregar una obra de alta calidad totalmente operativa”.
Para el consorcio, alcanzar la completa funcionalidad de la obra ha supuesto concluir de forma exitosa más de 2.000 pruebas entre ambos lados del proyecto, que incluyó, entre otros aspectos, programar más de 300 escenarios diferentes para el paso de un barco.
La Autoridad del Canal anunció hoy que fue informada por el contratista de que se han superado las pruebas requeridas en el contrato y que se han completado funcionalmente las obras que permiten al operación de tránsito eficiente, segura y confiable del tercer juego de esclusas de acuerdo a lo establecido en el contrato.
La entidad afirmó en un comunicado que realizará una “revisión detallada del informe presentado, a fin de proceder con las acciones correspondientes y responder al contratista”.
El Administrador del Canal, Jorge Luis Quijano, expresó que se siente “complacido de haber alcanzado este hito”.
“Los avances del contratista nos abren las puertas a una nueva etapa en la que nuestro personal continuará familiarizándose con las obras y la operación de las nuevas esclusas y complementará su adiestramiento con pruebas de navegación antes de emitir la aceptación de las obras”, remarcó Quijano.
GUPC, conformado por Sacyr de España, Salini-Impregilo de Italia, Jan De Nul de Bélgica y Constructora Urbana, SA (CUSA) de Panamá.
La ampliación de la ruta acuática, que comenzó a construirse en 2007, se inaugurará el 26 de junio próximo con una gran ceremonia a la que están invitados 70 jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, así como las principales navieras.
Las celebraciones serán en las esclusas, para acompañar el tránsito inaugural de ocho horas del buque “Cosco Shipping Panama”, que entrará por el Atlántico, en la mañana, y saldrá por el Pacífico en horas de la tarde.
El ensanche permitirá el paso de buques de hasta 12.000 contenedores, el triple más de los más grandes que actualmente pueden transitar por el canal abierto en 1914.
INFOLATAM
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Alianza del Pacífico aprueba incorporación de Argentina como país observador |
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Viernes, 10 de Junio de 2016 14:14 |
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La Alianza del Pacífico aprobó en la Ciudad de México la solicitud de Argentina de integrarse a este mecanismo como país observador, por lo que el presidente Mauricio Macri asistirá con esa categoría a la cumbre del bloque que se celebrará el 1 de julio en Chile.
Después de asistir a la XV Reunión del Consejo de Ministros de la Alianza, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, dijo a Efe que la cumbre de Puerto Varas “tendrá una presencia inédita de al menos dos presidentes” que no pertenecen al bloque, entre ellos el mandatario argentino.
Macri ha sido especialmente invitado “porque Argentina tiene un especial interés por acercarse a la Alianza del Pacífico y de hecho presentó la solicitud de ser miembro observador”, indicó.
“En esta reunión de hoy día aprobamos esa solicitud, de modo que ha sido aceptada la petición de Argentina de ser miembro observador de la Alianza, y el presidente Macri ya estará en condición de observador”, abundó.
El titular de Exteriores dijo que “casi con seguridad” el gobernante costarricense, Luis Guillermo Solís, también participará en la cumbre.
No descartó que “haya algún otro presidente que también asista, lo que indica que la Alianza del Pacífico sigue generando interés, y eso es muy positivo para los cuatro países que la integramos”.
Fuentes de la Presidencia argentina ya habían dicho a Efe el pasado 31 de mayo que Macri planea acudir por primera vez como observador a la próxima cumbre de la Alianza para estrechar lazos con el bloque integrado por Chile, Colombia, México y Perú.
Macri había sido invitado a asistir como observador a la XI cumbre por el mandatario peruano, Ollanta Humala (presidente pro tempore saliente de la Alianza) y por la chilena Michelle Bachelet (próxima en el cargo), según confirmó a principios de mayo la canciller argentina, Susana Malcorra.
INFOLATAM
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La base de Temer quiere acelerar el juicio a Rousseff y el caso va al Supremo |
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Viernes, 03 de Junio de 2016 11:23 |
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La base política que apoya al presidente interino de Brasil, Michel Temer, propuso hoy acelerar el trámite para el juicio que le puede costar el cargo a la mandataria interina Dilma Rousseff y la falta de consenso dejó la decisión en manos de la Corte Suprema.
La polémica propuesta de recortar los plazos para el juicio político que enfrentará Rousseff fue presentada ante la comisión del Senado responsable del proceso y generó fuertes críticas entre los parlamentarios que respaldan a la mandataria suspendida.
La autora de la moción que encendió la polémica fue la senadora Simone Tebet, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer, quien propuso acortar en unos 20 días el plazo inicial y que la primera de las dos sesiones en que el pleno del Senado decidirá la suerte de Rousseff sea el 12 de julio.
La propuesta llegó a ser aceptada por la mayoría favorable a la destitución de Rousseff que hay en la comisión de 21 senadores, pero una fuerte arremetida del ahora opositor Partido de los Trabajadores (PT) logró contenerla.
El propio abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo, encabezó la respuesta y sostuvo que aprobar un recorte de los plazos supondría “pisotear la Constitución” y “sepultar el derecho a la defensa” que le cabe a la mandataria.
La comisión celebraba hoy su segunda reunión desde la suspensión de Rousseff de sus funciones con el objetivo de votar un calendario de trabajo planteado por el senador instructor, Antonio Anastasia, que fijaba la primera de las votaciones en el pleno del Senado entre el 1 y 2 de agosto.
Cardozo dijo que desde el inicio se proponía rechazar ese plazo, pues un proceso “de esta naturaleza, en el que juzga a una jefa de Estado, no puede tener una fecha fija para concluir”.
No obstante, ante la propuesta de la senadora Tebet, amenazó con apelar a la Corte Suprema, que divide la responsabilidad del juicio con la comisión de la Cámara Alta.
Frente a las divergencias, el presidente de la comisión, Raimundo Lira, decidió entonces “consultar” al Supremo sobre la viabilidad de la propuesta de Tebet, que de ese modo deberá ser analizada en los próximos días por el tribunal.
La intención del Gobierno interino de acelerar el proceso quedó clara durante la sesión de la comisión del Senado, pero fue patente también en unas declaraciones que ofreció hoy el ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, durante una rueda de prensa.
“Preocupa, sí. Hay preocupación”, dijo Padilha consultado sobre la posibilidad de que algunos de los senadores que el mes pasado se pronunciaron por admitir a trámite el proceso contra Rousseff voten ahora en contra de su posible destitución.
El juicio político que puede despojar a Rousseff de su mandato fue instaurado el pasado 11 de mayo por el Senado, con 55 votos a favor y 22 en contra.
En la votación definitiva, que ocurrirá una vez que concluya la fase procesal, la mandataria solo será destituida en caso de que lo respalden al menos 54 de los 81 senadores, lo cual representa una mayoría calificada de dos tercios.
En las últimas dos semanas, al menos dos de los senadores que apoyaron la apertura del juicio político han sugerido que podrían votar en contra de la destitución, lo cual pudiera llevar a la absolución de Rousseff y a su inmediato retorno al poder.
“Estamos a unos 60 días de la votación (definitiva) y, por lo tanto, vamos a escuchar muchas manifestaciones que no esperábamos”, declaró Padilha.
No obstante, subrayó que “la premisa es la voluntad de la mayoría de la población brasileña”, que en su opinión es favorable a que se destituya a Rousseff y a que Temer continúe en el poder hasta que se celebren las elecciones previstas para octubre de 2018.
“Tengo certeza de que el Senado lo retratará”, indicó Padilha, aunque apuntó que “para eso, el Gobierno (de Temer) tendrá que hacer su parte” y recobrar la confianza de la sociedad y los inversores en el futuro del país y en la fortaleza de sus instituciones.
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Última actualización el Domingo, 05 de Junio de 2016 11:24 |
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