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Que digan lo que quieran. Si de un total de 12.988 unidades productivas en la actividad gastronómica y de servicios técnicos y personales, 3.570 operan como "formas no estatales de gestión", el resultado deja mucho que desear y pone de manifiesto las resistencias del régimen a avanzar en su política de Lineamientos.
Un artículo publicado en Granma presta atención a estas cuestiones, y concluye de manera general que "los establecimientos que han pasado a un nuevo modelo de gestión han incrementado de forma general la calidad de las ofertas y los horarios de servicios".
Absolutamente normal. ¿Pero es que acaso tenían alguna duda al respecto? Allí donde la libertad económica funciona y las decisiones se toman en función de la demanda y los precios, con la menor intervención posible del Estado, los clientes obtienen los mejores bienes y servicios y alcanzar niveles de bienestar y calidad de vida superiores. La denominada "actualización del modelo económico cubano" contenida en los llamados Lineamientos, se quedó a medio camino en la busca de soluciones que mejorasen la calidad y variedad de las ofertas destinadas a la población. Las evidencias apuntan a que falta aún mucho camino por recorrer.
El ejemplo más evidente es la actividad de la gastronomía y servicios personales y técnicos de uso doméstico. Cabe preguntarse qué sentido tiene que sea el Estado el encargado de servir platos de comida en restaurantes o arreglar encendedores inservibles. Durante más de medio siglo, la economía castrista reafirmó ideológicamente esa apuesta por la intervención estatal absoluta en la economía y la eliminación de la iniciativa privada. Ahora quieren encontrar una solución parcial, apostando por un modelo en que lo privado gestiona lo público.
El régimen define así como fórmula de relación jurídica el arrendamiento, ya que mantiene invariable la propiedad del Estado sobre los principales medios de producción. Alquilando instalaciones de peluquerías y barberías a personas que antes realizaban esas funciones en empresas estatales, para funcionar como cuentapropistas, el Estado obtiene ingresos por todas partes, ya no solo del alquiler de locales, en el que actúa como monopolista que puede fijar los precios al nivel que se le antoje en ausencia de competencia, sino como extractor de rentas, fijando una pesada carga tributaria y de seguridad social sobre los pequeños negocios.
En tales condiciones, no es extraño que tan solo 3.570 de las 12.988 unidades de gastronomía y servicios técnicos y personales que existen en Cuba, funcionen como "formas no estatales". Tan solo un 27%, el 73% restante siguen bajo rígido control estatal. Y estos valientes que se han lanzado a la aventura de ser extorsionados por un Estado intervencionista que frena y lastra sus posibilidades de desarrollo, ya dan empleo a unos 11.270 trabajadores. No parece mucho, ya que solo alcanza un 0,2% de la población laboral existente en el país. No creo, como sostienen las autoridades, que bajo las actuales condiciones, el resto de unidades "se incorporen, de manera gradual y ordenada, atendiendo al número de personas que laboran en ellas, los niveles de actividad y la estructura de los servicios", ya que los incentivos para hacerlo son ciertamente escasos.
Lo verdaderamente importante es que, a pesar de las dificultades, los cubanos han observado que gracias a estas nuevas formas de producción, ha mejorado de manera general "la cantidad y calidad de las ofertas, la estructura de las mismas y los horarios de servicios; se han reanimado las instalaciones gastronómicas (...) aunque se aprecia una tendencia creciente de los precios de algunos productos".
Lo realmente asombroso del régimen es que quiera encuadrar el nacimiento de la iniciativa privada emprendedora dentro de una absurda "política para la implementación de formas no estatales en el comercio, compuesta por 43 principios (12 se mantienen de las disposiciones anteriores, ocho muestran precisiones y 23 son nuevos), [que] pretende, a partir de las vivencias obtenidas, corregir errores y consolidar los buenos pasos, en aras de ofrecer servicios de mejor factura y, sobre todo, hacerlos sostenibles en el tiempo".
No se equivoquen. El mercado nace del mecanismo de prueba y error cuando existe libertad. En condiciones normales, con un marco estable de derechos de propiedad en el que cada individuo pueda llegar allá donde le lleven sus posibilidades, esfuerzo, tesón e inteligencia, no hacen falta ni Lineamientos, ni principios, ni regulaciones. La actividad privada se rige por una mano invisible que lleva a que todos los que están en condiciones de intercambiar en igualdad puedan alcanzar una situación mejor que antes de ponerse en relación. No hace falta ningún Estado que intervenga o controle las millones de decisiones de los agentes económicos.
Hay que persuadir a las autoridades de que no hacen falta documentos que "normen el desempeño de las formas no estatales, así como la tipología de los servicios a prestar y las obligaciones asumidas en el contrato de arrendamiento". Eso es perder el tiempo, lo mismo que "su firma por un término de hasta diez años, prorrogables por acuerdo entre las partes", "diseñar el sistema de control para las formas no estatales, acorde con su función rectora, aprobar las tarifas de arrendamiento, las cuales no responderán a criterios arbitrarios, sino que tendrán en cuenta las dimensiones del local y su ubicación". Básicamente porque en el régimen castrista una de esas partes, el Estado, tiene un enorme poder con respecto a la otra, y la asimetría de esas relaciones no existe en el ámbito de la economía de mercado libre.
Pero además, el régimen se entretiene más en denunciar la falta de buenas prácticas o en perseguir lo que llama ilegalidades, casi siempre relacionadas con los precios, que en atender las quejas de los consumidores, que en cualquier economía son el mejor indicador para saber cómo se deben hacer las cosas, más aun en la gastronomía o los servicios técnicos.
Precios máximos y mínimos, niveles de abastecimiento, canales de comercialización, contratación de trabajadores, beneficios fiscales, reparación de los equipos o instalaciones que nunca serán de propiedad privada, consumo de energía, gastos asociados al ejercicio de la actividad en general, constituyen aspectos que preocupan a las autoridades porque no van como era de esperar. La planificación económica centralizada es el peor de los modelos existentes para que una economía funcione y pueda satisfacer las necesidades de los individuos. Lo que está ocurriendo en Cuba es un buen ejemplo de ello. Lo grave es que siguen en lo mismo. ¿Por cuánto tiempo?
DIARIO DE CUBA
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