El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ve con buenos ojos la excarcelación de 6.579 presos anunciada por la dictadura este jueves. “Es una medida positiva en el marco del combate contra la pandemia del covid-19”, considera en un comunicado la organización con sede en Madrid.

El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cubano, Otto Molina, especificó que en marzo y abril fueron liberadas 421 personas que cumplían prisión provisional y ahora esperarán juicio en sus hogares con las "restricciones correspondientes", mientras que a otros 6.158 se les concedió la excarcelación anticipada.

En el caso de estos últimos, "el Tribunal valoró que con el tiempo cumplido (de la condena) no es necesario llegar al final de la pena en reclusión" y decidió conceder la libertad condicional y licencias extrapenales a los presos, explicó Molina en la televisión estatal.

Para el OCDH la excarcelación va "en el sentido de las actuaciones de diferentes Gobiernos en la región y acorde, parcialmente, con las preocupaciones, exigencias y propuestas presentadas públicamente" por esa organización en los días 18, 19 y 30 de marzo.

"Es importante que el Gobierno cubano continúe avanzando y libere de manera inmediata a todos los presos políticos", añade el Observatorio

"Es importante que el Gobierno cubano continúe avanzando y libere de manera inmediata a todos los presos políticos. Actualmente, más de un centenar de  presos políticos permanecen en las cárceles del país", añade el Observatorio.

"Asimismo, consideramos contraproducente que 335 personas hayan sido encarceladas en los últimos días por violar las condiciones de aislamiento social cuando el propio Código Penal prevé otro tipo de sanciones menos severas”, concluye.

Desde el comienzo de la epidemia en la isla, a inicios de marzo, el sistema judicial cubano comenzó a imponer fuertes sanciones por delitos como la "propagación de epidemias" -que incluye la circulación sin la mascarilla obligatoria- y el "atentado" contra sanitarios, inspectores y agentes del orden.

También han arreciado la persecución y el castigo a quienes practican "actividades económicas ilícitas", la "especulación", y el "acaparamiento", delitos especialmente sensibles para un país que sufre de desabastecimiento crónico, agudizado ahora por la pandemia.

El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo informó de que en la Isla se han celebrado 418 juicios por "delitos asociados a la covid-19" en los que se ha juzgado a 506 personas y sancionado a 503. De las personas condenadas, 335 recibieron penas de cárcel porque sus conductas "atacan un bien preciado como es la salud, ponen en riesgo la seguridad colectiva y llevan una respuesta fuerte", insistió el letrado.

Varios juicios han sido televisados como "medida ejemplarizante" y la policía ha permitido que medios estatales acompañen a los agentes en redadas para capturar a delincuentes, quienes son identificados e interpelados en cámara.

"Son procesos tramitados con celeridad, garantizando el debido proceso y los derechos de las personas, pero con rapidez para que la respuesta sea pronta, como lo necesita el momento", advirtió Molina.

Hasta el momento, las autoridades cubanas han asegurado que no hay brotes ni casos de covid-19 en las prisiones de la isla, donde se ha extremado la prevención para evitar contagios y se han establecido periodos de aislamiento para los nuevos reclusos.

Pese a la recomendación oficial de permanecer en casa, varios periodistas independientes y activistas cubanos han sido citados recientemente para presentarse a  "entrevistas" en dependencias policiales.

A algunos se les han impuesto multas por presuntamente haber vulnerado, mediante publicaciones en las redes sociales, el Decreto Ley 370, que entre otras cuestiones regula el uso de las tecnologías de información y comunicación en el país, pero no el ejercicio del periodismo en sí.

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