La reforma económica a la que parece encaminarse Cuba arroja más dudas que certezas. Mientras que el Partido Comunista se prepara para debatir el plan del régimen en abril, varios especialistas anticipan que los cambios para abrir algunos sectores a la iniciativa privada y para modificar su cultura de gerencia parecen un desafío cuesta arriba.

Coinciden en que son pasos correctos para apuntalar la deteriorada economía de la isla, pero cuestionan que el Estado, cuya gestión tiene una extensa historia de desaciertos, va seguir siendo casi omnipresente en el control.

El gobernante "Raúl (Castro) tendrá que traer gente de otro planeta o sacarlos de no sé dónde", dijo el director ejecutivo de una empresa estatal mediana. "Hay mucha gente viviendo bien de este desorden para que sean ellos mismos los que traten de arreglarlos", explicó el funcionario, que pidió no ser identificado.

El plan implica que el Estado deberá ceder gran parte de la agricultura, los servicios minoristas y la producción a pequeña escala de negocios familiares, las cooperativas y los contratos de arrendamiento durante los próximos años.

Sin embargo, no existen indicios de que las medidas abarquen otros sectores. Las propuestas simplemente piden cambios en la forma en que a menudo son dirigidas las empresas estatales, que rara vez resultan rentables.

El régimen prevé que con la reforma el "control de las gestión empresarial se basaría principalmente en un método económico-financiero en lugar de métodos administrativos". De ese modo, las empresas disfrutarán de una mayor autonomía para gestionar fondos y tomar decisiones de negocios.

Las aproximadamente 3.700 compañías estatales gestionan gran parte de la economía cubana. "Estimo que entre el 35 y el 40 por ciento de las empresas son fundamentales para la economía y más del 50 por ciento de ellas no son rentables", indicó un funcionario, que pidió nos ser identificado porque tiene prohibido hablar con periodistas.

Cambio cultural

Esas empresas están actualmente administradas desde los ministerios, que nombran a los ejecutivos, revisan los planes productivos, establecen salarios, controlan importaciones y exportaciones, la gestión mixta con empresas extranjeras y realizan inspecciones sin fin.

Fuentes cercanas al régimen reconocieron que existían planes para la eliminación de grupos de empresas, en favor de grupos de empresas públicas que operen fuera del Estado.

Un economista local advirtió que las propuestas plantean más preguntas que soluciones: "Todo eso suena muy bien, es un punto de avance pero tiene que ver cómo funciona en la práctica". Y agregó que para que funcione "tiene que cambiar la cultura administrativa del país", agregó.

Según el especialista, las propuestas no dejan claro las prerrogativas que tendrían las compañías estatales, cómo liquidarían las deudas que se contrajeron entre ellas y con  entidades extranjeras, o si el creciente papel de los militares en la economía -estimado entre el 30 y el 35 por ciento-, es algo temporal o permanente.

Media docena de directores estatales en activo y jubilados dijeron que las propuestas, aunque positivas, son demasiado imprecisas. Muchos se mostraron escépticos de que los planes se apliquen correctamente en el futuro.

"Si esos lineamientos se aplican con rigor y con inteligencia, la situación se va a revertir. El problema es cómo aplicarlos", dijo un antiguo ejecutivo de la industria de las comunicaciones.

Aníbal, un ejecutivo jubilado de la industria alimenticia, señaló que la voluntad del Estado para aflojar el control sobre las empresas tenía que verse para creerse. Como ejemplo citó el actual recorte de unos 500 mil empleos estatales, para lo que el régimen fijó cuotas a cada empresa y un recorte de las licencias de importación y exportación de ciertas firmas estatales.

"Estas y otras contradicciones similares, son las que me hacen dudar de la real voluntad de cambiar todo un entramado de medidas que han ahogado a las empresas hasta ahora", señaló.

La Fiscalía cubana solicitó 20 años de cárcel para el contratista estadounidense Alan Gross y cuyo arresto hace más de un año frenó abruptamente un acercamiento entre ambos enemigos de la Guerra Fría, según dijo el viernes la prensa oficial, informó Reuters.

Según una nota publicada por la edición electrónica del diario oficial Granma, Gross es acusado de "Actos Contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado".

"La Fiscalía solicita una sanción de 20 años de privación de libertad. La fecha del juicio será fijada en breve", dice el texto oficial.

El contratista de 62 años fue detenido en La Habana el 3 de diciembre de 2009. Trabajaba para un programa financiado por el Gobierno estadounidense para promover cambios políticos en Cuba.

Las autoridades lo acusan de distribuir equipos de comunicación satelital prohibidos en la Isla.

Una funcionaria del Departamento de Estado dijo en enero ser "prudentemente optimista" de que Gross sería sometido a juicio y luego repatriado.

AUTORIDADES NORTEAMERICANAS PREOCUPADAS POR EL FUTURO DE GROSS

La Casa Blanca dijo este viernes estar "muy preocupada" por el bienestar del contratista estadounidense Alan Gross, detenido en La Habana desde hace más de un año, y pidió a al gobierno cubano su "inmediata liberación", reportó EFE.

La intención del gobierno cubano de pedir 20 años de cárcel para Gross, anunciada este viernes, "agrava la injusticia sufrida por un hombre que estaba ayudando a aumentar el libre flujo de información de, hacia y entre el pueblo cubano", dijo la Casa Blanca en un comunicado.

La Habana adelantó que fijará "en breve" la fecha del juicio contra el contratista, quien lleva 14 meses detenido en la Isla.

La Fiscalía cubana pedirá una pena de 20 años de cárcel contra Gross por un delito de "actos contra la independencia o integridad territorial".

Según una nota difundida por varios medios oficiales cubanos, esta información se ha trasladado por "vía diplomática" al Gobierno de los Estados Unidos, al que también se ha notificado que "sus representantes consulares, los familiares de Gross y los abogados de la familia podrán participar en el juicio".

"En lugar de liberar a Gross, para que pueda regresar a casa con su familia y sus hijos, la decisión hoy de las autoridades cubanas agrava la injusticia", dijo la Casa Blanca.

Por su parte, el Departamento de Estado señaló que la detención del contratista estadounidense es contraria a todas las obligaciones en materia de derechos humanos y compromisos en materia de justicia y debido proceso.

Gross, de 61 años, es un subcontratista de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) y trabaja para la empresa Development Alternatives (DAI), con sede en Maryland, que se dedica a labores de desarrollo en otros países.

Su detención en Cuba se produjo el 3 de diciembre de 2009. El gobierno cubano le acusó de espionaje, aunque hasta ahora no había presentado cargos en su contra.

Ros-Lehtinen: El caso demuestra que no se puede "negociar con dictadores despiadados"

La legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen, que preside el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara baja de Estados Unidos, calificó de "inconcebible" el que La Habana planee sentenciar a 20 años de cárcel a Gross.

"Es indignante el que Alan Gross se haya visto forzado a sufrir el encarcelamiento injustificado en Cuba durante más de un año", señaló Ros-Lehtinen en un comunicado.

En su opinión, el caso es una prueba más de que Estados Unidos "no puede negociar con dictadores despiadados".

La "insistencia" de la Casa Blanca de extender la mano a La Habana y buscar reducir las restricciones equivale a "recompensar" a los "déspotas hermanos Castro" al tiempo que socava los intereses y la seguridad de Estados Unidos, añadió.