Por Carlos Alberto Montaner.-

(Infolatam).- Los costarricenses y los salvadoreños acudirán próximamente a las urnas. En ambos casos lo que está en juego no es la administración del gobierno, sino el modelo del Estado. En los dos países existen candidatos antisistema, verdaderos dinamiteros políticos, con algunas posibilidades de triunfar.

Los dos políticos son marxistas, o vecinos de ese viejo y desacreditado disparate, indiferentes a la realidad, convencidos de las virtudes del colectivismo, de la planificación centralizada, y de la superioridad moral y práctica del Estado para dirigir a la sociedad, producir, asignar recursos, y repartir la riqueza, pese a la catastrófica experiencia del “socialismo real”.

Jose María Villata, candidato del Fente Amplio en Costa Rica Fotografia Mario Rojas/La Nacion

Realmente, es sorprendente que los dos personajes no entiendan las ventajas de la democracia liberal, combinada con la existencia de la propiedad privada y el mercado, como fórmula para generar riquezas, fomentar enormes sectores de clases medias, y sacar de la pobreza a los más necesitados. Es como si las convicciones políticas les hubieran creado unas cataratas ideológicas que les impiden examinar la realidad objetivamente.

Es muy sencillo revisar el Índice de Desarrollo Humano que todos los años publica Naciones Unidas, y comprobar que los veinticinco países más prósperos y felices del planeta, aquellos a los que acuden en masa los trabajadores del Tercer Mundo en busca de un mejor destino, son, precisamente, naciones en las que prevalecen las libertades económicas y políticas, aunadas a los principios con que surgieron nuestras repúblicas.

Salvador Sanchez Ceren candidato de FMLN de El Salvador

Pueden ser repúblicas presidencialistas o monarquías parlamentarias, países diminutos o enormes, pero todos comparten los mismos valores y tienen similares características institucionales: democracia plural, respeto por los derechos humanos, cambio peri[odico de las autoridades mediante elecciones libres, división de poderes, igualdad ante la ley, meritocracia, rendición de cuentas, respeto por la propiedad privada, mercado, competencia, y una suerte de principio de subsidiariedad.

En esas naciones, hoy, tras más de cien años de experiencia, saben que el Estado sólo debe convertirse en agente económico, y siempre con carácter provisional, en los pocos ámbitos en que la sociedad civil no sea capaz de actuar. Casi todos coinciden en que los ciudadanos no deben vivir del Estado, sino al revés: es el Estado el que existe gracias al esfuerzo de los ciudadanos.

Esa fórmula, la democracia liberal, la más exitosa que ha conocido la historia, además, le otorga a la sociedad civil la posibilidad de exigirles a los funcionarios que cumplan con su deber, siempre subordinados a la ley, porque son servidores públicos. Se les paga para que obedezcan a la sociedad de acuerdo con las reglas aprobadas, no para que la manden a su antojo.

Es posible que los dos candidatos ultrarradicales, el tico y el salvadoreño, defiendan sus propuestas políticas afirmando que en sus países ese modelo no ha dado los mismos resultados que en las veinticinco naciones de marras, pero no hay la menor duda de que la culpa no es del modelo, que ha funcionado en todas las latitudes y en todas las culturas, sino de quienes lo han implementado torpe o limitadamente.

Lo que se necesita en América Latina son buenos reformistas democráticos y no malos dinamiteros. Ya sabemos lo que ha sucedido cuando los malos dinamiteros de la izquierda y la derecha han experimentado con el fascismo, el militarismo, el comunismo, las terceras vías, o esa amalgama autoritaria a la que llaman Socialismo del Siglo XXI. Ojalá que ticos y salvadoreños no caigan en ese abismo insondable. Luego es muy doloroso escapar de este miserable agujero.

Tomado de INFOLATAM

Por Mario Vargas Llosa.-

“Que haya una economía de mercado y se respete la propiedad privada no bastan, por sí solas, para garantizar la libertad de prensa en un país. Esta se ve amenazada, también, si un grupo económico pasa a controlar de manera significativamente mayoritaria los medios de comunicación escritos o audiovisuales. Es lo que acaba de ocurrir en el Perú con la compra, por el grupo El Comercio, de los diarios de Epensa, operación que le asegura el control de poco menos que el 80% de la prensa escrita en el país. (El Comercio posee también un canal de cable y el más importante canal de televisión de señal abierta del Perú). Esto ha generado un intenso debate sobre la libertad de información y de crítica, algo, me parece, sumamente útil porque el tema desborda el ámbito nacional y afecta a buena parte de los países latinoamericanos.

Ocho periodistas han presentado una acción de amparo al Poder Judicial pidiendo que anule aquella compra, pues, alegan, transgrede el principio constitucional prohibiendo que los medios sean “objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento”. Por su parte, El Comercio sostiene que el modelo de compra que ha efectuado con los diarios de Epensa sólo concierne a su impresión y distribución, y preserva su línea editorial. Sin embargo, según precisó Enrique Zileri Gibson, uno de aquellos ocho periodistas, ni uno solo de los diarios de El Comercio y de Epensa informó que el Poder Judicial había dado trámite a la acción de amparo en contra de la fusión. ¿Esta unanimidad en el silenciamiento era puramente casual?

Ningún país democrático admite que un órgano de prensa acapare porcentajes elevados del mercado de la información, porque, si lo admitiera, la libertad de prensa y el derecho de crítica se verían tan radicalmente amenazados como cuando el poder político se apropia de los medios para “liberarlos de la explotación capitalista”. La pregunta clave es: ¿cuál es la mejor manera de impedir el monopolio, privado o estatal, de la información? ¿Una ley de medios, discutida y aprobada en el Parlamento? Es lo que ha anunciado que presentará un congresista, Manuel Dammert, proyecto que contaría con el apoyo de dos de los partidos que sostienen al Gobierno del Presidente Humala.

Este sería, en mi opinión, un remedio peor que la enfermedad. En vez de garantizar la diversificación informativa, pondría en manos del poder político un arma que le permitiría recortar la libertad de prensa y hasta abolirla. Es verdad que en varias democracias avanzadas hay leyes específicas contra el monopolio y organismos de Estado que verifican su cumplimiento, como la española Comisión Nacional de la Competencia. Son organismos de Estado, no de Gobierno. Esta distinción sólo es real en las sociedades desarrolladas. En el mundo del subdesarrollo la diferencia entre Estado y Gobierno es retórica, pues, en la práctica éste último coloniza el Estado y lo pone a su servicio. Por eso, todas las leyes de medios que se han dado en los últimos años en América Latina, en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, han servido a gobiernos populistas o autoritarios para recortar drásticamente la libertad de información y de opinión y hacer pender, como una Espada de Damocles, la amenaza del cierre, la censura o la expropiación, a los órganos de prensa indóciles y críticos de su gestión.

… cuando un órgano de prensa anula a los competidores y se convierte en amo y señor de la información, ésta pasa a ser un monólogo tan cacofónico como el de una prensa estatizada y con ella no sólo la libertad de información y de crítica se deterioran, también la libertad a secas se halla en peligro de eclipsarse.

La manera más sensata de conjurar este peligro es, creo, la que han elegido los ocho valientes periodistas que se han enfrentado al gigante: recurrir al Poder Judicial a fin de que determine si la fusión transgrede el principio constitucional contra el monopolio y el acaparamiento, como creemos muchos demócratas peruanos, o es lícita. Este proceso, con las inevitables apelaciones, puede llegar hasta las más altas instancias judiciales, desde luego, e, incluso al Tribunal Constitucional o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de San José. A mí me gustaría que llegara hasta allí, porque ésta es una institución verdaderamente independiente y capaz, de modo que su fallo tiene más posibilidades de obtener el asentimiento de la opinión pública peruana.

…Una ley de prensa sólo es aceptable si ella nace del consenso de todas las fuerzas democráticas de un país, como ocurre en Estados Unidos, el Reino Unido, España o Francia, algo que, en las actuales circunstancias, en el Perú, donde la vida política está fracturada y enconada hasta extremos absurdos —precisamente en el momento en que su economía marcha mejor, la democracia funciona, crece la clase media, progresa la lucha contra la pobreza y la imagen exterior del país es muy positiva—, jamás se produciría y la fractura y el encono aumentarían en un debate donde los argumentos legales y principistas serían arrasados en la incandescencia del debate político.

Pero, aún si se produjera aquel consenso, yo creo que una ley de medios es innecesaria cuando existe un dispositivo constitucional tan claro respecto a la necesidad de mantener el carácter plural y diverso de la prensa, a fin de que los distintos puntos de vista encuentren cómo expresarse. Es mejor que cuando se susciten casos como el que nos ocupa, se recurra al Poder Judicial, de manera específica, en busca de una solución concreta al asunto materia de controversia. Es un procedimiento más lento, sin duda, pero con menos riesgos en lo que concierne al objetivo primordial: preservar una libertad de opinión y de crítica sin la cual la democracia se desmorona como un castillo de naipes.

Tomado de INFOLATAM