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Evo Morales y el secuestro de un senador PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Sábado, 01 de Junio de 2013 09:38

Por Pedro Corzo.-

Evo Morales, se ha sumado a la larga lista de déspotas del hemisferio que niegan el salvoconducto a los asilados para que puedan abandonar el país, situación que convierte al internado en un rehén del gobierno.

El senador opositor Roger Pinto cumplió un año secuestrado en la embajada brasileña porque el gobierno de Bolivia no le concede  la autorización necesaria para salir del país.

La oposición boliviana acusó al canciller brasileño Antonio Patriota de la situación que enfrenta el legislador. Numerosos analistas consideran que el gobierno de Brasil no ha ejercido la presión necesaria para que La Paz conceda el salvoconducto a Pinto, lo que testimonia que la mutua protección, el silencio cómplice o un dejar hacer, siguen siendo una práctica regular entre los gobiernos de nuestro continente.

Los mandatarios latinoamericanos continúan escondiendo la cabeza en la ignominia, los avestruces al menos lo hacen en la tierra,  cuando sus colegas actúan contra los derechos de sus propios ciudadanos.

Son contadas las excepciones en las que un presidente latinoamericano en ejercicio cuestiona o critica a un homólogo. La doble moral, en este caso llamada diplomacia o no intervención, prima sobre el derecho y el más elemental sentido de justicia, valores que no deberían reconocer fronteras,  alianzas políticas o factores económicos.

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff una mujer que fue perseguida por la Junta Militar de Brasil, que debería tener una especial sensibilidad ante estas situaciones, no ha actuado con firmeza en la defensa de un perseguido político, una actitud en cierta medida contraria a la propia constitución brasileña que consagra el derecho de asilo en su artículo cuarto.

El legislador Pinto presentó un recurso de habeas corpus extraterritorial ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil para qué el gobierno de Rousseff hiciera prevalecer el asilo político que le concedió en mayo del pasado año.

Por su parte el senador brasileño Álvaro Días denunció a Bolivia  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos reclamando garantías para que el senador asilado, quien solo puede recibir visitas de familiares muy allegados, abogados y su médico, pueda viajar a Brasil.

Días, en su declaración destaca la criminalización de la justicia en Bolivia y su dependencia del poder ejecutivo, una práctica regular en todos los países del denominado Socialismo del Siglo XXI.

También acusa entre otros al presidente Evo Morales y al vicepresidente, Álvaro García Linera por la situación que sufre el senador Pinto, que en su momento denunció el nepotismo del gobierno, la posible participación de entidades oficiales en el narcotráfico, la brutalidad policial y el control que ejerce el ejecutivo sobre el poder judicial.

El senador Días imputó al gobierno boliviano de haber arrestado a 12 aficionados del equipo brasileño de futbol Corinthians en represalia por el asilo que Brasil concedió al senador.

Los 12 fanáticos del  equipo brasileño se encuentran detenidos en Oruro, Bolivia, por su presunta participación en la muerte del adolescente Kevin Beltrán Espada, alcanzado por una bengala que le causó la muerte, a pesar de que otro fanático del equipo se declaró culpable del incidente.

Varios legisladores brasileños han manifestado preocupación e interés en la situación de sus compatriotas presos en Bolivia y los cancilleres de La Paz y Brasilia, reunidos en Cochabamba, acordaron conformar una comisión binacional encargada de buscar solución al caso Pinto, sin embargo el canciller boliviano, David Choquehuanca, ratificó la postura de su gobierno y dijo que no era viable conceder el salvoconducto al refugiado.

A su vez el presidente Morales dijo que el proceso está en los tribunales y que estos son independientes, agregó que el caso no ha afectado "para nada" a las relaciones con Brasil que, según afirmó son "muy fluidas".

La confabulación entre gobiernos es una realidad. Recordemos la estrecha colaboración  entre la dictadura militar argentina con el totalitarismo castrista en las reuniones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.

Las dos dictaduras se asociaron para evitar ser condenadas por las tropelías que la una y otra cometían contras sus respectivos pueblos. Dos regímenes de políticas e ideologías absolutamente antagónicas fueron capaces de prestarse apoyo mutuo para lograr sobrevivir. La extinta Unión Soviética tuvo un importante rol en esta sucia componenda.

No pocos gobernante consideran importante pasar por alto los abusos y errores de sus colegas, ya que esperan que sus homólogos tengan igual nivel de compresión si ellos se vieran precisado a actuar fuera del marco de los derechos ciudadanos, un oportunismo que viene afectando los cimientos de la solidaridad hemisférica, y en consecuencia la credibilidad de los políticos y la confianza de los ciudadanos en la democracia.

Tomado de MARTINOTICIAS

Pedro Corzo

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Pedro Corzo, Santa Clara, 1943. Trabaja en Radio Martí desde 1998. Conferencista y escritor. Residió en Venezuela durante doce años y colaboró allí en varios medios de información.

Es presentador del programa Opiniones de WLRN, Canal 17 y columnista de El Nuevo Herald. Ha producido varios documentales históricos entre ellos Zapata, Boitel y Los Sin Derechos.

 
Matonismo PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Domingo, 05 de Mayo de 2013 11:42

Maduro ha escogido el peor de los caminos para resolver la crisis venezolana

Editorial de EL PAÍS; MADRID; ESPAÑA.-

La brutal agresión sufrida el martes por varios diputados opositores de Venezuela, en plena sesión parlamentaria, a manos de rivales —y guardaespaldas— chavistas muestra ya sin tapujos el rumbo deplorable que han adoptado los herederos de Hugo Chávez tras las elecciones del 14 de abril. Tras violar sus propias leyes y rechazar el legítimo recuento de votos que exige Henrique Capriles, el Gobierno de Nicolás Maduro —que oficialmente ganó por un margen de 1,5 puntos— está escogiendo opciones destructivas.

Además de tolerar los ataques físicos —hace dos semanas le abrieron la cabeza a otro diputado—, el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, ha prohibido el uso de la palabra a los representantes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) en tanto no reconozcan la victoria de Maduro. Ya lo había profetizado el propio Cabello: “Chávez era el muro de contención de muchas de esas ideas locas que se nos ocurren a nosotros”.

En la calle, la persecución política ha comenzado. El general retirado y opositor Antonio Rivero ha sido detenido bajo la acusación de estar vinculado a las protestas poselectorales. Varios dirigentes universitarios están en la mira por “preparar emboscadas contra el pueblo y la patria”. Del acoso no se libra el propio Capriles, a quien la ministra del Servicio Penitenciario ha anunciado que ya tiene lista su celda. El líder opositor ha denunciado que el Gobierno acaba de suspender la entrega de los recursos que le corresponden al Estado de Miranda, del que es gobernador.

Las represalias se extienden a los trabajadores. La MUD ha recibido 4.000 denuncias de empleados públicos que han sido despedidos, degradados o amenazados por ser sospechosos de simpatizar con la oposición.

Transformado en una caricatura de Chávez —como volvió a mostrar ayer en su extemporánea arremetida contra el ministro de Exteriores de España—, Maduro ha demostrado, hasta ahora, que no está a la altura del cargo. Por ningún lado asoma el pragmatismo que algunos le adjudicaban. Ha escogido el peor de los caminos posibles, porque enfrente no tiene a un candidato, sino a la mitad del país. Nada bueno puede salir de la confrontación.

Ante la grave situación que vive Venezuela, la OEA no debe seguir mirando hacia otro lado. Y las democracias latinoamericanas tampoco deben obviar o minimizar estos atropellos.

 
La técnica de domesticación humana PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Domingo, 05 de Mayo de 2013 10:13

Por Carlos Alberto Montaner.-

Once diputados de la Unidad Democrática fueron golpeados en la Asamblea Nacional de Venezuela. Algunos de ellos, como María Corina Machado, tuvieron que pasar por el quirófano. Le rompieron el tabique nasal y la patearon en el suelo. La fractura de Julio Borges, en pleno rostro, parece que no tiene solución quirúrgica.

El gobierno ha querido presentar la agresión como el resultado de una provocación de los opositores o como una trifulca de las que ocasionalmente se producen en los parlamentos, pero no hay nada de eso.

Lo que sucedió en Caracas es mucho más grave. Estamos ante una medida punitiva encaminada a someter a la obediencia a los parlamentarios de la oposición. Es parte de un cruel ejercicio de domesticación.

Previamente, el teniente Diosdado Cabello, presidente del Parlamento, el gran domador de caballos, los había silenciado. Como los diputados insistían en hablar y reclamaban su derecho a expresar sus criterios, función para la que habían sido elegidos, Cabello decidió darles unos cuantos fustazos.

Ésa es la lógica del castrismo en su más pura esencia: al enemigo se le intimida, golpea o encarcela hasta que obedezca. Y si resiste tercamente, siempre es posible fusilarlo como una forma de escarmiento colectivo. Al general Arnaldo Ochoa, por ejemplo, lo fusilaron para mandarles un mensaje a sus compañeros del ejército: el que se mueva, es hombre muerto.

En Cuba –que ahora copian los venezolanos del triste bando de Maduro y Cabello– hay distintos anillos represivos.

El primero es la advertencia. Un policía se acerca a la casa del ciudadano díscolo y le explica que por el camino que va será echado del trabajo o de la universidad, a menos de que deponga su actitud contestataria y acepte su revolucionario papel de aplaudir dócilmente a los jefes.

Si la persona insiste en su actitud rebelde, se toman represalias en sus centros de trabajo o estudio. Es el segundo anillo represivo. Ya Fidel explicó, hace muchos años, y ha sido una regla inflexible, que “la universidad es para los revolucionarios”.

Lo mismo sucede con los buenos trabajos o con las prebendas que dispensa el poder a sus paniaguados (autos, viviendas decentes, viajes al extranjero). La buena vida es para unos pocos revolucionarios.

Como conductistas extremos, los Castro moldean la conducta de los cubanos con refuerzos positivos y negativos. Dulces para el que obedece. Palos para el que protesta. Muerte para el que se excede peligrosamente. Así han gobernado más de medio siglo.

El tercer anillo son los llamados “actos de repudio”. “El pueblo enardecido” insulta, escupe, zarandea y golpea a los ciudadanos desobedientes. La turba penetra en sus casas y lo destroza todo. Si intentan defenderse, entonces entran en acción “las brigadas de respuesta rápida”.

Ése es el cuarto anillo represivo: matones armados con estacas que machacan al disidente. Luego la policía acusa a la víctima de escándalo en la vía pública, lo que acarrea pena de cárcel.

Por último, el quinto anillo represivo es el formado por las tropas especiales. Son militares entrenados para hacer mucho daño con sus armas de fuego, sus porras o sus puños –son karatekas, yudocas, boxeadores–, y no les tiembla el pulso si tienen que matar a golpes o a tiros a los “enemigos de la revolución”.

Maduro y su entorno, bajo la dirección de “los cubanos”, van a utilizar fielmente este modelo represivo para controlar a la sociedad venezolana, de manera que no se les escape el poder de las manos. Lo que pasó en la Asamblea Nacional es parte del adiestramiento.

La meta es impedir a cualquier costo el referéndum revocatorio que puede convocarse dentro de tres años. Los chavistas ya están seguros de que son minoría y están convencidos de que tienen poco tiempo para someter a todos los venezolanos a la obediencia, el silencio y el aplauso. Por eso están dando golpes y desbravando a los rebeldes. Tienen poco tiempo para juntar el rebaño.

Periodista y escritor. Su último libro es la novela Otra vez adiós.

www.firmaspress.com


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Bolivia: el imposible equilibrio entre democracia y revolución PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Miércoles, 01 de Mayo de 2013 11:48

Por Fernando Molina.-

Como muchos previeron desde el principio, el Tribunal Constitucional boliviano decidió habilitar al presidente Evo Morales para su “re-reelección” en 2014, pese a la prohibición expresa de la nueva Constitución y a la propia renuncia que Evo hizo en 2008 de esta posibilidad, a fin de lograr un pacto con la oposición que permitiera la aprobación, justamente, de esta Constitución.

La sentencia del Tribunal señala que el primer mandato de Evo Morales no cuenta y, por tanto, su postulación en 2014 constituirá una reelección simple, la cual sí está permitida. El argumento de los magistrados es el siguiente: la Constitución da paso a “un nuevo Estado”, es decir, actúa como un parte-aguas legal. Sin embargo, una disposición especial de esta misma Constitución, disposición que en su momento fue arduamente negociada con la oposición, señala que los mandatos previos a la aprobación de esta norma “serán tomados en cuenta” para la aplicación de la restricción que ahora ha quedado suspendida.

El fallo del Tribunal, por tanto, es abiertamente contrario al texto de la Constitución, lo que explica el furor de los opositores, que de forma unánime e inmediata condenaron lo que consideran una lastimosa subordinación del órgano judicial al Gobierno de Morales.

El camino legítimo que podía haber transitado el Presidente boliviano para postular de nuevo era convocar a un referendo para reformar la Constitución, pero Evo prefirió evitarse este trámite, seguramente porque no estaba seguro de cuál sería el resultado de un plebiscito que enfrentara a su aún poderoso –pero ya no imbatible– partido a toda la oposición unida. En cambio, en las elecciones generales de 2014 Morales tendrá que combatir a varios grupos que, aunque se ubiquen todos ellos en contra de su gobierno, se hallan ideológica y territorialmente divididos entre sí.

Con esta maniobra, los conductores de la “revolución en democracia” boliviana probaron que el equilibrio entre estos dos conceptos tiende a romperse en el momento en que determinados principios de la “democracia” perjudican la continuación de la “revolución”. Aquella es por tanto simétrica al llamamiento de Nicolás Maduro a las Fuerzas Armadas venezolanas, durante la última campaña electoral, a que conservaran la revolución chavista en marcha.

Esta decantación por la revolución en contra de la democracia nos permite concluir que el apoyo que hace un tiempo determinadas corrientes tradicionalmente violentistas dieron a la segunda, y que les permitió tomar el poder, fue una “conversión sin fe” dictada por la conveniencia antes que por la convicción política.

Tener fe en la democracia significa respetar los mecanismos que forman parte de ella para “disminuir el poder” de los gobernantes, es decir, para limitar su capacidad de sobreponerse a la ley y actuar discrecionalmente. En Bolivia uno de estos mecanismos ha sido por largo tiempo la prohibición de la reelección, pues ésta siempre se ha prestado para que el caudillo de turno use el aparato del Estado en contra de sus oponentes.

Al redactar la nueva Constitución, el MAS de Morales quiso flexibilizar esta prohibición, lo que despertó los temores de la oposición. Fue en ese momento en que el Presidente boliviano, para tranquilizar a la opinión pública, “renunció” a un tercer mandato, porque –según dijo en un discurso que se está reproduciendo durante estos días– “Evo Morales no es ambicioso ni egoísta”.

Los mecanismos democráticos

Ahora que ya no necesita hacer concesiones, el oficialismo no tiene ningún problema en desdecirse y se muestra sobre todo como “egocéntrico”, esto es, limitado al ego de su caudillo. Evo es tan importante para la conservación del MAS en el poder que todo vale para imponerlo en las elecciones próximas: desde el desprestigio seguramente irreversible del Tribunal Constitucional por culpa de este fallo, hasta la ruptura de la Constitución, que hace no mucho se consideraba la llave que abriría a los bolivianos las puertas a una nueva sociedad.

La prohibición de la reelección es un mecanismo democrático entre otros. No el más importante, sin embargo. Este sitial está reservado para el respeto de los más fuertes (los que son capaces de ganar una elección, como Evo puede hacerlo, o los que son capaces de manipular el aparato judicial, como acaba de ocurrir en este caso) por una regulación objetiva y supra-personal que llamamos “ley”.

Los argumentos de los intelectuales cercanos al Gobierno, en sentido de que lo único que importa es que la gente vote con autenticidad, son erróneos y están orientados a convalidar la actuación gubernamental. Tan o más importante que la expresión de una mayoría es asegurar que las normas sean iguales para todos. De lo contrario, ¿quién evitará que las minorías sean atropelladas con el propósito de que nunca lleguen a formar una mayoría alternativa, la mayoría del futuro? ¿Cómo se impedirá que la masa de los ciudadanos sea sustituida por la vanguardia de los mandones? Sin respeto a la ley, ¿cómo se puede evitar la arbitrariedad del gobernante, el juicio sumario del disidente, la condena extrajudicial del adversario, la defenestración o la “muerte civil” del rebelde? Y sin estas garantías, ¿de qué democracia estamos hablando?

La democracia busca evitar el poder desmedido y, por tanto, se detiene, temblorosa, ante la majestad de la ley. La revolución, en cambio, no duda en pasar encima de la ley si esto le asegura un mayor poder. Esta es la contradicción que convierte las “revoluciones en democracia” en una ilusión.

Tomado de INFOLATAM

 
Venezuela: ¿muerto por muerto? PDF Imprimir E-mail
Escrito por Tomado de INFOBAE   
Sábado, 20 de Abril de 2013 10:19

Por Jorge Castañeda.-

Actuar con selectividad en lo internacional es una magnífica receta para el pragmatismo, pero genera también consecuencias contraproducentes. Unos con más celeridad que otros, otros con más razones que unos, los gobiernos de la región se precipitaron no sólo a reconocer el resultado venezolano, sino a respaldar a Nicolás Maduro, sin preocuparse por los motivos de la protesta opositora.

No tiene nada de malo si se pretende seguir con el sacrosanto y obsoleto principio de no intervención. Pero si les interesa vivir en el siglo XXI, deben compatibilizar su obsesión con sus compromisos sobre la defensa colectiva de la democracia y los derechos humanos.

Como se sabe, la oposición venezolana ha insistido en un recuento “voto por voto“, o “auditoría” como se le llama en su ley electoral. El domingo, el candidato chavista, Nicolás Maduro, parecía aceptar el recuento de todas las casillas o centros electorales previsto por la ley. El lunes cambió de parecer -tal vez lo convenció un pajarito- y se ha negado a cualquier auditoría. El Consejo Nacional Electoral aceptó su reculada y lo certificó como Presidente. La oposición insiste en el recuento, alegando que hay más de 3 mil “incidencias electorales”, que no se han contado los votos en el extranjero, y que nada justifica la ausencia del recuento. La ley electoral venezolana tan lo tiene previsto, que en su discurso del domingo, Maduro dijo que la ley era tan avanzada que preveía exactamente cuántas casillas deberían recontarse: 54%. Es muy posible que el recuento arroje un resultado como el de México en 2006: el mismo. Es posible también que la protesta callejera y de cacerolazos de la oposición encabezada por Capriles se desinfle con el tiempo. Y es posible también que los siete muertos del martes no sean producto gubernamental. Pero también es posible que todo se deteriore en los próximos días.

Maduro prohibió ya la manifestación de sus opositores el miércoles; amenazó con aplicar mano dura y, según los rumores reproducidos en la prensa internacional, con detener a Capriles; el ministro de Relaciones Exteriores, la fiscal del país y el presidente del Congreso han manifestado intenciones semejantes.

Ante este panorama emergen dos peligros. El primero es que la represión se agudice; se prohíban las manifestaciones; que se destituya a Capriles como gobernador de Miranda, y se establezca un virtual estado de sitio mientras no cesen las protestas. Frente a esto, habrá que ver si los gobiernos latinoamericanos se siguen haciendo de la vista gorda, ya no sobre un fraude electoral en Venezuela, sino ante una represión sangrienta.

La otra posibilidad, seguramente de menor agrado para los Kirchner, Evos, Ortegas, Correas, Rousseffs, y… ¿Peña? es que Maduro siga perdiendo los estribos, y entre la histeria, el agotamiento, la tristeza, y la llana mediocridad, se pierda todo control. Surgiría entonces la tentación para un sector o la totalidad del ejército de intervenir para defenestrar a Maduro, y ya sea pactar una salida con la oposición, ya sea colocar a un militar en Miraflores: en buen castellano, un golpe de Estado.

El golpe puede ser de “izquierda” o de “derecha”. A muchos gobiernos latinoamericanos les encantaría el primero y repudiarían el segundo. El problema es que su autoridad moral para condenar un golpe que llevara a algún arreglo con la oposición, a la anulación de las elecciones y pedir nuevos comicios, sería escasa. Quien no condenó el fraude y la represión, la pantomima del funeral/acto de campaña, la manipulación de la muerte de Chávez y las mentiras sobre su salud, difícilmente podrá condenar un golpe producto de esos acontecimientos. Supongo que esto lo reflexionaron detenidamente en la Cancillería, estuvieron bien enterados gracias a los informes de nuestro embajador en Caracas (perdón, se me olvidaba que no tenemos) y después de horas de análisis concluyeron que era mejor alinearse con el ALBA que con Europa, Estados Unidos y Canadá.

Tomado de INFOBAE

 
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