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Artigos: Latinoamérica Democrática
Robar no es un pecado PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Jueves, 13 de Abril de 2017 12:18

Por JORGE ZEPEDA PATTERSON.-

El debilitamiento gradual del presidencialismo en México tuvo un efecto secundario deplorable: hizo de cada Ejecutivo estatal un reyezuelo. Con la detención de Tomás Yarrington en Italia la lista es ya aterradora: seis exgobernadores en la cárcel, dos que ya han estado entre las rejas, tres prófugos y 10 con escándalos de corrupción (la recopilación es de Georgina Morett). En total 21 gobernadores y sus riquezas inexplicables han sido exhibidos en los últimos años.

Un récord si consideramos que sólo hay 32 entidades federativas en México. Prácticamente desde siempre convertirse en gobernador garantizaba hacerse millonario, gracias a las prerrogativas discrecionales que gozan estos monarcas locales.

En los últimos años también equivale a convertirse en delincuente. El debilitamiento gradual del presidencialismo en los últimos 20 años, aplaudido por todos, tuvo un efecto secundario deplorable: hizo de cada Ejecutivo estatal un reyezuelo. Consultoras especializadas (entre ellas las del exministro Pedro Aspe) desarrollaron estrategias financieras que permitieron a las tesorerías locales superar sus topes históricos de endeudamiento.

En muy poco tiempo los mandatarios locales nadaban entre fortunas ingentes y escasos contrapesos. Desde entonces los excesos y abusos en una escala sin precedente han sido la norma.Todos estos escándalos y aprehensiones no obedecen, por desgracia, a una mejora del desempeño de tribunales y autoridades en materia de combate a la corrupción.

No es que el sistema se esté corrigiendo a sí mismo; el sistema sigue estando tan corrupto como siempre, o más. La élite política mantiene la complicidad de antes en lo tocante a proteger a uno de los suyos sin importar las infamias que haya cometido.La persecución contra los excesos de los gobernadores procede de tres fuentes: la primera y más importante, la alternancia política.

Un nuevo partido político toma el poder y presenta cargos contra el gobernador saliente: es el caso de Andrés Granier de Tabasco, Guillermo Padrés de Sonora, César Duarte de Chihuahua o Javier Duarte de Veracruz, entre otros.

La nueva Administración prefiere exhibir al responsable del boquete en las finanzas públicas que encuentra, para no ser ella la que pague los platos rotos. En otras ocasiones la denuncia está alimentada por el encono personal. Es tal el empeño de los gobernadores en conservar el poder, heredándolo a un hombre de su confianza, que las elecciones estatales se han convertido en sinónimo de guerra sucia. Consecuentemente, todo candidato de la oposición que logra el triunfo termina siendo un gobernador vengativo y justiciero.

Otra fuente de denuncia procede de la acción combinada de las redes sociales y la prensa. Son tan obvios los excesos de algunos políticos que sus pecados terminan siendo documentados y denunciados ante la opinión pública. La mayor parte de la veces, por desgracia, eso no significa que sean llevados ante la ley, a menos que eso convenga a un grupo político en el poder. El caso de Roberto Borge, en Quintana Roo, exhibido una y otra vez, forma parte de los 10 gobernadores que, pese a la evidencia en contra, no han sido procesados por tribunal alguno.

Finalmente, hay un protagonista que adquiere relevancia de vez en vez en materia de fiscalización de gobernadores: Estados Unidos. Cuando el poderoso vecino tiene evidencia de que un mandatario es pieza importante del engranaje del narcotráfico suele intervenir sin ningún miramiento respecto de las facciones políticas en México.

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, fue aprehendido gracias a la documentación recabada por la DEA y otras agencias estadounidenses, y fueron ellos los que presionaron a las autoridades italianas para su detención. Con pocas variantes es el mismo caso de Mario Villanueva de Quintana Roo y de Édgar Veytia, fiscal de Nayarit.

La aprehensión de Yarrington ha puesto a temblar a una parte de la élite política. La PGR poseía un expediente formal en contra del tamaulipeco, pero estaba claro que el Gobierno mexicano no tenía interés en ponerlo tras las rejas. Por lo mismo, hoy carece de argumentos jurídicos para pedir su extradición al Gobierno de Italia, en comparación con el documentado alegato que presentan los estadounidenses.

Así que, todo indica, Yarrington terminará siendo procesado en un tribunal del país vecino. Algo que quita el sueño a muchos. ¿Qué estará dispuesto a confesar el exgobernador a cambio de un atenuante en su condena?Y por lo demás, el asunto tiene que ver con narcotráfico, no con corrupción. Me temo que la única moraleja que los gobernadores obtendrán de esto es que robar no es un pecado, meterse con la DEA sí.

@jorgezepedap

 
Sebastián Piñera quiere volver al poder en Chile por el centro PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Viernes, 31 de Marzo de 2017 13:47

Por PATRICIO NAVIA.-

En el lanzamiento de su campaña para las elecciones presidenciales de noviembre en Chile, el ex Presidente Sebastián Piñera (2010-2014) mezcló una dura y certera crítica al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet de la centroizquierdista Nueva Mayoría con un mensaje de optimismo y reconciliación hacia un electorado que le resultó especialmente esquivo cuando Piñera fue presidente. Pidiendo perdón por sus errores y prometiendo retomar el camino del crecimiento y de la creación de empleos, Piñera se esforzó por presentar un mensaje de moderación y pragmatismo y por comprometerse a separar aguas entre sus negocios y su actividad política.  Si bien quedan 8 meses de campaña, Piñera ha logrado consolidar una amplia ventaja en las encuestas de cara a la primera vuelta, aunque es muy probable que en segunda vuelta deba enfrentar a un candidato de centro-izquierda que logrará sumar las fuerzas de todos aquellos que no quieren ver a Piñera de regreso en el palacio presidencial de La Moneda.

A poco más de tres años de haber dejado el poder como el Presidente más impopular en la historia reciente de Chile, Sebastián Piñera aparece ahora como el candidato mejor posicionado para suceder a Michelle Bachelet cuando ella termine su periodo en marzo de 2018.  La transformación de Piñera de ser un presidente cuyo rechazo superó ampliamente su aprobación durante la mayor parte de su mandato se debe en buena medida a que la impopularidad de Bachelet. Después de haber sido la presidenta más popular en el Chile post dictadura en su primer periodo (2006-2010), Bachelet volvió al poder en 2014 prometiendo reformas profundas que alejarían a Chile del sendero de pragmatismo y moderación en una economía social de mercado y lo llevarían a convertirse en un país donde el Estado tendría un rol mucho más activo en la provisión de servicios públicos y en su rol regulador.

Pero el enfriamiento de la economía y una serie de escándalos de financiamiento irregular de las campañas dañaron los planes de Bachelet. Las revelaciones sobre los negocios de su hijo y su nuera—con acusaciones de tráfico de influencia—terminaron por arrinconar a Bachelet y frenar los impulsos transformadores de su gobierno.   Ahora, a menos de un año de dejar el poder, la aprobación de Bachelet ha caído a un piso de 20%, superando ampliamente a Piñera.  Comparado con su antecesora y sucesora, Piñera aparece ahora como un presidente menos impopular.  Después de experimentar tres años con Bachelet en el poder, muchos chilenos parecen interesados en volver a intentar con Piñera en la presidencia.

Conociendo esta realidad, Sebastián Piñera optó por un mensaje mixto en su lanzamiento de campaña. Por un lado, tuvo duras críticas a las reformas que implementó Bachelet y que ahora son rechazadas por una mayoría de los chilenos.  Pero consciente de que los chilenos quieren reformas que ayuden a reducir la desigualdad y amplíen las oportunidades, Piñera tuvo un mensaje de unidad y pragmatismo para el país. Prometiendo volver a crecer y asegurando que aprendería de sus errores, Piñera concentró su mensaje en la necesidad de adoptar reformas que contribuyan al crecimiento y la creación de empleos. Enumerando una larga lista de prioridades de los chilenos, Piñera prometió avanzar en reformas que promovieran la libertad, la justicia y el progreso.

Si bien Piñera lidera ampliamente en las encuestas, el ex presidente tendrá un duro camino que recorrer para volver a La Moneda. Casi la mitad de los chilenos dicen no gustar de ninguno de los candidatos actualmente en carrera.  Las acusaciones sobre conflictos de intereses de Piñera, que históricamente ha tenido dificultades para separar la política de sus negocios, afectan también su credibilidad. Como es improbable que logre una mayoría absoluta de los votos en la primera vuelta de noviembre, Piñera deberá enfrentar en segunda vuelta a un candidato que, independientemente de quien sea, logrará cohesionar a todos aquellos votantes que rechazan al ex presidente.

Con todo, Piñera parece tener un plan razonable para su campaña. Su discurso fuertemente crítico contra Bachelet le suma apoyos entre esa mayoría de chilenos que rechaza el gobierno de la centro-izquierdista Nueva Mayoría. A la vez, su mensaje de pragmatismo y moderación, centrado en el crecimiento y la creación de empleos, busca atraer a esos votantes moderados que abandonaron al gobierno de Bachelet cuando sintieron que las transformaciones profundas que ella prometió empezaron a llevar a Chile por un mal camino.  Como la economía chilena apenas crece, el foco de Piñera en la creación de empleos y el crecimiento parece acertado.  Si bien Piñera despierta suspicacias porque muchos temen que velará más por sus negocios que por el bien del país, hasta ahora Piñera parece bien encaminado para volver a la presidencia, toda vez que ninguno de sus rivales parece lo suficientemente preparado para competir contra él en la dimensión de creación de empleos y políticas pro-crecimiento que parecen ser el tema que definirá la elección en Chile en noviembre.

Infolatam

 
¿Resistirá Santos los golpes de Odebretch? PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Viernes, 31 de Marzo de 2017 13:45

Por SALUD HERNÁNDEZ-MORA.-

Antes de estallar el escándalo, Santos contaba con apenas el 17% de aprobación. Nunca ha sido un personaje popular, aunque tuvo momentos mejores. No se puede olvidar que ganó la primera elección solo porque Uribe le señaló como su sucesor y logró repetir mandato en el 2014 gracias al apoyo que le brindó la izquierda en la segunda vuelta electoral, para frenar al aspirante uribista.

Las revelaciones sobre la financiación de Odebrecht a su campaña dan nuevos argumentos a sus detractores domésticos, proyecta una imagen personal algo bananera ante la comunidad internacional y debilitan su gobernabilidad.

Su reacción para frenar la bola de nieve no ha resultado creíble. La frase: “me acabo de enterar”, pronunciada en una singular alocución presidencial, compite con la famosa “todo se hizo a mis espaldas” de Ernesto Samper.

Santos se refería a la confesión de su íntimo amigo y jefe de campaña, Roberto Prieto, admitiendo que Odebretch aportó fondos. Samper, a los dineros que le entregó el cártel de Cali para conquistar la presidencia.

En un primer momento, el Presidente Santos y su entorno negaron las evidencias. Entre otros contraataques, sus ministros firmaron una carta pública en la que aseguraban que su jefe era un modelo de pulcritud, misiva que no tuvo mayores consecuencias. Durante mes y medio resistió ayudado por el silencio de Roberto Prieto, la actuación por momentos errática de la Fiscalía General y unos medios de comunicación que le han servido de escudo protector durante sus dos administraciones.

Pero el muro empezó a resquebrajarse esta semana, cuando Prieto abrió la caja de los truenos. El que ha sido su mano derecha en cuestiones políticas desde 1997, aceptó que la campaña recibió 400.000 dólares de Odebretch para costear unos afiches. No le quedaba otro camino puesto que ya la esposa del dueño de la imprenta había admitido el contrato, pagado en Panamá.

Pero en su voz la trampa retumbó con más fuerza. No solo la legislación electoral colombiana prohíbe el aporte de empresas extranjeras, sino que usaron Panamá para gastos al margen de los reportados oficialmente. De paso, dieron credibilidad a un rosario de graves revelaciones que enturbian la trayectoria de Santos.

Y no pudo amortiguar el golpe con la noticia de que su rival en el 2014, Oscar Iván Zuluaga, también recibió dineros de Odebrecht. Venía quemado de tiempo atrás y su reacción de marginarse de la carrera presidencial del 2018 por el escándalo, le ha relegado a un segundo plano.

Aunque Santos cuenta aún con una amplia mayoría en el Legislativo, cada día le cuesta más recabar apoyos sin contraprestaciones. Su baja estima entre la opinión pública, el nuevo escenario de incertidumbre que supone no saber qué nueva bomba le estallará cada día y un gabinete lleno de ministros con aspiraciones presidenciales, desdibujan su poder.

Tampoco le ayuda el que el Partido de la U, con el que ganó las últimas legislativas y que es una agrupación de intereses sin cohesión política ni ideológica, pueda desaparecer en las siguientes elecciones, según una reciente encuesta.

Pese al sombrío panorama, Santos conseguirá concluir su mandato. Con el antecedente de Samper, es una quimera pensar en una investigación que acabe de manera abrupta su presidencia. El eje principal de su gobierno, el proceso de paz con las FARC, sigue adelante pese a algunos tropiezos.

Santos, obsesivo con su imagen exterior y con lo que la Historia escriba de él, sabe que desmovilizar a la principal guerrilla será su legado. El único castigo que le dolería es que Odebrecht le impida codearse con la élite planetaria en los elegantes salones occidentales, donde se siente a sus anchas, exhibiendo su Nobel bajo el brazo.

Infolatam

 
En Brasil, la crisis cruza un nuevo umbral PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Viernes, 30 de Diciembre de 2016 16:17

Por SERGIO FAUSTO

Transcurridos poco más de tres meses desde que se volvió presidente en forma definitiva, ya se especula si Michel Temer llegará al final del actual mandato, que finaliza el 31 de diciembre de 2018. Esto da la dimensión de la aguda incertidumbre que rodea a la política Brasil.

La perspectiva de discontinuidad política presenta un giro dramático frente a la situación que prevaleció hasta noviembre. Pese a ser impopular y cuestionado en su legitimidad por una minoría, aunque significativa, de la sociedad brasileña, Michel Temer acumuló capital político desde que asumió interinamente la presidencia a finales de abril. Por un lado, porque consiguió reunir a un equipo con experiencia y alta calificación técnica para ocupar el área económica del gobierno, que abarca no sólo el Ministerio de Finanzas y el Banco Central, sino también PetrobrasBNDESEletrobrás, el holding federal empresas eléctricas públicas.

Por otro lado, por que no tardó en demostrar la capacidad de obtener una amplia base de apoyo en el Congreso, con los votos suficientes en el Senado no sólo para consumar la destitución definitiva de la expresidente Dilma, sino también para avanzar en el programa de ajuste fiscal que presentó su gobierno como la prioridad de prioridades. Las expectativas de apoyo parlamentario al nuevo gobierno se confirmaron con la aprobación del juicio político por un amplio margen, por encima del quórum de dos tercios requeridos por la Constitución, y la aprobación de la Propuesta de enmienda constitucional que fija el límite a la expansión del gasto del gobierno federal para los próximos veinte años, también por una mayoría mayor que el quórum exigido constitucionalmente , en este caso 3/5.  Aprobada en la Cámara, la llamada PEC del techo de gasto se aprobó ayer finalmente en el Senado.

La impresión de que el gobierno de Michel Temer pisaba tierra firme se vio reforzada por los resultados de las elecciones municipales de octubre, que representaron un gran revés político para el PT. El partido de los expresidentes Lula Dilma redujo a 1/3 el número de municipios que obtuvieron en las elecciones anteriores, y no logró una sola victoria en las principales capitales del país. El PSDB, partido que forma parte del gobierno, fue mejor que todos los demás, al cosechar los beneficios de ser el principal rival del PT durante trece años. A pesar del alto porcentaje de abstenciones, votos nulos y en blanco y del crecimiento de muchos partidos minoritarios, lo que confirma la tendencia a la fragmentación del sistema de partidos, el mapa político resultante de las elecciones alentó la percepción de que un nuevo eje político comenzaba a ganar consistencia en torno al PMDB y el PSDB, aumentando las posibilidades de aprobación de reformas en 2017 y reduciendo la incertidumbre electoral en 2018.

Fue fugaz el optimismo postelectoral. En noviembre, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la agencia federal responsable de los principales indicadores sociales y económicos del país, echó un balde de agua fría sobre las esperanzas de que la economía estaba empezando a recuperarse. Los datos relativos al comportamiento del PIB en el tercer trimestre de este año mostraron una retracción del 0,8% con respecto al anterior trimestre totalizando una caída de 4% entre enero y septiembre, en comparación con el mismo período del año anterior. Inmediatamente, las proyecciones para el crecimiento en 2017, que variaban entre el 1 y el 2%, se ajustaron a un rango entre 0% y 1%, con la mediana alrededor de 0.5%. El cambio en las previsiones de crecimiento aumentó las dudas sobre la viabilidad del ajuste fiscal, ya sea por la reducción de las estimaciones de los ingresos fiscales, o por la dificultad adicional de votar sobre la reforma de pensiones en medio de un panorama económico sombrío.

El presidente Michel Temer (der.) y Geddel Vieira Lima. Foto: AFP

El presidente Michel Temer (der.) y Geddel Vieira Lima. Foto: AFP

Más grave, sin embargo, fue la caída de otro ministro del gobierno bajo la acusación de comportamiento incompatible con el cargo. Fue el quinto ministro que cayó en estos pocos meses y el segundo perteneciente al núcleo duro del Gobierno. Esta vez, se trató del  Secretario General de la Presidencia, Geddel Vieira Lima, bajo el ataque del ministro de Cultura. Este, un joven diplomático, tomó la iniciativa de dimitir, alegando haber sido presionado por Geddel para cambiar una opinión técnica de la agencia federal responsable de la conservación del patrimonio histórico. Según el ministro de cultura, el propósito de la presión fue la liberación, sin restricciones, de un desarrollo inmobiliario de gran lujo en la región histórica de Salvador, capital de Bahía, en la que el Secretario General de la Presidencia había adquirido un apartamento.

Las acusaciones de Calero llegaron al presidente que, según el Ministro de Cultura, no habría hecho nada para evitar que el Secretario General ejerciese presión reiteradamente en favor de la empresa. La demora de Michel Temer para dimitir a Geddel y el hecho de que haber calificado el episodio de “fatozinho” (pequeño asunto sin importancia) fue un grave error político. El presidente se mostró fuera de sintonía con una sociedad que, bajo el impacto de la operación Lava Jato, ya no tolera desvíos de conducta como antes. Preferió doblar su apuesta de que  la variable política fundamental es un buen manejo del Congreso (Geddel, ex diputado, fue uno de los responsables de la articulación del gobierno con su base parlamentaria).

La persistencia de la recesión, que se extiende desde el primer trimestre de 2014, con tasas de desempleo que aumentaron de 5% a 12%, en números redondos, y siguen una tendencia al alza, y, por decir lo menos, la dificultad del gobierno para entrar más en sintonía con la sociedad, para lo que no ayuda el estilo de licenciado en Derecho del presidente, explica en gran medida la brusca caída de la popularidad que sufrió, según un estudio publicado por Datafolha el 12 de diciembre.

Nada de lo dicho hasta ahora, sin embargo, avala la declaración que hice en la apertura de este artículo. Para justificarlo, hay que tener en cuenta los acontecimientos de las últimas 72  horas. El viernes pasado se filtró la totalidad del testimonio de uno de los cinco ejecutivos de Odebrecht que se considera están mejor informados acerca de las relaciones de la empresa con los políticos. Este testimonio sirve como una señal del tsunami, perdón por el cliché, que barrerá la escena política brasileña en los próximos meses. Vale la pena recordar que hay otros 76 ejecutivos que se unieron a la delación premiada, incluyendo a Emilio y Marcelo Odebrecht, miembros de la segunda y tercera generaciones de la dinastía empresarial, que ocupaban la presidencia de la junta directiva y la posición de Director Superintendente de Odebrecht, respectivamente.

El efecto jurídico de esas delaciones tardará en sentirse. Todavía tienen que ser aprobadas por el Tribunal Supremo y juzgados por este tribunal, ya que la mayoría de los acusados goza del llamado foro privilegiado, una consecuencia de la legislación brasileña, por la amplitud el alcance de su impacto. El efecto político, sin embargo, se hará sentir de manera más inmediata. Este es el drama del gobierno, ya que lo que queda de su núcleo duro aparece en un lugar destacado en la primera de las delaciones, y el propio presidente se menciona varias veces.

El presidente de Brasil, Michel Temer

La popularidad de Temer caerá más (la encuesta de Datafolha todavía no refleja los episodios más recientes).

La popularidad de Temer caerá más (la encuesta de Datafolha todavía no refleja los episodios más recientes). Las nuevas denuncias pueden alimentar los procedimiento de anulación del mandato electivo contra la lista electoral Dilma/ Temer, en consideración en el Tribunal Supremo Electoral. En una de esas acciones, surgidas después de las elecciones de 2014, el PSDB, que en ese momento no se imaginaba estar hoy en la condición principal aliado del PMDB, en el apoyo del gobierno Michel Temer, acusa a la lista ganadora de haberse beneficiado de recursos desviados de Petrobras para financiar su campaña electoral.

El escándalo del Petrolão no es el único problema en las delaciones de Odebrecht, dada la magnitud de la relación ilegal de la empresa con los políticos, pero sin duda tiene un lugar especialmente destacado. Si el TSE revocar la lista, la Constitución ordena que el Congreso elija indirectamente un nuevo presidente para el cumplimiento del término del mandato (no está previsto convocar elecciones directas, una vez transcurrida la primera mitad del mandato, lo que acontecerá el próximo 31 de diciembre).

La crisis brasileña atraviesa un nuevo umbral. Nada es seguro. Lo único cierto es que estamos en el medio de la peor recesión en la historia del país, con una dinámica de la deuda pública “avasalladora“, para usar el adjetivo utilizado por el ex presidente del Banco Central, Arminio Fraga, en una entrevista reciente y 3 de las 6 mayores provincias (estados) en virtual bancarrota. La política tiene que responder a esta urgencia apremiante. el drama se intensifica debido a que el sistema político está en ruinas y sus líderes bajo los focos del escándalo Lava Jato. en aparente paradoja, el cerco cada vez más cerrado de la justicia, viene generando un efecto agregador de la mayoría del parlamento en torno al Gobierno. pero no todo depende del Congreso. ¿Podrá el Tribunal Superior Electoral ignorar las evidencias que surgen de las delaciones premiadas, que se profundizan, en un escenario de desmoralización del gobierno ante la opinión pública?

El optimismo que queda se debe a que las instituciones políticas y legales, mal o bien probadas en sus límites, chocan, pero se recomponen luego, sin llegar a un punto de ruptura. Lo mismo ocurre con los grandes partidos y sus líderes. Al mismo tiempo, existe un consenso razonable de que el populismo nacional-estatista no es la receta para curar el desequilibrio fiscal y el colapso del crecimiento, pero sí sus causas fondo. Hay un equipo económico de primera línea con las manos en el timón y la conciencia de que llegamos a una situación límite. Brasil a veces coquetea con el precipicio, pero nunca se tira. con Temer o sin él.

(Infolatam)

 
Estos son las lecciones que deja el final del lulismo PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Jueves, 01 de Septiembre de 2016 10:24

Por Rogelio Núñez.-

El juicio político a Dilma Rousseff ha escenificado el final de la hegemonía del lulismo en Brasil. Una hegemonía que se inició con la victoria de Lula da Silva en las presidenciales de 2002 y que se ha prolongado hasta la destitución de su sucesora y heredera. Ahora la incógnita es saber quién podrá llenar el vacío que va a dejar el fin del predominio del PT lulista.

Brasil ha vivido desde la caída del Imperio en 1889 cinco grandes hegemonías: la de la élite paulista-minera  durante la llamada Republica Velha (1889-1930), la de Getulio Vargas entre 1930 y 1954, la del régimen militar entre 1964 y 1985, la de Fernando Henrique Cardoso desde 1994 a 2002 y la última, la del PT de Lula da Silva, desde 2002 hasta 2016.

(Infolatam, por Rogelio Núñez)-. Las urnas enterraron las hegemonías de los militares y de Cardoso mientras que otras acabaron de forma abrupta: la de los estados de Sao Paulo y Minas Gerais por un golpe de Estado en 1930, la del varguismo por el suicidio del líder en 1954 y ahora la del lulismo a causa de un impeachment al que han sometido a Rousseff.

Hace tan solo cinco años (2011) el lulismo y el PT estaban en lo más alto de su trayectoria histórica. Lula, tras dos mandatos en los que Brasil, había escalado a gran potencia emergente, veía como era capaz de dejar a su heredera (Dilma Rousseff) colocada en el Palacio de Planalto.

Por su parte, el PT acumulaba tres mandatos, que se convirtieron en cuatro en 2014, en el poder desde que en 2002 Lula derrotada a José Serra en las presidenciales. Pero en 2015-2016 el PT, y Lula son la viva imagen de la decadencia y del fin de toda una época.

La caída de Rousseff y de la hegemonía del PT dejan varias enseñanzas:

1-. La política importa

636008674384820368wSe puede ser una mujer muy preparada y competente e incluso contar con el respaldo de un líder carismático comoLula da Silva. Ese ha sido el caso de Dilma Rousseff. Pero todo ello es insuficiente por sí solo.

Además es necesario tener y desplegar habilidades políticas, mantener buenas relaciones con los ministros y un trato fluido con los partidos oficialistas, sobre todo en un régimen como el brasileño de presidencialismo de coalición.

Cuando se maltrata a los colaboradores y se desprecia el papel de los partidos que integran la base oficialista se está cosechando posibles venganzas políticas que, en el caso de Brasil, han llegado en 2016 de la mano de la ruptura del PMDB con el gobierno lo cual ha detonado el impeachment.

El carácter de Roussef ha contribuido a su anticipado final. Como sostuviera en mayo de 2015 Carlos Pagni en el diario El País, “pasaron seis meses desde las elecciones presidenciales y la vida pública en Brasil presenta un rostro irreconocible. Si no fuera porque a menudo el estruendo de las cacerolas exige “fuera Dilma”, no hay demasiados indicios de que el Gobierno esté en manos de Rousseff. La presidenta ya no es aquella jefa autoritaria y absorbente a quien denominaban “gerentona”. Alejada de la TV y de cualquier presentación pública, su figura se ha desdibujado. Es un eclipse visual, pero también conceptual y político. El país está a cargo de otra gente, con otras ideas. Para salvar su Gobierno, Dilma tuvo que ceder un monto incalculable de poder”.

2-. Una larga hegemonía que ha desgastado al PT y a Lula

El PT ha gobernado Brasil de forma ininterrumpida desde 2003. 16 años en los que no ha introducido verdaderos cambios en cuanto a la forma de gobernar y ha recurrido para mantenerse en el poder al clientelismo a la vez que algunos dirigentes han caído en actos de corrupción, como queda a la vista con casos como el “Lava Jato”y el de Petrobras

El historiador Lincoln Secco, autor del libro “História do PT”, sostiene que “la corrupción fue uno de los grandes errores del PT… porque no impulsó una reforma política que disminuyese la influencia del poder económico en las elecciones”.

Se trata, asimismo, del final del predominio del PT y del liderazgo incontestable de Lula. Los grandes liderazgos (Lula y Fernando Henrique Cardoso) que marcaron la transición y consolidación de la democracia en Brasil han desaparecido.

Cardoso es una figura influyente en el principal partido de la oposición, el PSDB, pero ya no está en la política activa. Lula, que ha anunciado su intención de ser presidenciable en 2018, ve su figura muy golpeada tras ser imputado por corrupción.

Como le dijo María Herminia Tavares a Infolatam, “Lula es difícil que sobreviva políticamente. Es una figura nacional e internacional con gran apoyo popular pero la investigación de corrupción ha pasado de ser por motivos electorales (como fue el mensalao en 2005) a lo que actualmente se está viendo: que la corrupción fue para enriquecimiento personal y eso le daña mucho más. La operación anticorrupción estaría mostrando que Lula es sospechoso de poseer un apartamento tríplex en la costa y una casa de campo en São Paulo….El PT es un gran partido que tiene militantes, alcaldes y gobernadores. Lo que es verdad es que ha perdido mucho de su influencia y respetabilidad. El PT se puede convertir en una fuerza mucho más pequeña de lo que es y, sonre todo, delo que ha sido desde 1989″.

3-. La decadencia de las diferentes izquierdas en América latina

Presidenta Dilma Rousseff durante segunda Sessão de Trabalho da VI Cúpula dos BRICS e de países da América do Sul. Brasília - DF, 16/07/2014. Foto: Roberto Stuckert Filho/PR

Dilma Rousseff y Cristina Kirchner

La salida del poder del PT y de Rousseff parece ir en consonancia con la crisis por la que atraviesan los gobiernos de centroizquierda y de izquierda “bolivariana” en la región.

Tras la derrota en 2015 del kirchnerismo en las presidenciales de Argentina y del chavismo en las legislativas de Venezuela, en 2016 se ha producido la derrota de Evo Morales en el referendum de Bolivia y ahora el fin de la hegemonía del PT en Brasil.

Sin duda el desgaste de esos largos periodos de predominio, unido a la ralentización económica y al malestar social por la ineficiencia del Estado ha provocado el final del kirchnerismo argentino y el lulismo brasileño a lo que se une la crisis por la que atraviesa el chavismo en Venezuela.

Carlos Malamud señala que “es indudable que América Latina ha comenzado una nueva coyuntura política de la mano del nuevo ciclo económico impulsado por el descenso del precio de las materias primas. De momento la nueva coyuntura presenta bastantes imprecisiones aunque todo indica que el declive y la pérdida de prestigio de algunos de los gobiernos “largos” comenzados en la década anterior es una de sus principales características”.

Esos problemas para las izquierdas pueden aumentar por la imposibilidad de que en Bolivia Evo Morales se presente a la reelección en 2020 tras haber perdido este año el referendum para reformar la constitución.

O la necesidad que tiene en Ecuador el oficialismo (Alianza País) de buscar un sustituto a Rafael Correa quien, en principio, no puede concurrir a las presidenciales de 2017.

Además, en Venezuela en 2016 o 2017 podría tener lugar el referendum revocatorio que podría acabar con el chavismo en el poder (si es antes del 10 de enero de 2017) o al menos con el mandato de Nicolás Maduro (si se celebra después).

Todo indica que a lo que asiste América latina es, más que un nuevo giro, a un cambio de modelo.

Como apunta el analista Steven Levitsky “el retroceso de la izquierda tiene dos causas principales. El primero es el desgaste natural después de haber gobernado por tres o cuatro periodos presidenciales. Pocos partidos ganan más de tres elecciones presidenciales consecutivas (en EEUU, la última vez fue hace casi 70 años), y en democracia, casi ninguno gana más de cuatro.  Después de tres periodos, los gobiernos pierden los reflejos políticos; se distancian de la gente, y muchas veces, crece la corrupción.  Aun cuando no son muy corruptos (como en el caso de la Concertación en Chile), la gente se cansa.  Tarde o temprano, el desgaste afecta a todos los gobiernos. Doce años (Argentina) o 13 años (Brasil) en el poder es mucho.  Nada es permanente en la democracia.  Nadie gobierna para siempre”.

Además del desgaste, existen otros factores estructurales vinculados al nuevo contexto regional e internacional en materia económica.

“El segundo factor que debilita  a la izquierda latinoamericana es el fin del boom de las materias primas.  El tremendo éxito electoral de la izquierda en Brasil (reelecto en 2006 y 2010), Chile (reelecto en 2006), Venezuela (reelecto en 2006 y 2012), Argentina (reelecto en 2007 y 2011), Bolivia (re-electo en 2009 y 2014), Ecuador, (re-electo en 2009 y 2013), y Uruguay (re-electo en 2009 y 2014) fue facilitado por el boom económico que empezó en el 2002. El boom se acaba, y algunas economías han caído en recesión.  Las crisis económicas –serias en Brasil y Argentina, infernal en Venezuela–generan descontento. Y los electores descontentos no suelen reelegir a sus gobiernos”, concluye el artículista del diario La República, Levitsky.

4-. Un golpe para el papel de las mujeres

El fracaso de Rousseff es también un golpe para el papel de la mujer en política. Que su gestión acabe así, de esa forma tan abrupta, se une a las enorme dificultades por las que atraviesa Michelle Bachelet en Chile (con solo un 15% de aprobación) o los escándalos que rodean la gestión de Cristina Kirchner en Argentina.

Si en los 90 las gestiones presidenciales de Violeta Chamorro en Nicaragua o Mireya Moscoso en Panamá se saldaron con éxito, en esta década la situación ha variado considerablemente y la impopularidad de estas dirigentes o el final abrupto de sus mandatos  es la tónica predominante.

Por desgracia, algunos se preguntan cuándo se podrá ver de nueva a una presidenta en Planalto tras el mal final protagonizado por Dilma Rousseff.

 
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