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Artigos: Cuba
La destitución del jefe del FBI PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Sábado, 03 de Junio de 2017 12:52

Por Jorge Hernández Fonseca.-

Comey había fallado demasiado en un tema tabú para la organización que dirigía: la conversión de un aparato investigativo profesional en una policía política. Esto, para la primera potencia democrática mundial, es simplemente insoportable.


La destitución del jefe del FBI

Jorge Hernández Fonseca

11 de Mayo de 2017

Finalmente Donald Trump destituyó a James Comey de su responsabilidad al frente del FBI. Ya era esperado, la sorpresa fue “cuando”. Comey había fallado demasiado en un tema tabú para la organización que dirigía: la conversión de un aparato investigativo profesional en una policía política. Esto, para la primera potencia democrática mundial, es simplemente insoportable.

Comey convirtió el FBI en una policía política cuando vino a público a expresar criterios subjetivos sobre una aspirante a la presidencia de EUA bajo una importante investigación, en medio de la campaña. De forma inusual, culpó a la candidata por haber cometido “delitos”, pero la exculpó porque no lo había hecho sin “malas intenciones”. Nunca antes un jefe del FBI había respaldado tan vigorosamente un político en campaña electoral para la presidencia de EUA.

Comey volvió a convertir al FBI en una policía política cuando, pocos días antes de la votación, vino de nuevo a público para “decir Digo, donde antes había dicho Diego”. El FBI es una Institución demasiado prestigiosa –aun siendo una Institución policiaca-- como para que su jefe máximo se dé el lujo de dar criterios políticos que nunca le ha correspondido a la policía darlos.

Los peores enemigos de EUA han hablado --y todavía hablan-- horrores de la CIA. Sin embargo, sobre el FBI han mantenido --y aún mantienen-- el silencio propio del respeto por el trabajo profesional que lo ha caracterizado históricamente. Los que como yo estamos acostumbrados a conocer la “pata peluda” de la policía política cubana, nos sorprendimos de que el jefe del FBI viniera a público a politizar su labor. Era simplemente inconcebible.

Donald Trump acaba de cortar por lo sano un tumor maligno --en el que hubiera podido haberse convertido el FBI-- si hubiera continuado por el camino político, y es de esperar que se nombre a un profesional de las investigaciones en semejante alto cargo. Así, ni por asomo, se podría futuramente atrever a dar puntos de vista de exculpación, que sólo corresponden a los tribunales competentes por un lado, o a políticos actuantes por otro, nunca a la policía, cuya responsabilidad sabidamente es investigar, dar datos probados y hechos, no opiniones.

Artículos de este autor pueden ser encontrados en http://www.cubalibredigital.com

 
La elección presidencial norteamericana, el voto cubano y la victoria PDF Imprimir E-mail
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Domingo, 11 de Diciembre de 2016 12:47

Por Jorge Hernández Fonseca.- 

Relativo al debate sobre el voto electoral o el voto por colegio electoral, debo decir que de las más de 3,100 ciudades norteamericanas, Trump ganó en más de 3,000 de ellas, siendo que Clinton solamente ganó en 57 de las mismas. No pueden las 57 ciudades superpobladas en las que ganó Clinton imponerse a las más de 3,000 ciudades tan norteamericanas como ellas.

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Trump superó en la Florida a Clinton por 131,625 votos solamente. El total de votos de cubano-americanos en la Florida a favor de Trump fue 597,065, es decir, los cubanos-americanos aportaron 4.5 veces más votos para Trump que los votos necesarios para ganar Florida. Los votos cubanos fueron los que le dieron la victoria a Trump.

Última actualización el Martes, 13 de Diciembre de 2016 11:43
 
La impunidad dictatorial de izquierda PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Miércoles, 12 de Septiembre de 2018 05:01

Por ROBERTO ÁLVAREZ QUIÑONES.-

Ante el éxodo de proporciones bíblicas de millones de venezolanos huyendo de su país como consecuencia del cataclismo social, económico, político y existencial causado por la dictadura chavistacastrista, los gobiernos de Latinoamérica hasta ahora tratan de mitigar los efectos de esa crisis humanitaria, pero no ayudan a los venezolanos a eliminar las causas que la han provocado. O sea, juegan con la cadena, no con el mono.

En Guayaquil, Ecuador, se reunieron 14 países. Sus representantes gubernamentales hicieron buenas propuestas sobre cómo dar asistencia a los venezolanos migrantes, pero no tomaron medidas concretas contra el régimen de Nicolás Maduro. Nada dijeron de aislarlo diplomáticamente, ni de exigirle que se vaya del poder con sus apandillados. Le pidieron que acepte ayuda humanitaria para que no se vaya tanta gente del país.

Si ya quedó atrás la oleada de gobiernos populistas de izquierda, que llegaron a ser 13 en total en 2011, y hoy América Latina es dirigida mayormente por gobernantes demócratas liberales, ¿por qué no se actúa contra la tiranía chavista, o la nicaragüense, o la castrista, como se hizo contra la de Pinochet, quien sufrió un gran aislamiento internacional?

Quedan en la región solo cinco gobiernos populistas o comunistas: Nicaragua, Bolivia, Venezuela, El Salvador y Cuba, con 46 millones de habitantes, un 7% de los 635 millones de la región.

¿Por qué los restantes gobiernos no mencionan siquiera al castrismo, madre de todas las autocracias de izquierda en la región? La inteligencia y la contrainteligencia militar cubanas en Venezuela son las que impiden la necesaria sublevación militar contra Maduro. Sin la intervención castrista militar y política en Venezuela, ya Maduro y su narcogobierno habrían sido derrocado. No habría crisis humanitaria. ¿Son tan ingenuos los gobernantes latinoamericanos que no saben eso?

Complacencia con la izquierda radical castro-chavista

Como he expuesto en ocasiones anteriores, a mi modo de ver tal pasividad regional se debe a dos factores: 1) el temor de los gobiernos al agresivo poder movilizador de los partidos y organizaciones de la izquierda radical, en buena medida manejado por el castrismo, cuyo brazo desestabilizador opera a nivel continental con el concurso entusiasta de militantes locales; y 2) los presidentes y líderes políticos lejos de buscarse problemas con esa izquierda extremista lo que hacen es complacerla para que no se movilice, y para así de paso arrancarle algunos votos en los procesos electorales.

O sea, el regreso a los valores democráticos liberales luego del dominio populista en Latinoamérica durante años no se ha traducido en un enfrentamiento firme a los regímenes que niegan y aplastan esos valores.

Expresión de ello fue la VII Cumbre de las Américas en Lima, en abril de 2018, a la que fue invitada la dictadura de Raúl Castro. Sus delegados en Lima se dedicaron a sabotear el cónclave y a insultar a gritos al secretario general de la OEA, el excanciller uruguayo Luis Almagro, un hombre de izquierda, pero no castrochavista. La cumbre no llamó al rompimiento de relaciones diplomáticas con Caracas, no aprobó sanciones.

En la OEA al remanente populista y las dictaduras se suman algunos gobiernos caribeños. Por sugerencia de Fidel CastroHugo Chávez utilizó su chequera y la entrega de petróleo muy barato a países del Caribe para comprar lealtades políticas. La estrategia funcionó.

Hoy esas pequeñas naciones, sumadas a las dictaduras y conexos, impiden que en la OEA se alcancen los dos tercios de los votos necesarios para aplicarle a Venezuela la Carta Democrática, el instrumento de la OEA para proteger la democracia en la región. Se necesitan 23 votos de los 34 miembros activos (Cuba está suspendida desde 1962). Lo más que se logran son 19 votos.

Pero en junio de 2009 cuando el chavista Mel Zelaya intentó maniobrar ilegalmente para perpetuarse en el poder en Honduras y fue destituido constitucionalmente por el Parlamento, en la OEA sobraron los votos para expulsar a Honduras de la organización. Y no fue readmitida hasta 2011, dos años después.

Las dictaduras no se sienten amenazadas

Las actuales dictaduras latinoamericanas no se sienten amenazadas. Perciben que muy poco harán contra ellas la OEA, la ONU, la Unión Europea (UE) y el resto del mundo. Pese al valiente empuje de Almagro, la OEA de hecho está paralizada. Es algo parecido a lo que sucede en el Consejo de Seguridad de la ONU, que por el veto de Moscú y Pekín, dos de los cinco miembros permanentes, no se logra allí casi nada edificante para la humanidad.

De hecho, los gobiernos dictatoriales o populistas junto con los países caribeños beneficiarios de petróleo venezolano barato tienen poder de veto en la OEA. Sin el voto de ellos nada importante se puede aprobar.

Eso explica por qué hace unos días Almagro anunció la creación de un Grupo de Trabajo dedicado a la migración de Venezuela. Fue lo más que pudo hacer. Es algo positivo pero insuficiente. Es como una aspirina: alivia el dolor, pero no cura.

Según fuentes diversas ya son casi tres millones los venezolanos que se han ido de su país, el más rico del mundo en petróleo. Y seguirán emigrando mientras se mantenga en el poder el narcochavismo. Washington ha dado pasos efectivos contra la dictadura chavista, pero tampoco han sido suficientes. Y además, nadie se suma.

A la pasividad latinoamericana se suma la actitud de la UE. Para empezar, la actual jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, es una militante comunista italiana para quien la dictadura de Raúl Castro es "una democracia de partido único".

Un diálogo con Maduro que no hubo con Pinochet o Videla

Y como dijera el mariscal prusiano Hindenburg, "para muestra basta un botón". España, por razones culturales e históricas, tiene una influencia decisiva en la UE en cuanto a la política hacia América Latina. Pues bien, el actual presidente español (sin haber sido elegido en las urnas), el socialista Pedro Sánchez, quien se niega a calificar de dictadura al régimen de Maduro, dijo en Bogotá que lo que hace falta en Venezuela es un "diálogo" entre venezolanos.

¿Habría pedido Sánchez a los chilenos que dialogaran con Pinochet, o a los argentinos que conversaran con Jorge Videla? ¿Esos sí eran dictadores porque eran de derecha?

En los organismos internacionales, los medios de comunicación y en las relaciones políticas en general es ostensible el poder que tienen ciertas fuerzas de una izquierda radical que es complaciente con las dictaduras y regímenes del mismo signo ideológico.

En el sistema de Naciones Unidas es habitual que se elogie al régimen castrista en la OMS, la UNESCO, la FAO, la CEPAL, etc. El actual secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, fue presidente de la Internacional Socialista entre 1999-2005 y acaba de nombrar a la también socialista expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el segundo cargo más importante de la ONU, con rango de secretario general adjunto.

Bachellet, fanática de Fidel Castro y el Che Guevara, se niega a llamar dictadura al régimen chavista, y considera que Raúl Castro no es un dictador. Muy poco, o nada, hará Bachelet contra las dictaduras latinoamericanas. No importa que asesinen, torturen y hambreen a sus pueblos. Son de izquierda, y punto.

Lo peor no es la falta de solidaridad internacional, efectiva y no oral, que necesitan los pueblos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, sino la "tibieza" latinoamericana, cosa que quizás podría empeorar en diciembre con el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La región no está actuando en correspondencia con la nueva correlación de fuerzas favorables a la democracia. Las autocracias hacen y deshacen, con una impunidad ya inadmisible en el siglo XXI. De hecho, Latinoamérica sigue afectada por el populismo que se supone dejó atrás.

DIARIO DE CUBA

Última actualización el Jueves, 20 de Septiembre de 2018 11:54
 
La Constitución cubana y el socialismo irrevocable PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Lunes, 13 de Agosto de 2018 11:15

Por DIMAS CASTELLANOS.- 

En la Convención que redactó la Constitución de 1901 el patriota cubano Juan Gualberto Gómez, en su condición de delegado, enfrentó un intento de esa índole con las siguientes palabras: "yo conceptúo que es una doctrina antiliberal, que nosotros, aprovechándonos de la circunstancia de estar aquí reunidos para un mandato definido pretendamos ligar el porvenir, cerrar el derecho de nuestro pueblo hacia el mañana, deteniendo su impulso..."


La Constitución es la ley de mayor jerarquía jurídica y política de un Estado; norma su estructura, organización y funciones, entre las que están la promoción y defensa de los derechos fundamentales de la persona. En dependencia de que surja o no del consenso logrado entre las diferentes fuerzas existentes y que constituya una expresión de la soberanía ciudadana, la Constitución servirá para el avance o el estancamiento de la sociedad.

Aunque por sus objetivos requiera de una relativa estabilidad, al reflejar los cambios que genera el desarrollo social, la Constitución puede que ser reformada o sustituida. Su adaptación a las condiciones cambiantes no debe recaer en el gobierno de turno, sino en el soberano que le dio origen, es decir, en el pueblo, mediante representantes elegidos para ese fin. Mucho menos debe quedar sujeta a lo que disponga la persona o el partido que ocupe el poder del Estado, para evitar, como ha ocurrido en la historia, que un gobierno o una generación puedan establecer pautas para siempre y negar a las generaciones presentes y futuras la capacidad de decidir sobre su propio modo de vivir.

Por ejemplo, en la Convención que redactó la Constitución de 1901 el patriota cubano Juan Gualberto Gómez, en su condición de delegado, enfrentó un intento de esa índole con las siguientes palabras: "yo conceptúo que es una doctrina antiliberal, que nosotros, aprovechándonos de la circunstancia de estar aquí reunidos para un mandato definido pretendamos ligar el porvenir, cerrar el derecho de nuestro pueblo hacia el mañana, deteniendo su impulso..."

Transcurrido más de un siglo de ese acontecimiento y de espaldas a los resultados de un modelo que ha fracasado en todos los lugares y todas las épocas donde se implantó, el Gobierno cubano, ignorando el derecho de cada generación a decidir su propio destino, ha decidido refrendar constitucionalmente el modelo de socialismo totalitario como "irrevocable".

Los antecedentes están en el año 2002, cuando a partir de una iniciativa ciudadana, el Proyecto Varela propugnó —y recogió las firmas correspondientes para ello— una reforma constitucional a favor de las libertades fundamentales. La propuesta alcanzó una gran repercusión gracias a que el expresidente estadounidense James Carter lo mencionó en el discurso pronunciado ese año en la Universidad de La Habana.

Al reto, el Gobierno cubano respondió con una Enmienda Constitucional, a la que se adicionó una Disposición Especial en la que se proponía que "el carácter socialista y el sistema político y social contenido en ella fueran declarados irrevocables". Y que, "la Constitución solo podía ser reformada por la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adoptado, en votación nominal, por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes, excepto en lo que se refiere al sistema político, económico y social".

Al declarar eterno un modelo que, además de inviable, ni los nacidos ni los que estaban por nacer habían elegido democráticamente, Cuba se convirtió en el único país occidental anclado constitucionalmente al pasado. La prueba más evidente de ello consistió en que el propio líder de la revolución, en una entrevista que brindó en noviembre de 2016 a Jeffrey Goldberg, periodista de The Atlantic, admitió que: "El modelo cubano ni siquiera funciona para nosotros".

La declaración de irrevocable fue posible porque se invirtió el orden jerárquico del Estado cubano. En la Constitución de 1976 se declaró al Partido Comunista como la "fuerza superior de la sociedad y del Estado", lo que lo sitúa por encima de la Carta Magna. Lo demás son las manifestaciones concretas de esa superioridad.

Al clausurar la Asamblea Nacional del Poder Popular el 19 de abril de 2018, el general Raúl Castro aseguró que en la próxima Constitución no habrá cambio de nuestro objetivo estratégico. Y el 3 de junio, al presentar la Comisión designada para redactar el Anteproyecto constitucional, Miguel Díaz-Canel planteó que la reforma a la Constitución de 1976 no implicará ningún cambio en el sistema político, se mantendrá el carácter "irrevocable" del socialismo en Cuba, y el Partido Comunista (PCC) ejercerá el control sobre el resto de los organismos del Estado. Es decir, el secretario del Partido Comunista y el presidente del país pueden definir de antemano lo que se debe o no cambiar en la Constitución: el Partido primero, la Constitución después.

En consecuencia, el artículo 3 del Proyecto de Constitución plantea que: "El socialismo y el sistema político y social revolucionario, establecidos por esta Constitución, son irrevocables", y añade que "Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución".

La declaración de irrevocable, además de representar los intereses y la ideología del partido que detenta el poder, ni en 2002 ni ahora resolverá laincapacidad del socialismo totalitario, que al estatizar la economía la convirtió en factor de pobreza y al desconocer las libertades fundamentales generó desinterés; limitaciones que descalificaron ese modelo en el pasado, lo descalifica en el presente y lo descalificará en el futuro.

DIARIO DE CUBA

Última actualización el Martes, 21 de Agosto de 2018 05:20
 
La nueva Constitución cubana, un instrumento de legitimación del régimen PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Domingo, 12 de Agosto de 2018 05:22

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Por: Dr. Alberto Roteta Dorado.- 

En los años iniciales de la llamada revolución cubana el dictador Fidel Castro utilizó para su conveniencia la premisa socialista respecto a la disposición de los medios de producción, los que pasaron a ser de un día para otro propiedad del estado, y no del pueblo en su utópica modalidad de dictadura del proletariado como diseñaron los ideólogos del marxismo en sus fantasías especulativas respecto a modos y medios de producción, proletarios y burgueses, propiedades privadas y colectivas, entre otras polaridades que determinan la ideología comunista.


La nueva Constitución cubana, un instrumento de legitimación del régimen.

Por: Dr. Alberto Roteta Dorado.

Santa Cruz de Tenerife. España.-  Hay ciertos temas que merecen ser retomados aunque a los lectores les resulte reiterativo, algo que puede ser superado siempre que el retorno al tema en cuestión se haga desde una perspectiva renovadora y con nuevos elementos capaces de motivarles en la lectura y el análisis de lo que al final resulta ser un nuevo escrito.

De modo que volver a abordar el controversial asunto de la “nueva” Constitución cubana sea un reto, no solo por la idea de parecer recurrente, sino porque muchos han continuado presentando sus análisis – no siempre con la profundidad que temas como estos merecen y porque dejados llevar por un facilismo extremo caen en el pseudoanálisis– acerca de la nueva Carta Magna de Cuba, sin que olvidemos que en la brevedad de unos pocos párrafos se nos queda casi siempre demasiado por decir, de manera particular cuando se trata de asuntos de esta naturaleza, los que por su connotación merecen ser tratados con una mayor extensión que nos permita abarcar algunos de los puntos que han suscitado mayor interés entre aquellos que se motivan por estos temas.

Ya traté en un escrito publicado hace poco en este medio la errónea idea de que Cuba pudiera distanciarse del sendero comunista por el simple hecho de que fuera suprimida la palabra comunismo del nuevo documento considerado proyecto de Constitución. Nada más absurdo que hacernos creer que esto se pudiera concretar en los próximos años en una nación dominada por la peor dictadura del hemisferio occidental. Dejemos bien precisado de una vez y por siempre que en Cuba no existe ningún estado de carácter transicional como substratum preparatorio para ciertos cambios trascendentes que algunos esperan, y que lamentablemente, continuarán esperando por un buen tiempo.

Ahora con más elementos objetivos en nuestro poder, toda vez que se ha hecho público el proyecto de Constitución en su totalidad, podemos continuar defendiendo la hipótesis que sostuve hace solo unas semanas cuando se publicó mi escrito: No es una nueva Constitución lo que necesitan los cubanos, sino un nuevo sistema sociopolítico, en el que defendí la idea de que en Cuba   no habrá cambios pues no es una nueva Constitución lo que se necesita, sino un nuevo sistema sociopolítico capaz de renovarla en todo sentido y apartarla definitivamente del socialismo.

En la Introducción al análisis del Proyecto de Constitución de la República durante la consulta popular, precediendo a sus varios capítulos y múltiples artículos, ya se deja muy bien precisado que en la mayor de las Antillas el socialismo se mantendrá, aunque ahora muy a su manera y bien distante de lo que idearon Marx y Engels, y por qué no, también de los modelos comunistas de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, y de los países de la Europa Central y Oriental en los que se impuso dicho sistema social y modelo económico, los que antaño el régimen cubano consideró como paradigmas dignos a imitar.

En esta introducción se afirma: “El proyecto reafirma el carácter socialista de nuestro sistema político, económico y social, así como el papel rector del Partido Comunista de Cuba”, con lo que no queda lugar para la duda respecto a ciertos posibles cambios que algunos pretendieron ver de manera anticipada, y hasta se atrevieron a comentar sobre lo que solo era el ápice de un gran iceberg, con lo que únicamente contribuyeron a hacer especulaciones carentes de sentido pues faltaban fundamentos sólidos más allá de la buena imaginación de los que confundieron expresiones y términos, amén de haberse apoderado muy tempranamente de la trascendental desaparición del término comunismo, lo que ha sido solo esto, es decir, la supresión de un término conceptual, por cuanto, como se afirma en la citada introducción, se “reafirma el carácter socialista” del sistema imperante en Cuba.

Ya se sabe que en la isla no quedan ni remanentes de un socialismo que jamás lo fue en su verdadero sentido, tal como lo concibieron como imagen ideal arquetípica los fundadores de esta doctrina, aunque en el orden práctico jamás fructificó en ninguna parte del mundo – como tampoco lograron concretarse como acto aquellos intentos socialistas que precedieron a Marx, incluida la disparatada comunidad icariana de Cabet en tierras estadounidenses–.

En los años iniciales de la llamada revolución cubana el dictador Fidel Castro utilizó para su conveniencia la premisa socialista respecto a la disposición de los medios de producción, los que pasaron a ser de un día para otro propiedad del estado, y no del pueblo en su utópica modalidad de dictadura del proletariado como diseñaron los ideólogos del marxismo en sus fantasías especulativas respecto a modos y medios de producción, proletarios y burgueses, propiedades privadas y colectivas, entre otras polaridades que determinan la ideología comunista.

Pero de haberse apropiado de los bienes ajenos a ponerlos a disposición del “pueblo trabajador” – slogan que sustituyó un tanto al ya gastado término proletariado que con tanta insistencia utilizó Marx en sus experimentos “progresistas”– hay una gran brecha, tan extensa que en la Cuba de Fidel Castro (porque llegó a ser el dueño absoluto de la nación) las concepciones socialistas adquirieron matices tan sui generis que resulta extremadamente difícil poder definir si alguna vez existió ese socialismo por el que aun están luchando para hacerlo “próspero” y “sostenible”, acudiendo a la caduca terminología de los viejos comunistas cubanos.

Detengámonos ahora, retomando la aburrida Introducción al Proyecto de Constitución, en la idea que le sigue a la concepción respecto a la reafirmación del socialismo: “Es incorporado el concepto de Estado socialista de derecho, a fin de reforzar la institucionalidad y el imperio de la ley, dentro de ello la supremacía de la Constitución. Dejando para otra ocasión la definición y caracterización de un “Estado socialista de derecho”, esta jerigonza significa esencialmente que con la Constitución todas las directrices, disposiciones y acciones del régimen cubano quedan amparadas con un respaldo jurídico toda vez que el documento será legitimado y contará con el respaldo popular – ya se sabe que por una causa u otra, bajo presión, amenazas, para no señalarse o no comprometerse, por conveniencia, y en última instancia, y solo una exigua minoría, por convicción, el “proletariado” apoyará esta nueva fechoría–, siendo este el principal objetivo del lanzamiento de dicho proyecto en unas circunstancias como las actuales, tal vez las más difíciles dentro del contexto económico, social y político de Cuba; aunque muchos no lo logren percibir de esta manera.

Pero el régimen comunista de Cuba necesita justificar aquellos cambios que en realidad lo apartan de una línea política que se dispersa entre el concepto filosófico del no límite y la ficción seductora del engaño, esto es, se es o no se es, y de los estados intermedios jamás ha fructificado nada perdurable. No puede replantearse la idea de un socialismo modificado o adaptado a nuevos contextos. Se es socialista o no, aunque sea solo desde el punto de vista teórico.

En el artículo 21 del llamado proyecto de Constitución se precisa: “Se reconocen las formas de propiedad siguientes: 89. a) socialista de todo el pueblo: en la que el Estado actúa en representación y beneficio de este como propietario. 90. b) cooperativa: la sustentada en el trabajo colectivo de sus socios propietarios y en el ejercicio efectivo de los principios del cooperativismo. 91. c) mixta: la formada por la combinación de dos o más formas de propiedad. 92. d) de las organizaciones políticas, de masas y sociales: la que ejercen estos sujetos sobre sus bienes. 93. e) privada: la que se ejerce sobre determinados medios de producción, de conformidad con lo establecido. 94. f) personal: la que se ejerce sobre los bienes que sin constituir medios de producción contribuyen a la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de su titular”.

Con lo que las concepciones marxistas socialistas respecto a la eliminación de la propiedad privada sobre los medios de producción van quedando a un lado para abrirse a nuevas modalidades dentro del orden económico. No obstante, en medio de esta compleja diversidad se imponen ciertas normativas que de modo muy explícito quedan bien precisadas en la introducción a la que he estado haciendo referencia: “El sistema económico que se refleja mantiene como principios esenciales la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales y la planificación, a lo que se añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad no estatal, incluida la privada”, esto último inadmisible por la alta jerarquía comunista cubana hasta hace unos pocos años cuando recién se estrenaba Raúl Castro en el poder y bajo su mandato tuvieron lugar ciertos reajustes necesarios, los que, más que una apertura económica, fueron un paliativo a la enorme crisis de la economía cubana, de la que jamás han logrado salir a pesar del ya gastado slogan de la “actualización” del “nuevo” modelo económico cubano impulsado por Raúl Castro.

Así las cosas, el panfleto que en breve será sometido a “consulta” no es más que un instrumento mediante el cual el decadente régimen busca a toda costa una legitimación de todos sus actos, algo que conseguirán a través de un simulado apoyo popular que lo hará irrevocable. Ya se sabe que las multitudes por temor, por falsedad o por lo que sea, aprobarán su nueva Carta Magna, con lo que el gobierno tendrá un amparo legal para salirse del eje central de la filosofía política, esto es, que todos los gobiernos sean legítimos.

Pero se trata de la demostración de una verdadera legitimidad, y esto no es posible en Cuba donde la propuesta de Carta Magna no procede de la voluntad popular, como debe ser, al menos teóricamente, para poder afirmar que una Constitución sea legítima – téngase en cuenta el caso de la Constituyente venezolana como paradigma de violación de esa condición de legitimidad–. La democracia debe ser ampliada a través de un debate público enriquecedor con la mayor cantidad de perspectivas posibles, cuyas perspectivas deberán ser además representativas del sentir popular nacional, y no impuestas.

No es admisible que pueda existir una democracia exclusivista. Toda forma de democracia excluyente es una pseudodemocracia, algo que se demuestra en la mayoría de los artículos del “nuevo” documento cubano. Si el único fundamento posible de una buscada legitimidad es el consenso, no puede admitirse una democracia que discrimine, que sea excluyente y que justifique la agresión “popular” contra aquellos que piensen de otra manera diferente a los cánones de la llamada sociedad socialista: “Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución”, lo que contradice la esencia de una verdadera Constitución y la convierte en algo ilegítimo bien distante del objeto único del nuevo panfleto cubano.

Última actualización el Lunes, 20 de Agosto de 2018 12:47
 
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