Un reconocido analista económico opinó que la eliminación de un millón de empleos públicos no se aplicó con "suficiente transparencia", un nuevo reconocimiento solapado de la corrupción que impera en su sistema

Ariel Terrero fue quien, en su columna semanal en la televisión que controla el Estado, se atrevió a señalar falencias en la aplicación de las reformas que aprobó el comunismo en el último tiempo. Este tipo de declaraciones, otrora impensadas y con muchas posibilidades de tener represalias, han comenzado a circular en algunos ámbitos oficialistas, aunque sea a cuentagotas.

Al referirse al plan de Raúl Castro para despedir empleados estatales, Terrero consideró que "el Ministerio del Trabajo no ha abordado este programa tan importante con suficiente transparencia" y aseguró que ese proceso debería ser "emprendido con mayor amplitud".

"No sabemos si en este proceso, que ha seguido caminando, han sido más afectadas las mujeres que los hombres, no sabemos cómo ha sido la relación de edades, en fin, no sabemos siquiera cuántos son los trabajadores que quedaron disponibles el año pasado con precisión", admitió.

El proyecto del comunismo isleño, que se enmarca en las medidas adoptadas para estimular la alicaída economía del país, contempla la supresión gradual, en cinco años, de un millón de empleos públicos, el 20% de la planilla estatal en un país de 11,2 millones de habitantes.

Según Terrero, "inicialmente se previó un programa poco realista" y "se pensó en que se podía dejar disponibles a 500.000 trabajadores en apenas unos pocos meses", pero "pronto se percibió que esto era un plazo demasiado corto y se pasó a una reprogramación del proceso".

"Sabemos que, para el actual año, hay un plan de que queden disponibles (cesantes) 170.000 trabajadores" y "estos deben sumarse a la cifra secreta" de los que quedaron sin empleos en 2011, apuntó.

La de Terrero es apenas una de las muchas críticas que despertó el ajuste emprendido por el régimen. Lo sorprendente, en este caso, es que esta haya sido realizada por un especialista ligado a las autoridades y a una señal que, como la mayor parte de la prensa local, está bajo la égida estatal.

Aunque inesperados, unos pocos comentarios como este se han publicado en el último tiempo en medios oficialistas, lo que ha llevado a analistas a preguntarse si se trata de un incipiente movimiento hacia la libertad de expresión o la voluntad misma del régimen de poner en relieve la necesidad de abordar sus propios problemas.

Así, por ejemplo, el diario oficialista Juventud Rebelde criticó en julio de 2011 la burocracia de las compañías en manos estatales y culpó al verticalismo que las rige. Meses antes, el politólogo Esteban Morales había advertido que negros y mulatos saldrían más perjudicados en el plan de despido de personal, en línea con la marginación histórica que sufrieron en Cuba.

Claro que ese tipo declaraciones son enormes excepciones en el sistema de comunicación cubano, bajo un estricto control. De hecho, los órganos oficiales suelen apelar a criterios periodísticos que en cualquier medio de comunicación serían inaceptables cada vez que se ven obligados a informar una noticia que afecta al Gobierno.

El plan oficial contempla convertir a miles de trabajadores estatales en privados, en un programa que partió hace un año con las peluquerías y barberías. Hasta ahora, unas 357.000 personas se ganan la vida en la isla con el trabajo privado o "por cuenta propia" y se espera que lleguen a 600.000 a fines de 2012.