El nuevo Gobierno español multiplicará la carga impositiva sobre las rentas. En campaña, el ahora presidente se había mostrado contrario a este tipo de medidas

El presidente de España, Mariano Rajoy, anunció el viernes un severo plan de ajuste que incluye un primer recorte presupuestario de casi 9.000 millones de euros y la subida del impuesto sobre la renta.

Sin embargo, a lo largo de los últimos años el líder del Partido Popular defendió la bajada del impuesto, uno de los puntos que lo diferenciaba radicalmente del ex mandatario español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Así, el mensaje de ayer representó la primera promesa incumplida del nuevo gobierno español, que llegó al poder en medio de una crisis económica que sacude al pueblo con una desocupación por encima de los 5.000.000 de personas.

Las medidas conformaron el inicio de unos ajustes estructurales jusgados como imprescindibles para reducir el déficit y dinamizar la economía española.

La vicepresidente y vocera del gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, reveló que el déficit público en 2011 será en torno al 8% del PBI, "mucho más elevado de lo que había comunicado y comprometido el anterior gobierno", que calculaba acabar el año en un 6 por ciento.

La "mano derecha" de Rajoy dio a entender que el anterior ejecutivo no les había informado correctamente, para subrayar después que "el desfase presupuestario está ahí, con independencia de su origen". Luego afirmó que "hay un gobierno dispuesto a tomar decisiones".

Entre estas, algunas que ya se habían filtrado, como la congelación un año más de los sueldos de los empleados públicos -que en 2010 lo vieron recortado en un 5 por ciento de media- o la del salario mínimo interprofesional, que actualmente es en España de 641 euros (824 dólares) al mes, uno de los más bajos de la Unión Europea.

También se ampliará la jornada laboral en la administración pública a 37,5 horas semanales, y se congelará la plantilla de todas las administraciones, salvo de los servicios básicos.

La vocera dijo que se aprobó un recorte de gasto de 8.900 millones de euros (11.500 millones de dólares) a través de un acuerdo de no disponibilidad de crédito que limitará el presupuesto de los diferentes ministerios durante el primer trimestre del año.

Pero la "nueva situación" creada por el déficit del 8 por ciento del PBI -"extraordinaria y no deseada", según Sáenz de Santamaría- obligará al gobierno a adoptar también "medidas extraordinarias" y no previstas anteriormente.

Así, el ejecutivo del Partido Popular aprobó aumentar durante dos años en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) las rentas de trabajo y de capital, además de la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles y la supresión de bonificaciones al gasóleo profesional.

Con estas medidas, esperan recaudar más de 6.000 millones de euros (7.800 millones de dólares), más de dos tercios de ellos por el impuesto a las rentas de trabajo.

El ejecutivo también acordó reducir en un 20 por ciento las subvenciones que reciben los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales.