Carlos Lupi se encontraba en la cuerda floja por una serie de denuncias sobre casos de corrupción, pero insistió en que sufría una persecución. Es el sexto miembro del Gabinete de Rousseff que se ve forzado a dimitir

"Teniendo en cuenta la persecución política y personal de los medios que vengo sufriendo hace dos meses; tomando en cuenta la divulgación del parecer de la Comisión de Ética (...) decidí pedir la renuncia al cargo con carácter irrevocable", informó Lupi en una nota entregada a la presidente este domingo.

De acuerdo al diario Folha de Sao Paulo, varios miembros del Ejecutivo ya habían llevado la noticia a Lupi de que la presidente exigiría su salida a su regreso de Venezuela, ya que su caso estaba dañando la imagen del Gobierno. 

La mandataria ha perdido a seis de sus 32 ministros -la mayoría de ellos fueron heredados de las gestiones de su antecesor, Lula da Silva- desde que asumió el mandato en enero, cinco de los cuales fueron separados de sus cargos por escándalos que involucran acusaciones de corrupción: el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Antonio Palocci, y los ministros de Transportes, Alfredo Nascimento, de Agricultura, Wagner Rossi, de Turismo, Pedro Novais y de Deportes, Orlando Silva.

La salida de los funcionarios ha debilitado las relaciones de Rousseff con los partidos de la coalición en el Congreso, un vínculo que necesita para aprobar un ambicioso programa de legislación social e inversión en infraestructura en el país.

Semanas atrás, Lupi dijo que "sólo una bala" podría removerlo de sus funciones. Pero la presión sobre él se incrementó aún más durante esta semana, en especial cuando la Comisión de Ética Pública de la Presidencia de Brasil recomendó despedirlo de manera unánime por mala administración.

La investigación del comité, junto con una indagación del Congreso, ocurrió después de que la revista Veja reportó en noviembre que Lupi habría pedido sobornos a organizaciones de caridad y otras entidades no gubernamentales como condición para recibir financiamiento del ministerio. También habría favorecido a ONG relacionadas a su Partido Democrático Laborista y realizado una serie de viajes pagados por un contratista del ministerio. Una de las últimas acusaciones que se hicieron en su contra  señala que habría recibido un salario como empleado federal del Congreso por seis años, mientras que al mismo tiempo habría servido y recibido un sueldo como representante de la legislatura del estado de Río de Janeiro, reportó el diario.