Un informe secreto del Departamento de Justicia, expresamente solicitado para esta operación, respaldó la legalidad de la muerte el viernes de Anuar el Aulaki, a quien se consideraba uno de los principales líderes de Al Qaeda y el responsable de esa red en Yemen.

Este informe puede proteger al Gobierno ante cualquier reclamación judicial, pero difícilmente detendrá la polémica constitucional y de derechos humanos que esa muerte ha generado en Estados Unidos.

El contenido exacto del memorando no ha sido hecho público, pero distintas fuentes oficiales que han hablado con medios de comunicación norteamericanos han explicado que la legalidad de la operación contra El Aulaki, en la que también murió otro ciudadano norteamericano, Samir Khan, está sostenida en el principio de que se trató de una operación de guerra contra un combatiente que representaba un peligro inminente contra la seguridad de la población de EE UU.

“De acuerdo a la autoridad dada por el Congreso para el uso de la fuerza militar en el conflicto armado contra Al Qaeda, así como por las leyes internacionales que reconocen el derecho a la autodefensa, es absolutamente legal que EE UU actúe contra líderes de alto nivel de fuerzas enemigas que están planeando matar norteamericanos, independientemente de su nacionalidad”, asegura una declaración oficial de la Administración.

Desde ese punto de vista, matar a El Aulaki y a Khan sería como matar a ciudadanos norteamericanos que hubieran planificado junto a los jefes militares japoneses el ataque contra Pearl Harbor.

Dos organizaciones estadounidenses de defensa de los derechos ciudadanos, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro de Derechos Constitucionales, consideran, no obstante, la muerte de El Aulaki “una ejecución sumaria” de un ciudadano contra el que no se habían presentado cargos y quien no fue sometido a juicio alguno.

Robert Chesney, un profesor de derecho constitucional de la Universidad de Texas y una de las más reconocidas autoridades nacionales en materia de leyes sobre seguridad nacional, considera esta operación legal, pero admite, en declaraciones a The New York Times y The Washington Post, que de forma muy ajustada y con “mucha controversia”.

La Quinta Enmienda de la Constitución de EE UU garantiza que nadie puede ser privado de su vida sin un legítimo proceso judicial. Esa garantía no rige en caso de guerra, donde obviamente se admite la eliminación del enemigo, o ante una amenaza inminente, como sería el caso de alguien en posesión de una bomba en el medio de un aeropuerto.

Desde el comienzo de la lucha de EE UU contra el terrorismo han existido dudas entre los expertos sobre si eso podía ser considerado una guerra, en el sentido de que no existen frentes establecidos y, por tanto, los soldados norteamericanos podrían actuar bajo los principios de la guerra en cualquier lugar del mundo en el que creyesen oportuno.

Este argumento ya fue defendido ante los tribunales por el padre de El Aulaki el año pasado en su intento de que su hijo fuese excluido de la lista de terroristas a los que se busca vivos o muertos. Apoyado por la ACLU, la demanda sostenía que Yemen, donde vivía El Aulaki, no es un frente de guerra y que, por tanto, debería de ser capturado y juzgado en su país de nacimiento, EE UU. Los jueces no le dieron la razón.

Otro de los argumentos que ponen en duda la legalidad de esta operación es la del peligro inminente. Así como en el caso de Osama Bin Laden, aunque pudiera dudarse de que fue víctima de una acción de guerra, su peligrosidad era evidente, puesto que él mismo había reconocido hechos atroces cometidos contra EE UU y se probó que planificaba otros, en el caso de El Aulaki, la certeza e inminencia del peligro es más frágil.

EE UU solo ha podido presentar hasta ahora pruebas débiles de su conexión con el nigeriano que pretendió volar un avión en Detroit en la Navidad de 2009 y de haber servido de inspiración espiritual del militar que mató a 13 de sus compañeros en Texas ese mismo año. El Aulaki era claramente un predicador de la violencia, pero las evidencias de su vinculación directa con atentados no se han dado a conocer aún.