Son ex presos políticos, críticos del castrismo, periodistas que quieren trabajar sin censura, blogueros que han abierto un espacio de información libre; viven y trabajan en La Habana, Santa Clara, Camagüey; y dan la cara.

Firman, con nombre, apellido y número de documento, una nota a la Organización de Estados Americanos para reclamar que, ''mediante un reconocimiento especial de la OEA a los grupos que integran el movimiento cívico cubano", el organismo deje "de extender sobre éstos la actual ilegalidad" que el "régimen antidemocrático (de Cuba) les impone a través de su normativa represiva de las libertades civiles y políticas más elementales''.

Entre los firmantes se encuentra Guillermo Fariñas (foto, arriba, derecha), célebre por sus huelgas de hambre a favor de la liberación de los disidentes encarcelados; también la bloguera Yoani Sánchez (foto, abajo, derecha); Laura Pollán, integrante de las Damas de Blanco; la abogada Laritza Diversent (foto, arriba, izquierda), que traza un interesante retrato de la sociedad cubana en sus posts sobre el impacto de la legislación en la vida cotidiana; además de otros críticos del régimen, como Oscar Espinosa Chepe, Dagoberto Valdés y Elizardo Sánchez (foto, abajo, izquierda). (Ver lista completa).

Este pedido al organismo interamericano fue, en realidad, una iniciativa del Proyecto Puente Democrático, motorizado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), que el 13 de abril pasado envió una nota a la Secretaría de Relaciones Externas de la OEA con copia de una carta dirigida a su secretario general, el chileno José Miguel Insulza. En esa comunicación, se recomendaba al organismo "que los Estados miembros instruyan a sus representaciones diplomáticas en La Habana que cumplan en las sedes de sus embajadas con el artículo 1° de la Carta Democrática Interamericana brindándoles reconocimiento, protección y acceso a Internet a los integrantes del movimiento cívico cubano que promueven pacíficamente una apertura política en su país y que son víctimas de la inseguridad personal que genera un Estado que a través de su normativa legal penaliza expresamente el ejercicio de las libertades civiles, políticas y económicas''; y que ''mientras el gobierno de Cuba les niega a sus ciudadanos el derecho a la libertad de asociación, la OEA debería contemplar la participación de la sociedad civil cubana ante el organismo''.

Hasta ahora, la única respuesta de la OEA ha sido acusar recibo de la nota a través de una misiva sin firma dirigida al director del CADAL: ''Señor (Gabriel) Salvia: En nombre de la doctora Irene Klinger, Directora del Departamento de Asuntos Internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), nos es grato saludarle y agradecer su comunicación, la cual responderemos en los próximos días''. Cuatro meses después, la solicitud sigue sin respuesta.

Cabe señalar que el estatuto de la OEA prevé que el organismo puede otorgar un reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil de sus Estados miembros con la única condición de que éstas sean legales. Se podrá argumentar, en este caso, que Cuba no es miembro de la OEA y que las organizaciones a las cuales pertenecen los firmantes cubanos de la iniciativa, como las Damas de Blanco, la Coordinadora Nacional de Presos o el Arco Progresista, aunque no totalmente clandestinas, tampoco son legales en ese país.

Pero ambos pretextos son relativos. El primero, porque la OEA se apresuró hace un tiempo a anunciar con bombos y platillos que Cuba podía volver al organismo del cual fue expulsada en los años 1960 cuando quisiera y sin ningún tipo de condición. El segundo, porque el estatuto de la organización incluye una cláusula democrática que la isla castrista está a años luz de cumplir; pero que el régimen cubano no cumpla con los estándares de la democracia no significa que la sociedad civil no lo haga. De hecho, muchas de las asociaciones que en condiciones de precariedad intentan abrirse camino en el país caribeño son un germen de democracia y seguramente jugarán un papel muy importante cuando se inicie la apertura política que necesariamente deberá tener lugar un día.