Por: Martha Beatriz Roque Cabello

El pasado 1ro. de agosto durante el Séptimo Período de Sesiones Ordinario de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Raúl Castro –en el discurso de clausura- hizo referencia a la necesidad  de reducir prohibiciones y regulaciones y modificar decisiones que perduraron innecesariamente. Y dijo textualmente: “…aprovecho la oportunidad para informar a los diputado y a los ciudadanos que nos encontramos trabajando para instrumentar la actualización de la política migratoria vigente”…

Esta “voluntad” de transformar las posibilidades de entrada y salida del país, ha creado una gran expectativa en la nación cubana. Hay que resaltar que en sus palabras, Raúl Castro se refirió a la condición de emigrantes económicos de la mayoría de los que se marchan, explicando que las aspiraciones de mejorar el nivel de vida constituyen la principal motivación para los movimientos migratorios en general; pero no obstante siempre hizo mención a la Ley de Ajuste Cubano, que “ha provocado numerosas muertes de inocentes”, con lo que aspira a quitar toda responsabilidad al actual régimen por los que se expatrían en  medios navales rudimentarios.

Ahora bien, lo que hace pensar que las soluciones serán de “aguas tibias” es el hecho de que se plantee que para la flexibilización de la política migratoria se tendrá en cuenta el derecho del Estado revolucionario de defenderse de los planes injerencistas y subversivos del gobierno norteamericano y sus aliados; así como las que llamó “contramedidas razonables” para preservar el capital humano, creado por la Revolución, frente al robo de talentos.

De esta explicación se puede desprender que al menos ya hay dos restricciones sugeridas: la primera sería para la disidencia interna y los miembros del exilio que han trabajado para la instauración de la democracia en Cuba; y la segunda para los graduados universitarios de carreras sensibles para la dictadura, como por ejemplo: medicina, informática, relaciones internacionales, etc.

Quizás entonces sueña, el que piense verse en el aeropuerto internacional José Martí, o en cualquier otro de la isla, viajando hacia otro país, sin tener que presentar una “tarjeta blanca” como permiso de salida y pagar 150 cuc (peso cubano convertible) por esta especie de carta de libertad de los esclavos; o habiendo dejado atrás, en manos del gobierno,  todos los bienes que pudo acumular durante su existencia, incluyendo su cuenta bancaria.

En el supuesto caso de que este propósito se hiciera realidad, y que todo saliera “a pedir de boca”, quedaría el estigma de un incalculable número de presos –en cárceles cubanas- por los delitos de entrada y salida ilegal del territorio nacional, previstos en los artículos 246, 247 y 248 del Código Penal; sancionados éstos que en muchos casos han sido víctimas de las restricciones migratorias y que algunos de ellos cumplen largas condenas, por ser reincidentes y multirreincidentes.

La inmensa mayoría del pueblo cubano vería con mucho agrado que se les ofreciera a estos reclusos una amnistía, para que pudieran recobrar sus vidas –junto a su familia- y aprovechar el momento en que se permita salir “sin prohibiciones” del país y hacer realidad lo que les quedó tronchado.

Si se recogieran firmas para avalar esta demanda, muchos ciudadanos estarían dispuestos a darlas. Si se hiciera un plebiscito con la pregunta ¿Daría usted amnistía a los sancionados por delitos migratorios?  La respuesta sin lugar  a dudas sería: SI.

La supresión de estas condenas se podría entonces considerar un buen gesto por parte de los que detentan el poder y un paso en el camino del “cambio”. Y es que hasta el momento no se vislumbra la senda por donde se va a transitar para resolver los innumerables problemas por los que atraviesa la nación cubana.

Para un poco que calmar la tensa situación en la que vive el ciudadano promedio, desposeído del cumplimiento de hasta la propia Constitución Socialista, ya que las acciones de las personas y de la sociedad no están apegadas a la juridicidad y mucho menos al respeto de la dignidad plena del hombre; deben plantearse soluciones de inmediato, y esto lo sabe muy bien el gobierno, que trata de salir en estos momentos –demasiado tarde- en defensa de la ética y el respeto a la legalidad, con la idea de todo un proceso de institucionalización; pero hasta ahora, son todas palabras.

Ciudad de La Habana, 11 de agosto de 2010.