El máximo órgano judicial de Cuba escuchó el viernes el último recurso de la apelación de Alan P. Gross, un subcontratista del gobierno de Estados Unidos, cuya condena a 15 años de cárcel ha estancado los esfuerzos de la administración del presidente Barack Obama por mejorar las relaciones con La Habana.

JUAN O. TAMAYO

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Un anuncio del gobierno cubano dijo que la Sala de Delitos Contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular, daría su veredicto “en los próximos días”.

De 62 años y vecino de Potomac, Maryland, Gross fue hallado culpable de proveer a la diminuta comunidad judía cubana de un teléfono de satélite ilegal para que pudiera eludir los controles de acceso a internet del gobierno.

Gross trabajaba para un programa de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) para brindar asistencia a la sociedad civil en la isla. Según funcionarios cubanos se trata de una campaña para derrocar al gobierno.

El tribunal puede ratificar la culpabilidad y la sentencia de Gross; anularlas, y ponerlo en libertad; o ratificar la sentencia pero reducir la condena. Raúl Castro, presidente del Consejo de Estado, puede indultar a Gross después que el tribunal dicte sentencia.

Funcionarios de Estados Unidos se han mostrado optimistas de que Gross sea puesto en libertad este año desde que las autoridades de La Habana dijeron a un funcionario del Departamento de Estado en enero que era posible una liberación temprana por razones humanitarias.

Su hija está luchando contra el cáncer de seno y se ha reportado que su esposa Judy tiene problemas de salud. Judy no asistió a la audiencia judicial del viernes, y se reportó que estaba recuperándose de una operación no especificada.

Funcionarios de la administración de Obama han exigido repetidas veces que se ponga en libertad a Gross y han asegurado que no será posible una mejoría significativa en las relaciones entre ambos países hasta que regrese a casa.

Presentes en la sesión judicial del viernes estaban Gross, sus abogados cubanos y estadounidenses — Nuris Piñero y Peter Kahn — y tres representantes de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana. La audiencia estuvo cerrada a la prensa y al público.

Una declaración publicada por Kahn dijo que Gross “reiteró que nunca tuvo intención alguna de causar daño al gobierno o al pueblo de Cuba, y que él siempre ha creído —y sigue creyendo hasta el día de hoy—en la soberanía de la nación cubana”.

“Seguimos teniendo la esperanza de que el dictamen [del tribunal ….] permitirá que Alan pueda reunirse pronto con su familia”, agregó. “Al mismo tiempo, continuamos haciendo un llamado a las autoridades cubanas para que tengan en cuenta la difícil situación familiar de Alan y lo pongan en libertad de inmediato por razones humanitarias”.

Gross fue arrestado a finales del 2009 y hallado culpable en marzo del presente año de violar la “independencia y la integridad territorial” de Cuba. Ha permanecido detenido en un hospital militar de La Habana, y ha perdido 100 libras desde el 2009.

Su arresto le trajo mucha atención al programa dirigidos a Cuba por USAID y el Departamento de Estado, y financiados con alrededor de $20 millones al año como parte de una campaña de mucho tiempo para promover la democracia en la isla.

El senador John Kerry, demócrata por Massachusetts, bloqueó la más reciente asignación de $20 millones a principios de este año, alegando que los programas eran inoperantes, dispendiosos y que provocaban a Cuba a tomar medidas severas tales como el arresto de Gross.

Un despacho enviado a Washington por diplomáticos estadounidenses en La Habana un mes después del arresto de Gross reportaron varias especulaciones sobre las razones de las autoridades, desde un esfuerzo por atraer “atención de alto nivel de Washington a la manera de Corea del Norte” hasta una advertencia indirecta a los blogueros independientes de la isla.

“Sea cual sea su intención, el arresto ha enfriado la atmósfera para los programas democráticos en Cuba, especialmente aquellos que dependían de viajes a la isla sin restricciones ni problemas”, añadió el cable, que fue hecho público el año pasado por la página de internet Wikileaks. “Por tanto, el arresto ya ha servido a los intereses de la autoritaria clase gobernante”.