Delegados de Venezuela y Colombia viajaron al país para constatar si un juicio iniciado con un ex ministro del gobierno derrocado se realiza con imparcialidad

Con la mediación de Venezuela y Colombia, el 22 de mayo de este año, casi dos años después de la caída de Manuel Zelaya, el derrocado mandatario y el actual presidente de Honduras, Porfirio Lobo, firmaron el histórico Acuerdo de Cartagena, que posibilitó el retorno de Zelaya a su país -hasta ese entonces exiliado en República Dominicana- y la posterior normalización de las relaciones con la OEA. El paso fue clave, porque la nación centroamericana pudo volver a acceder al crédito internacional y lavar su imagen frente al mundo.

Uno de los principales obstáculos para el retorno de Zelaya a Honduras eran los procesos penales que le habían iniciado al ex presidente en su país, los cuales finalmente fueron cerrados. En este sentido, en el acuerdo firmado Lobo y su antecesor asumió el compromiso de garantizar que no habrá revanchas políticas contra los miembros del gobierno derrocado.

Hace nueve días Zelaya denunció la violación del pacto, a raíz del arresto domiciliario decretado contra su ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores. Concretamente, lo acusan por desviar unos 5,6 millones de dólares para pagar propaganda de una consulta nacional que pretendía realizar el gobierno sobre una reforma constitucional, la cual fue el detonante del derrocamiento del que participaron el Ejército, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia.

Flores es una figura importante dentro del Frente Nacional de Resistencia Popular que lidera Zelaya y tras exiliarse en Nicaragua después del golpe de Estado, retornó a Honduras el 28 de mayo junto al ex presidente.

En este marco, Caracas y Bogotá, que integran la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Cartagena, enviaron una misión encabezada por la vicecanciller de Colombia, Patria Londoño, y el asesor de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Venezuela, Ramón Gordín.

Este jueves los enviados se reunieron con el presidente Porfirio Lobo y la ministra de Derechos Humanos, Ana Pineda. También planean encuentros con representantes del Poder Judicial y de la Fiscalía.

Mientras, el juez Claudio Aguilar, quien ordenó el arresto, amenaza con recluir a Flores en un centro penitenciario si éste no cancela en el plazo de un mes una fianza de 3 millones de dólares. El ex ministro se declaró "imposibilitado" para pagar esa suma, calificó la resolución como "sicariato judicial" y alegó que el juez recibe presiones de los "golpistas" que derrocaron a Zelaya.

"El Acuerdo de Cartagena es muy claro: dice que se respetarán los derechos de los ex funcionarios del ex presidente Zelaya dentro del marco de la Constitución. Y es clarísimo que si hay un juicio por algo que no es político, como en este caso (que es por) un tema de corrupción, pues es difícil que se interprete que el acuerdo los cubre", declaró, de su lado, la canciller colombiana María Ángela Holguín a la emisora Radio Caracol.

En tanto, el líder de la Unión Cívica Democrática (UCD) -que nuclea a varias organizaciones que apoyaron la caída de Zelaya-, Jorge Yllescas, cuestionó a Lobo por permitir la llegada de la misión, que es "una vergonzosa y flagrante intervención a los asuntos internos del país". Sobre el Acuerdo de Cartagena, remató: "es un convenio político entre Lobo y los presidentes de Colombia (Juan Manuel Santos) y Venezuela (Hugo Chávez). Por eso no es ley en Honduras, porque sencillamente no ha sido aprobado por nuestro Congreso".