"Gracias... seguiré luchando por alguna otra causa justa que haya en el mundo", respondió Córdoba a los usuarios de Twitter que le manifestaron su apoyo virtual. Horas antes, había dicho en Radio Cadena Nacional que "estoy tan molesta que no sería honesta decirles que seguiré trabajando por la paz en nuestro país".

El fastidio le brotó porque la Procuraduría General de la Nación afirmó que Córdoba demandó al Estado por 44 millones de dólares. En septiembre de 2010, esa oficina la destituyó de su banca en el Senado y la inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos por "colaborar con las FARC".

"Exijo rectificación de la mentira que inventó el procurador (Alejandro Ordóñez), no he pedido ninguna indemnización", aseguró Córdoba. Según explicó, la conciliación que presentó es "un trámite" que exige la ley para que el Consejo de Estado acepte la acción de nulidad sobre su expulsión. "Si no presento la conciliación me rechazan la demanda. Lo que yo quiero es que me reintegren al cargo desde el momento en que fui destituida y se reconozca que no he dejado de ser senadora".

Se quejó de una presunta "campaña de desprestigio y descalificación" porque "algunos no quieren que trabaje en los temas de paz". Recordó que, en el marco de esa supuesta operación en su contra, se dijo que compró un departamento en Barcelona, que recibió una tarjeta de crédito Hugo Chávez y que pagó millones de dólares por un piso en la exclusiva Torre Bavaria del centro de Bogotá.

"Aunque haga milagros, en Colombia dirán que es magia negra", se lamentó. Puso como ejemplo la entrega fallida de rehenes que protagonizó semanas atrás: "Se generó mucho ruido porque falló una coordenada, y al final, yo soy lo peor del país".

Aunque el presidente Juan Manuel Santos le niega un papel formal como interlocutora entre el Gobierno y la guerrilla, la presidente del colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz tuvo un rol destacado en la gestión de la liberación de más de 15 rehenes de las FARC.