El subcontratista del gobierno estadounidense Alan P. Gross irá a juicio hoy en La Habana, en un caso que podría congelar o favorecer los esfuerzos de la administración del presidente Barack Obama para mejorar las relaciones con Cuba.

La condena del hombre de 61 años de Potomac, Maryland, es prácticamente segura, dicen los analistas. Los fiscales piden una sentencia de 20 años, basada en cargos de "actos contra la integridad y la independencia'' del país.

Pero aunque algunos analistas predicen que el gobierno comunista puede mantener a Gross en prisión por años con el fin de dar un ejemplo, otros esperan que será liberado después de cumplir una corta parte de la sentencia.

Gross trabajaba para Development Associates International, con base en el área suburbana de Washington, que fue contratada por la Agencia Federal para el Desarrollo Internacional para operar algunos de los programas de USAID para promover la democracia y la sociedad civil en Cuba.

Fue arrestado en La Habana el 3 de diciembre del 2009, después de entregar teléfonos satelitales y otros equipos sofisticados de comunicaciones a grupos de judíos en Cuba y a otros grupos no gubernamentales, para que pudieran tener acceso a internet y comunicarse unos con otros y el mundo exterior.

Funcionarios de la administración Obama han puntualizado durante los últimos 15 meses que no habrá una gestión significativa de su parte para mejorar las relaciones con La Habana hasta que Gross sea liberado.

Jaime Suchlicki, director del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, descalificó el juicio contra Gross como un ‘‘show mediático''.

El activista anticastrista Mauricio Claver-Carone pronosticó que Cuba empleará el juicio para demostrar que Washington proporciona apoyo material a los disidentes, a los que La Habana llama ‘‘mercenarios'', como ocurrió en los juicios del 2003 contra 75 opositores pacíficos.

"Lo que se verá aquí es una historia repetida, excepto que la persona en el banquillo de los acusados no es un cubano, sino un estadounidense'', dijo Claver-Carone. "Esta es una forma de acusar a Estados Unidos sin crear más mártires como los 75''.

Señaló que sólo días antes de los juicios del 2003, La Habana dio a conocer a tres espías que habían infiltrado a grupos disidentes, y acusó a Washington de darles equipos tales como computadoras portátiles. La semana pasada, La Habana dio a conocer a otros dos infiltrados: Carlos Serpa y Moisés Rodríguez, que podrian testificar en el juicio contra Gross.

También se espera que testifique William Miller, ex vicepresidente de un grupo de la comunidad judía de Cuba, que ha dicho a algunos periodistas que él conoció a Gross. Adela Dworin, la funcionaria máxima de la comunidad, ha negado haberse reunido alguna vez con Gross.

El estadounidense será juzgado por un panel de tres jueces de carrera y dos ciudadanos comunes que trabajan durante cortos períodos en el tribunal.

Claver-Carone, director del comité de acción política US-Cuba Democracy en Washington, predijo que Gross será declarado culpable. "Nadie en su sano juicio cree que no será condenado'', dijo.

"La única pregunta es lo que van a hacer después: dejarlo en prisión por 20 años o liberarlo para convertirlo en un regalo humanitario para la administración de Obama o la comunidad internacional'', añadió.

Un alto funcionario del Departamento de Estado que visitó La Habana en enero, dijo a los reporteros que funcionarios cubanos le habían dado a entender que Gross sería enviado a casa poco después del juicio.

Gross entró en Cuba con una visa de turista, no como subcontratista del gobierno estadounidense, y entregó al menos un teléfono satelital BGAN, que La Habana trata de controlar porque sus usuarios pueden evadir la capacidad del gobierno para monitorear todas las llamadas telefónicas regulares.

El gobierno cubano y sus partidarios han tratado de presentar el BGAN como ultrasofisticado, diciendo que es capaz de encriptar comunicaciones. Y un video que se filtró a la internet el mes pasado mostró a un agente de la inteligencia cubana alegando que Gross trató de crear varias redes independientes de comunicaciones en la isla.

Pero los BGAN pueden ser comprados o alquilados y usados por cualquier persona. The Miami Herald tiene seis, que se usan cuando las comunicaciones regulares son interrumpidas por desastres naturales como los huracanes.

Claver-Carone dijo que también esperaba que Cuba usara el juicio de Gross para hacer públicos los detalles de los programas de USAID, que Washington dice que están diseñados sólo para ayudar a los grupos que promueven la sociedad civil, pero que La Habana califica como intentos de ‘‘cambio de régimen''.

La última propuesta de presupuesto de la administración de Obama contiene la misma asignación de $20 millones para tales programas, como en cada uno de los dos últimos años de la administración de George W. Bush.

Héctor Palacios, líder de la opositora Unidad Liberal de la República de Cuba, dijo que el juicio contra Gross no reúne ninguna garantía que asegure un proceso transparente. Palacios es uno de los 75 disidentes sentenciados a largas penas de cárcel y que fue liberado con una licencia extrapenal por motivos de salud, en diciembre del 2006.

"Todo está fabricado y los que hemos pasado por esto sabemos que funciona así'', dijo Palacios a El Nuevo Herald por teléfono desde La Habana.

El caso de Gross también ha estado rodeado de especulaciones acerca de que podría ser condenado y después cambiado por alguno de los cinco espías cubanos que cumplen largas sentencias en prisiones de Estados Unidos, aunque la administración de Obama ha negado repetidamente esa posibilidad.

En noviembre, los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos escribieron al ex representante Lincoln Díaz-Balart, republicano por la Florida, que el trabajo de Gross, consistente en proveer de acceso a internet a "la comunidad judía y otros grupos marginalizados'', no era comparable a "los graves crímenes'' de los cinco espías.

"La negociación está fuera de discusión porque sería reconocer que Gross es un espía. También estaríamos burlándonos del sistema de justicia y del proceso democrático en Estados Unidos'', acotó.

Claver-Carone dijo que él tampoco esperaba un intercambio de prisioneros, señalando "que las repercusiones políticas serían problemáticas: recompensar la toma de rehenes''.