Por Vicente Botín

El “crimental”, el crimen de la mente, una de las aberraciones del estado totalitario que George Orwell retrata en su libro “1984”, tiene su equivalente en Cuba. El Artículo 72 del Código Penal penaliza “la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos”. Es decir que la “policía del pensamiento” puede detener y encarcelar a cualquier ciudadano sospechoso antes de que pueda realizar una acción contraria “a las normas de la moral socialista”.

En su Informe anual, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) califica esa atrocidad legal de “proclividad liberticida”, y denuncia que durante 2010 se realizaron en Cuba 2.074 detenciones arbitrarias de corta duración, frente a las 870 del año anterior, en el marco de lo que califica “represión de baja intensidad”.

Elizardo Sánchez, presidente de la CCDHRN, afirma que las expectativas para el año 2011 son “inquietantes” debido a la “falta de voluntad política” del régimen para acometer reformas legales que acaben con la “inaceptable criminalización del ejercicio de todos los derechos civiles, políticos, económicos y culturales”.

La Comisión ha podido documentar a 105 personas encarceladas por motivos políticos o político-sociales, una cifra sensiblemente inferior a la del pasado año. Ello se debe a la excarcelación de 56 presos políticos, 41 de ellos considerados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional, como consecuencia del proceso de diálogo iniciado entre el gobierno cubano y la Iglesia católica, con el gobierno español de “acompañante”.

Los excarcelados no fueron amnistiados sino desterrados y sus condenas siguen firmes. A todos se les obligó a abandonar el país junto con sus familiares y en el caso de que pudieran regresar a Cuba, serían encarcelados de nuevo. Once de sus compañeros del “Grupo de los 75” que se niegan a partir al exilio, continúan en prisión, a pesar de las promesas de Raúl Castro al cardenal Jaime Ortega de ponerlos en libertad.

En su Informe anual, la organización con sede en Nueva York,  Human Rights Watch (HRW) señala que desde que heredó el poder de su hermano Fidel Castro, en 2006, Raúl Castro ha mantenido plenamente activas las estructuras jurídicas e institucionales represivas de Cuba. Mientras las “reglas del juego” sigan intactas, dice HRW, mientras no haya cambios en las leyes represivas, el Gobierno seguirá asfixiando todas las formas de disenso político a través de procesos penales, palizas, persecución, denegación de empleo y restricciones de viaje.

“Una gran cantidad de personas han recibido penas de uno a cuatro años de prisión por su participación en actividades “peligrosas”, como repartir copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, organizar manifestaciones pacíficas, escribir artículos informativos de contenido crítico e intentar organizar sindicatos independientes”, dice en su Informe HRW.

Las dos organizaciones denuncian la situación degradante de las cárceles cubanas, donde los presos están expuestos a condiciones de hacinamiento, falta de higiene e insalubridad, que propician la malnutrición y las enfermedades. El preso político Orlando Zapata Tamayo murió en febrero del pasado año, después de una huelga de hambre de 83 días, en protesta por el trato inhumano de su encarcelamiento.

Después de la muerte de Zapata, el disidente Guillermo Fariñas inició una huelga de hambre –la número 23–, para exigir la atención médica de presos políticos con graves problemas de salud. Fariñas abandonó su actitud después de 135 días, al anunciar la Iglesia católica que había llegado a un acuerdo con el gobierno cubano para liberar a los presos políticos detenidos durante la “primavera negra de 2003”.

En octubre pasado, el Parlamento Europeo concedió al disidente cubano el Premio Sajarov a la libertad de conciencia, pero el gobierno le impidió acudir a Estrasburgo a recoger el galardón. El 28 de enero, Fariñas fue detenido por tercera vez en 48 horas junto a una veintena de opositores cuando intentaban realizar un acto de homenaje a José Martí. Las detenciones de corta duración y el hostigamiento a los disidentes por parte de las “Brigadas de respuesta rápida” son una constante en Cuba.

El Gobierno de Raúl Castro está inmerso en lo que llama “actualización” del modelo económico, pero no ha variado su actitud represiva sobre los derechos humanos. La “proclividad liberticida” es el último bastión de un régimen totalitario que se resiste a desaparecer.