Por Danilo Arbilla

También Luiz Inacio Lula Da Silva, antes de culminar su gestión, cumpliría con uno de los más emblemáticos actos de reafirmación neoprogresista y promovería una ley para regular, fiscalizar y vigilar a los periodistas y a los medios de comunicación.

A caballo de su popularidad -y con el beneplácito de las FFAA e Itamarati, por supuesto-, Lula, en la línea de sus colegas Chávez, Correa, Kirchner, Morales, Ortega, a partir de propuestas de organizaciones en su mayoría correligionarias del gobernante PT ( Partido de los Trabajadores), impulsará la "democratización de la información y de los medios de comunicación", que es la carátula que el progresismo vernáculo utiliza para denominar a sus intentos de amordazar a la prensa.

Las ideas y propuestas de la Primera Conferencia Nacional de Comunicación que se reunió del l4 al l7 de este mes en Brasilia, y cuyo trabajo Lula calificó de "excepcional", no son nuevas: creación de un Consejo Nacional de Periodismo para fiscalizar el trabajo de medios y periodistas, aprobación de un "Código de Ética" para regular la tarea periodística, mecanismos de "control social" (de los medios, y una serie de instrumentos restrictivos de la actividad periodística y de la tarea informativa. No podía faltar, entre tantas inquietudes, la de imponer el "título universitario" como condición previa para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho humano de buscar, recibir y difundir información, previsto en el Pacto de San José de Costa Rica ( Art.13).

Lula, ni qué hablar, se declaró "como un defensor de la libertad de expresión" pero advirtió sobre "excesos" y "exageraciones" de los medios. El discurso siempre es el mismo y el objetivo, regular a la prensa, también.

Creerle o no creerle, esa es la cuestión. Por ejemplo, afirmó textualmente: "tengo orgullo de decir que la prensa en Brasil es libre, publica y no publica lo que desea, investiga y deja de investigar lo que quiere". Al hacer esta afirmación ¿se habrá olvidado que el diario O Estado de Sao Paulo, desde el pasado 31 de julio no puede, por orden judicial (?), publicar nada sobre el proceso por corrupción que involucra al empresario Fernando Sarney, hijo del senador José Sarney. Pasemos por alto el hecho de que el juez que dio la orden judicial, parecer ser un allegado muy íntimo a la familia Sarney y vayamos a lo concreto: ¿en Brasil la decisión de un juez es superior a la Constitución que en su artículo 5° prohíbe la censura previa?

También por estos días se dijo en Brasil que el gobierno de Lula promovería una ley para crear una Comisión de la Verdad con el cometido de investigar los crímenes y violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Éste, en cambio, parece ser un tema que no cuenta con el beneplácito de las FFAA ni de Itamarati. Tampoco Lula pone tanto entusiasmo en esta materia, como cuando se refiere a regular la prensa. Él cuando se ve obligado a enfocar este tema y referirse expresamente a los desaparecidos y torturados, insiste en calificarlos de "héroes", como a su candidata y jefe de gabinete Dilma Rousseff, e insiste en que no se les debe indentificar como "perseguidos" o "víctimas". Esto es: no hubo ni perseguidores ni victimarios. Bien clarito.

Parecería, entonces, que hay suficientes elementos para inquietarse por la suerte que puede correr la libertad de prensa en Brasil. El tema de los DDHH, en tanto, puede que otra vez quede postergado.