Analistas consultados por Martí Noticias explicaron cómo Cuba se ha convertido en un Estado frágil que no atiende sus obligaciones principales de garantizar al pueblo necesidades básicas como la alimentación, la salud, el transporte y el suministro de energía eléctrica. Todo ello ha desencadenado una fuerte la crisis económica en la isla y un éxodo masivo de sus ciudadanos.

“La crisis real es la de la gobernanza en el país. Hay por lo menos tres zonas que aparecen: la de los históricos (que son el gran freno), la del Partido Comunista y la de la corrupta sociedad militar. Pero quien está gobernando en Cuba, realmente, es la corrupción que está a todos los niveles y es uno de los elementos en la falta de liderazgo”, indicó el periodista Julio Aleaga Pesant.

“En todas las provincias se repiten esquemas de corrupción de gobernadores, vicegobernadores, intendentes municipales y los militares en el medio, tratando de controlar los nuevos negocios”, apuntó.

Un estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) indica que la pobreza extrema afecta al 88% de los ciudadanos de la isla.

“La economía, la inflación galopante y el desmoronamiento de los salarios y de todo lo que lleva además al aumento de la pobreza: el deterioro de la educación, salud pública, seguridad social, la casi inexistente recogida de desechos, los problemas del agua y la luz, el sistema financiero, todo eso lleva a la insatisfacción del ciudadano, basada en la falta de gobernanza”, comentó Aleaga.

Debido al mal funcionamiento del Estado y de la sociedad, el debilitamiento de la confianza en la institucionalidad estatal y social se ha multiplicado en los últimos años.

“En el tema de seguridad, unas Fuerzas Armadas desmilitarizadas. En Cuba no hay aviación, no hay armamento, no hay oficiales o funcionarios y en el Ministerio de Interior, existe un caos tan grande que en el propio Ministerio de Interior no puede controlar la delincuencia”, señaló.

Para el comunicador, sólo funcionan las entidades represivas contra la oposición al régimen y otras voces críticas, el Ministerio del Interior (MININT) y sus diferentes estamentos. “La movilidad de los que tratan de construir la democracia, es cada vez más difícil: dos o tres personas se reúnen y ya aparece la policía política, los arresta o los encierra en sus casas con postas para que no puedan salir”.

Algunos estudiosos han atribuido la gobernanza de la isla a la dirigencia de GAESA, el conglomerado empresarial que estructuralmente pertenece a las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias).

“Hay muchas personas que piensan que GAESA controla la gobernanza, pero GAESA es tan autárquica, que es incapaz de radiar un liderazgo”, consideró Aleaga.

En febrero de 2024, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz firmó un memorando para la cooperación con las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, donde no se respetan los derechos humanos ni las libertades fundamentales.

Según el medio estatal Cubadebate, el protocolo de entendimiento establece que los gobiernos de Cuba y Emiratos Árabes "cooperarán en la gobernanza mediante el intercambio de conocimientos, experiencias, buenas prácticas, y en el desarrollo de capacidades para funcionarios públicos y profesiones afines".

Desde el municipio artemiseño de Mariel, el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, presidente de la Corriente Martiana, concluyó que el régimen cubano no cumple con los estándares internacionales que califican para una buena gobernanza: el pleno respeto a los derechos humanos, un estado de derecho, la participación efectiva, la existencia de asociaciones independientes, el pluralismo político, procesos e instituciones transparentes que rindan cuenta y un sector público eficiente y eficaz.

“Cualquiera que esté al tanto de la situación cubana, o los que vivimos acá, sabemos que ninguno de esos parámetros se cumple en la Isla”, puntualizó.

En el Índice de Democracia 2023, que publica anualmente la revista especializada El Economista, Cuba ocupó el escaño 135 de 167 a nivel mundial. También figura entre los tres peores países de Latinoamérica en materia de gobernanza, participación política y libertades civiles.

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