Chile emitió órdenes de captura internacional contra los sospechosos de haber secuestrado y asesinado a un ex militar refugiado venezolano Ronald Ojeda, disidente del gobierno de Nicolás Maduro, en un caso que conmocionó a la opinión pública y generó fuertes reacciones políticas.

La ministra del interior chilena, Carolina Tohá, confirmó la emisión de las peticiones de aprehensión antes de participar en una sesión especial del Senado que abordó el tema del secuestro de Ojeda, un suceso que se volvió controversial por las reacciones de todo el arco político chileno ante la hipótesis de que en el asesinato del ex teniente venezolano pudiera haber un móvil político.

Tohá indicó en su intervención ante el Senado que la investigación, de carácter reservado, tuvo como objeto primero proteger la vida del secuestrado y en segundo lugar no dar información que pudiera dar ventaja a los perpetradores del crimen.

En esa línea, cuestionó las filtraciones de la prensa, que informan en las últimas horas que los dos principales sospechosos del secuestro, vinculados a la organización criminal transnacional venezolana El Tren de Aragua, se encontrarían desde hace varios días fuera del país.

Esto después de que se hiciera seguimiento a sus celulares que los ubicaban en la regiones del norte de Chile, por donde existe una frontera porosa con Bolivia y Perú, que es difícil de controlar para las autoridades chilenas y por la que ha pasado la migración irregular en los últimos años.

El fiscal nacional chileno, Ángel Valencia, afirmó horas antes que no se ha podido ubicar el paradero de las dos personas de nacionalidad venezolana con las que hay órdenes de detención pendiente.

Un tercer sospechoso, un joven venezolano de 17 años en situación irregular, ya detenido, fue dejado en internación provisoria, que equivale a prisión preventiva para menores, durante los 60 días que el poder judicial estableció para la investigación.

El exteniente venezolano Ronald Ojeda, que se definía como expreso político en sus redes sociales fue secuestrado en horas de la madrugada del 21 de febrero de su domicilio de su barriada humilde de Santiago por tres personas que simularon pertenecer a la policía chilena, un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad que no fueron sustraídas por los secuestradores.

Fue hallado muerto casi diez días después, enterrado en una maleta a 1,40 metros de profundidad bajo una losa de cemento en una zona de asentamientos de viviendas irregulares. Según la autopsia, la causa de la muerte fue asfixia.

La fiscalía atribuye a la organización venezolana de crimen organizado transnacional el Tren de Aragua participación en los hechos. El abogado de la familia Ojeda señala que no tiene dudas de que fue un “crimen por encargo”.

El fiscal Valencia también incidió en que era necesario investigar más en profundidad cómo Ojeda se ganaba la vida en Chile.

“Sería prudente que la fiscalía iniciará una investigación de las filtraciones, no para perseguir a los periodistas sino a quienes les informan, porque los únicos que tienen acceso a estas carpetas son agentes del Estado”, señaló Tohá, que acusó de corrupción en esto a funcionarios que entregan información y pidió que no se normalizasen las filtraciones.

“El país ha sido testigo durante las últimas dos semanas de uno de los hechos de violencia con significación internacional más espeluznantes de las últimas décadas”, afirmó Juan Antonio Coloma, presidente del Senado.

“El secuestro, asesinato, de una persona a la que le ha sido otorgada un refugio político en nuestro país, respecto a persecuciones en otra nación y dónde aparezcan vinculados personas también de esa nación no puede pasar desapercibida”, añadió Coloma, para justificar la sesión en el Senado que no fue bien recibida por el oficialismo.

Rojo Edwards, senador independiente anteriormente vinculado a partido republicano de ultraderecha, recalcó que Ojeda “fue perseguido por el gobierno de Maduro, fue torturado, tenemos sus notas detalladas, los sospechosos son venezolanos, el crimen organizado o la banda es venezolana”, señalando que no se podía desterrar la hipótesis de que el gobierno de Maduro estuviera detrás.

Varios parlamentarios señalaron que Chile había fracasado en proteger a un refugiado político.

El Senado abordó la situación de otros refugiados que han solicitado protección. La ministra de Interior explicó que el estatus de refugiado garantiza acelerar trámites administrativos y la residencia definitiva en Chile, pero no implica un nivel de protección policial mayor, a no ser que sea solicitado.

“El gobierno tomó la iniciativa de que las personas que se acercaran a pedir protección con motivo de todas las inquietudes que han surgido a propósito de este delito fueran atendidas como prioridad”, indicó Tohá. También afirmó que el gobierno ha tomado contacto con personas en situación similar a la de Ojeda para consultarles si necesitaban apoyo y respecto de otro grupo más amplio de refugiados, para reforzar la presencia policial y pedir a los agentes que estuvieran atentos a su entorno para ver si había algo anómalo.

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