(Nueva York, especial). El Cartel de Sinaloa traficó al menos 200 toneladas de cocaína durante siete años a través de Honduras. Un colombiano que fue el gestor de la organización criminal mexicana en la nación centroamericana y ha sido testigo en el juicio por narcotráfico que se realiza en una corte estadounidense al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, detalló cómo los de Sinaloa metieron la droga por el puerto más importante del país, por pistas militares y clandestinas y a través de lanchas rápidas con la protección de policías, militares y políticos.

En la corte se le identificó como Luis Pérez, pero también ha usado el alias Alexander Monroy Murillo. No está claro cuál es su nombre real, pero sí que fue miembro del Cartel de Sinaloa al menos entre 2008 y 2015 y que era la mano derecha de César Gastelum, el hombre que gestionaba los negocios de Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”, en el norte de Centroamérica. Monroy es uno de los testigos del gobierno de los Estados Unidos en el juicio al ex presidente Hernández, el cual está por entrar a su tercera semana en la corte del distrito sur de Manhattan.

A través de un funcionario hondureño al que solo identificó como Mario, segundo al mando en Puerto Cortés, el recinto portuario más importante de Honduras y uno de los más grandes en el Caribe centroamericano, Monroy logró meter cocaína en contenedores que movía por barco desde Colombia y Venezuela. En pocos meses, dijo, había llevado hasta Honduras 10 toneladas de cocaína por esa vía.

Raymond Colon, abogado defensor de Juan Orlando Hernández, preguntó a Monroy si el apellido de Mario es Coto, a lo que el colombiano respondió que no lo recordaba. Un oficial de inteligencia que trabajó con el actual gobierno de Honduras, sin embargo, aseguró que el funcionario señalado es, en efecto, Mario Coto, quien fue subgerente de la Empresa Nacional Portuaria de Honduras (ENP) durante la gestión del ex presidente Porfirio Lobo Sosa, antecesor de Hernández y también señalado por testigos en este juicio como benefactor de narcotraficantes.

Monroy Murillo aseguró, durante su testimonio, que Fabio Lobo, hijo de Porfirio Lobo y condenado en Estados Unidos por narcotráfico, le recomendó hablar con Coto para garantizar la operación de Sinaloa en Puerto Cortés. El embajador de Sinaloa se reunió en 2013 con el oficial portuario, quien le sugirió sobornar a Juan Orlando Hernández, el hombre que se perfilaba ya como el presidenciable en las elecciones de ese año con buenas posibilidades de convertirse en el próximo jefe de Estado. Coto pidió un millón de dólares.

El colombiano acudió a Miguel Arnulfo Valle, jefe del cartel Valle Valle, quien accedió a hacer dos pagos de USD 500.000 para la campaña de Hernández con el objetivo de garantizar “la seguridad de los contenedores (con cocaína) … para que llegaran bien a Honduras”.

Al final, dijo Monroy, Sinaloa y los Valle decidieron pasar sus operaciones al aire y empezaron a transportar la droga en helicópteros y por tierra desde las selvas del norte y el noreste hondureño, donde avionetas cargadas con cocaína aterrizaban provenientes de Colombia. A pesar del cambio en el método de operación, los narcotraficantes entendieron que el soborno entregado seguía siendo una garantía para sus operaciones.

Expedientes judiciales abiertos en Estados Unidos desde mediados de la década anterior a una docena de narcotraficantes y políticos hondureños dan cuenta de las relaciones entre los traficantes centroamericanos y el Cartel de Sinaloa durante décadas. Ha sido Monroy Murillo, en el juicio a Hernández y otro procedimiento judicial contra el exdiputado hondureño Fredy Nájera, uno de los socios del expresidente, quien ha dado más detalles de cómo los sinaloenses afianzaron su plaza en Honduras.

A principios de siglo, cuando buena parte de la cocaína proveniente de Suramérica salía del noroeste colombiano y de Ecuador, era el corredor del Pacífico el más transitado. La droga solía navegar en lanchas rápidas cerca de las costas panameñas y de Costa Rica para recalar en Nicaragua o en Guatemala y de ahí emprender rumbo al norte. A mediados de la década 2000, tras luchas de poder entre Sinaloa y Los Zeta en Guatemala y con la naval estadounidense concentrada en actividades de interdicción en el Pacífico, los narcos del sur se reacomodaron. La droga empezó a pasar de Colombia a Venezuela, desde donde la cocaína viajaba en avionetas y lanchas hacia Honduras. El Chapo, hasta entonces concentrado en Guatemala, se movió a las plazas hondureñas.

La alianza de Sinaloa en Honduras inició con el clan de Los Valle Valle, un grupo de contrabandistas basados en el occidente, en la frontera con Guatemala, que empezaban entonces a mover importantes cantidades de cocaína. Con ellos pactó Gastelum, el hombre de Guzmán Loera en Centroamérica.

En 2014, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Gastelum como capo internacional del narcotráfico y destacó su rol como operador del Chapo en Centroamérica. “Es un prolífico traficante mexicano… que se estableció como proveedor de cocaína para el Cartel de Sinaloa… usa una amplia red criminal para dirigir una organización de narcotráfico capaz de mover toneladas de cocaína a la semana a través de Honduras y Guatemala hacia México”, aseguró aquel año Adam J. Szubin, entonces director de la Oficina de Bienes y Activos Extranjeros (OFAC) estadounidense.

Alexander Monroy Murillo, alias Luis Pérez, el testigo en contra de Juan Orlando Hernández, era el operativo de Gastelum en Honduras desde que Sinaloa afianzó su alianza con el clan de los Valle Valle. Los dos hombres se conocieron en San Pedro Sula, la capital industrial hondureña, en 2012, cuando Monroy llevaba ya años gestionando los dineros y envíos de proveedores colombianos en el país centroamericanos.

Aquel año, Gastelum y Monroy viajaron hasta Sinaloa para hablar de la plaza centroamericana. Regresaron por vía aérea desde Guadalajara y de ahí viajaron en avión a Tapachula, en la frontera con Guatemala. Luego, por tierra hasta la capital guatemalteca y finalmente en helicóptero hacia El Espíritu, en Copán, el cuartel hondureño de los Valle Valle. Las instrucciones eran seguir operando con la protección del gobierno de Honduras.

Juan Orlando Hernández no fue el primer presidente hondureño al que los narcotraficantes mexicanos y locales entregaron dineros procedentes del narcotráfico, de acuerdo con los testimonios escuchados en la corte de Nueva York. Antes de 2013, año en que se preparaba el cambio de poderes al final de la presidencia de Porfirio Lobo, una banda de narcos hondureños que también movía droga para los de Culiacán había hecho lo mismo con el mandatario saliente.

Fue el mismo Fabio Lobo, hijo del exmandatario, quien terminó de confirmar los sobornos a su padre. El jueves 29 de febrero, Fabio subió al estrado como testigo estrella de la fiscalía estadounidense en el juicio a Juan Orlando Hernández. No llevaba ni 30 minutos dando testimonio cuando, a pregunta directa del fiscal David Robles, Fabio embarró a su padre con los narcotraficantes.

Fabio Lobo había aceptado en interrogatorios con policías estadounidenses que él fue el nexo entre el gobierno de su padre y narcos locales y extranjeros, y testimonios ofrecidos en varios procesos judiciales, incluso por el que él fue condenado a 24 años de cárcel en 2017, han detallado cómo, haciendo uso de la escolta presidencial, protegió personalmente cargamentos de cocaína que atravesaban Honduras en furgones de doble fondo.

Nunca, sin embargo, había Fabio implicado directamente a su padre, el expresidente. Hasta ahora.

- “Estuvo su padre involucrado en actividades de narcotráfico”, preguntó el fiscal Robles.

- “Sí.”

- “Proveyó protección a Los Cachiros”, cuestionó el fiscal en referencia a la banda de narcotraficantes que operaron el norte hondureño de 2002 a 2015, la cual fue con la que más de cerca trabajó el hijo del expresidente.

- “Sí”, sentenció Fabio.

Durante ese interrogatorio, el fiscal Robles mostró al jurado una foto tomada en la casa presidencial hondureña cuando Porfirio Lobo era el mandatario. Ahí aparecen, al centro de un grupo de hombres que sonríen, el entonces presidente y Javier Eriberto Rivera Maradiaga, uno de los líderes de Los Cachiros.

Sobre Juan Orlando Hernández se sabía, hasta hace poco, que el Chapo Guzmán le había enviado un millón de dólares con Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente, también condenado en Estados Unidos por narcotráfico. La defensa de JOH, como se conoce en Honduras al exmandatario, ha alegado que no hay pruebas físicas de esa entrega. Cuando declaró, sin embargo, Fabio Lobo sumó un segundo testimonio sobre la relación entre JOH y el Cartel de Sinaloa.

Durante el interrogatorio del jueves anterior, el fiscal Robles preguntó a Fabio Lobo cuándo fue la primera vez que habló con Juan Orlando Hernández de narcotráfico, En 2009, dijo el testigo. Años después, cuando JOH se preparaba para competir por la presidencia de la república centroamericana, le contó a Fabio que había intercambiado mensajes con líderes del Cartel de Sinaloa y los mexicanos se habían comprometido a colaborar con su campaña electoral.

- “Discutió con el acusado aportes del Cartel de Sinaloa”, cuestionó el fiscal.

- “Sí”, respondió Fabio.

Cuando en 2013 el colombiano Alex Murillo Monroy y el mexicano César Gastelum, los enviados del Chapo en Honduras, decidieron pasar de mover la cocaína a través de Puerto Cortés al tráfico aéreo, pidieron a los intermediarios de Juan Orlando Hernández una cosa diferente a cambio del dinero que le habían entregado como soborno. Les urgía, más bien, información del gobierno hondureño sobre los movimientos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en el terreno. Sabían, declaró Monroy, que solo los helicópteros Blackhawk norteamericanos estacionados en Honduras eran capaces de bajarles las aeronaves cargadas de cocaína.

La protección funcionó durante un tiempo. “Nunca nos cazaron”, se jactó Monroy Murillo desde el estrado de testigos. Pero algo se torció.

Los Valle Valle, principales socios de Sinaloa en Honduras, dejaron de recibir respuestas a los mensajes que enviaban a Juan Orlando Hernández. De acuerdo con el testimonio que dio en el juicio Devis Leonel Rivera Maradiaga, otro líder de la banda Los Cachiros y también testigo contra JOH, los Valle entendieron que el presidente los había estafado. Decidieron matarlo.

Antes, Alexander Ardón, otro narcotraficante que asegura haber sido socio de Hernández, describió una reunión en la que el expresidente recibió un reclamo enviado por Sinaloa. “Ya nos dieron un millón de dólares”, le reclamaron a JOH, quien, según documentos judiciales, habría respondido que el dinero no podía devolverlo.

El asunto terminó con la captura de los Valle por agentes de la DEA y policías hondureños en un operativo que, según un oficial de inteligencia que participó en aquel operativo y habló con Infobae desde el anonimato por seguridad, se realizó a espaldas del presidente. “JOH quería matarlos y los americanos los querían capturar para que hablaran”, aseguró el oficial.

Fue Ramón Sabillón, entonces director de la policía hondureña aliado de los estadounidenses, quien dirigió el operativo de captura, que se realizó en Copán, el departamento desde el que operaban Los Valle. En el camino hacia Tegucigalpa, los narcotraficantes le explicaron a Sabillón que uno de los hombres que había trabajado con ellas era Tony Hernández, el hermano del presidente.

A partir de entonces, se sucedieron capturas de narcotraficantes y las sospechas de las alianzas del presidente con el crimen organizado empezaron a crecer y a tomar forma en testimonios y pruebas que los estadounidenses recabaron durante una década hasta que, en 2022, al terminar su segundo mandato presidencial, Juan Orlando Hernández fue extraditado a Nueva York para responder por cargos de haber participado en una conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

Desde el pasado 20 de febrero, JOH escucha a testigos como el colombiano Alexander Mejía Monroy, hombre del Chapo en Honduras, como Fabio Lobo, o como el cachiro Devis Rivera Maradiaga, quienes cuentan al jurado la historia del político que los protegió desde la jefatura del Estado.

INFOBAE