“Las presuntas acciones de Manuel Rocha, de ser probadas, representarían una grave violación de la seguridad nacional y plantearían serias dudas sobre la eficacia de las medidas de contrainteligencia para impedir la infiltración del régimen cubano en los niveles más altos del gobierno de Estados Unidos”, denunciaron en una carta enviada al secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, Michael T. McCaul, Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes; Mario Díaz-Balart, Presidente del Subcomité de Estado, Operaciones Exteriores y Programas Relacionados Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes; y Mark E. Green, Presidente Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

En la misiva, los congresistas aseguran que no se puede subestimar la gravedad de esta situación: “Durante más de cuarenta años, Rocha actuó presuntamente en connivencia con la dictadura cubana en detrimento de nuestros intereses en todo el mundo”. En concreto, al ex embajador se le acusa de actuar en nombre de Cuba mientras ocupaba varios cargos críticos en el gobierno de Estados Unidos, incluido su paso por el Consejo de Seguridad Nacional, la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, como embajador en Bolivia y Argentina, y como asesor del Comandante del Mando Sur de Estados Unidos tras dejar el Departamento de Estado.

Los congresistas citan las declaraciones de Phillip Linderman, que estuvo destinado con Rocha en la Habana, en las que asegura que “durante su destino en La Habana y en otras misiones en el extranjero, Rocha probablemente traicionó a numerosos cubanos anticastristas, en particular a activistas democráticos y de derechos humanos que pusieron su su confianza en manos estadounidenses. Ese fue el coste humano real de la traición de Rocha”.

El Fiscal General Merrick Garland describió la brecha de Rocha como “una de las infiltraciones de mayor alcance y duración en el gobierno de Estados Unidos por parte de un agente extranjero”.

Por eso, los congresistas le solicitan a Blinken que se determine de manera urgente “el alcance total del daño causado por las actividades de Rocha, se identifique a cualquier posible colaborador o facilitador, se elimine de las bases de datos diplomáticas, de inteligencia y de elaboración de políticas sus contribuciones en relación con Cuba y sus aliados, y se evalúe el impacto sobre los intereses estadounidenses, especialmente en los ámbitos de asuntos exteriores, seguridad nacional e inteligencia”.

Y advierten: “Su detención, acusaciones y posible condena deben servir como recordatorio de que el régimen cubano sigue siendo una amenaza activa para nuestros intereses en el país y en el extranjero. Esperamos que tenga en cuenta esta traición histórica y ponga fin a los actuales esfuerzos por estrechar lazos con los tiranos de La Habana”.

Recuerdan, además, que Rocha es sólo el último de una larga lista de espías cubanos, entre ellos Ana Belén Montes (DIA, condenada), Walter y Gwendolyn Myers (Departamento de Estado, condenados), Marta Rita Velázquez (USAID, acusada y huida de EE.UU.), los 5 miembros condenados de la Red WASP (condenados), y Carlos y Elsa Álvarez (profesores de la Universidad Internacional de Florida, condenados).

De forma más inmediata, mientras lleva a cabo las evaluaciones del impacto de Rocha, instaron a la administración Biden a que garantice la transparencia durante todo el proceso: “El Congreso y el público merecen saber que se están tomando medidas para hacer frente a esta infracción y prevenir incidentes similares en el futuro”.

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