Este sábado 8 de octubre se cumplen cuatro años del asesinato del exconcejal venezolano, Fernando Albán, ocurrido en 2018 cuando se encontraba detenido bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el centro de torturas de Plaza Venezuela, en Caracas.

Durante estos cuatro años la dictadura de Nicolás Maduro mintió sobre su caso, tratando de imponer el falso relato de que se trató de un suicidio. Pero ante la inminencia de la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, en 2021 el chavismo tuvo que admitir la responsabilidad de funcionarios de bajo rango, para intentar apaciguar a la Justicia internacional, haciendo creer que se estaba actuando internamente.

Actualmente, los agentes condenados por el crimen están libres, el homicidio permanece impune y sus familiares esperan encontrar justicia en los tribunales internacionales.

Arresto y muerte en custodia

Albán fue arrestado el 5 de octubre de ese año en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, cuando regresó a Caracas tras haber participado en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, donde denunció, junto con el líder político Julio Borges, los abusos del régimen de Maduro.

Tras ser detenido, Albán estuvo bajo desaparición forzada. Luego de 24 horas sin saber de su paradero, Albán fue autorizado a hacer una llamada a su esposa, Meudy de Osio, a quien le pudo informar que se encontraba detenido en el décimo piso del edificio del SEBIN en Plaza Venezuela.

El 7 de octubre de 2018, los funcionarios del SEBIN llevaron a Albán al Palacio de Justicia de Caracas, para ser presentado ante el Tribunal con competencia en terrorismo, a cargo de la Juez Carol Padilla, acusado por los supuestos delitos de terrorismo, intento de asesinato del Presidente y del alto mando militar, traición y asociación para delinquir. Sin embargo, el tribunal estaba cerrado y no se realizó la audiencia.

El 8 de octubre de 2018, alrededor de las 15.35 horas, sin una investigación previa, el Fiscal General chavista, Tarek William Saab anunció en un contacto telefónico por la televisión pública (VTV), que Fernando Albán se había suicidado. Saab dijo que Albán “pidió ir al baño y, estando allí, se lanzó al vacío desde el décimo piso”.

Más tarde ese día, el entonces ministro del Interior, Néstor Reverol, ofreció declaraciones con una versión diferente a la de Saab, diciendo que Albán había estado era en la sala de espera del SEBIN de Plaza Venezuela, esperando para ser trasladado de nuevo al Tribunal, cuando se lanzó por una ventana.

En medio del examen preliminar de la Corte Penal Internacional para abrir la investigación por crímenes de lesa humanidad, el régimen reconoció que al concejal Fernando Albán lo mataron

Discrepancias en certificado forense

En la morgue de Bello Monte la unidad de medicina forense emitió un certificado de defunción identificando la causa de la muerte como “Traumatismo cráneo encefálico severo; shock hipovolémico Secundario; Traumatismo toraco abdominal pélvico por caída de altura”.

Sin embargo, ese certificado no tenía fecha. Al día siguiente la familia solicitó un certificado con fecha del 9 de octubre de 2018, y las autoridades emitieron una nueva acta de defunción en la cual la causa de la muerte se había modificado a “traumatismo craneofacial grave”, en lugar de traumatismo craneal encefálico grave, y fue firmada por un médico diferente.

El primer médico estaba registrado como médico integral comunitario, es decir un médico general sin conocimientos específicos forenses, y el segundo médico se identificó en el certificado de defunción con un número de documento de identidad que correspondía a otra persona diferente.

Diferentes versiones oficiales

El 10 de octubre de 2018, el fiscal chavista Tarek William Saab hizo una segunda declaración sobre la muerte en la que contradijo su versión inicial. “Aquí nunca se ha dicho que Fernando Albán se lanzó del baño. Cuando él dijo que quería ir al baño aprovechó la circunstancia y corrió a lanzarse por una ventana panorámica del pasillo del piso 10″, aseveró.

El 31 de octubre de 2018, Saab fue un paso más allá y amenazó con que quien afirmara que Albán no se había suicidado estaría cometiendo un delito grave.

Pero casi tres años después de la muerte, el 1 de mayo de 2021, en medio del examen preliminar de la Corte Penal Internacional para abrir la investigación por crímenes de lesa humanidad, Saab volvió a cambiar la versión de los hechos y reconoció que al concejal Fernando Albán lo mataron dos funcionarios del SEBIN en la sede de ese organismo, y señaló que incurrieron en “homicidio culposo”.

Persiste la impunidad

Por el crimen fueron acusados los funcionarios del SEBIN Miguel David Do Santos Rodríguez y Keiberth José Cibelli Moreno, y en diciembre de 2021 fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión.

La familia de Albán emitió un comunicado en el que calificó como un “show mediático que pretende engañar a la Corte Penal Internacional” el cambio de versión del régimen y tildó de “una burla” la condena contra los agentes del SEBIN

En febrero de 2022, la Décima Sala de la Corte Penal de Apelaciones de Caracas redujo la pena impuesta a 2 años y 8 meses, y los funcionarios quedaron en libertad.

Cuatro años después, el caso de Fernando Albán permanece impune, y sus familiares esperan encontrar justicia en los tribunales internacionales.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU concluyó que contra Albán se cometieron arrestos y detenciones arbitrarias y “tiene motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte, lo que equivale a una privación arbitraria de la vida”.

INFOBAE