La feroz cacería que el régimen de Daniel Ortega desató contra todos los posibles candidatos presidenciales de la oposición, terminó este mes con condenas de entre ocho y 13 años de cárcel contra todos ellos.

Ortega se aseguró un cuarto periodo consecutivo al frente del gobierno de Nicaragua a través de un proceso electoral que la oposición consideró “una farsa” y que llegó incluso a detener entre el dos de junio y 24 de julio a siete de los posibles candidatos con mayores índices de popularidad. De esta forma Ortega compitió el siete de noviembre pasado solo contra candidatos desconocidos, provenientes de partidos afines a su régimen.

“La declaración de culpabilidad contra los siete rivales que pretendían hacerle frente a Ortega y Murillo es la consumación de la persecución y judicialización política contra todo liderazgo o fuerza opositora que aspiraba disputar el poder a través del voto”, expresó el organismo independiente Urnas Abiertas, que desde el exilio y el clandestinaje ha dado seguimiento el proceso electoral nicaragüense.

El organismo destaca las múltiples violaciones al proceso judicial a las que el régimen recurrió para sacar del juego a estos candidatos que, según diversas encuestas independientes, le hubiese ganado a Daniel Ortega en unas competencias justas y libres.

Los posibles candidatos de la oposición fueron apresados en una intensa redada policial que se ejecutó contra líderes políticos, periodistas, empresarios y analistas, que en estos momentos alcanza a por lo menos 177 personas presas por razones políticas.

Entre las violaciones que el régimen ejecutó contra el proceso judicial de los presos políticos, Urnas Abiertas señala las detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial y sin entregar acta de ocupación de bienes, prolongación injustificada de prisión preventiva superior a los 90 días que establece la ley, violación a la presunción de inocencia, incumplimiento y rechazo de los recursos de exhibición personal, y el derecho a ser juzgados por jueces imparciales, entre otras.

Asimismo, los familiares de los presos políticos han denunciado la particular saña con que el régimen ha actuado contra ellos al mantenerlos aislados, con escazas raciones de comida, visitas cada dos meses, y sin derecho a entrevistarse con sus abogados.

Urnas Abiertas describe así a las personas a quienes Daniel Ortega apresó y condenó para evitar competir contra ellos:

Cristiana Chamorro, periodista, fue la primera candidata en ser detenida y la última en ser condenada. Tenía los mayores índices de popularidad como posible candidata de la oposición. El 11 de marzo del 2022 fue declarada culpable por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica y el 21 de marzo se leyó la sentencia que la condena a ocho años de cárcel y una multa equivalente a tres veces el monto supuestamente lavado. Se mantiene incomunicada en arresto domiciliario.

Arturo Cruz, académico y diplomático, el 23 de febrero fue declarado culpable del delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad” y condenado a 9 años de prisión. El 19 de febrero se le envió a prisión domiciliar por problemas de salud. Cruz fue embajador del régimen de Daniel Ortega entre 2007 y 2009, y pretendía ser el candidato del partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Félix Maradiaga, académico y líder de la opositora Unidad Azul y Blanco (UNAB). El 23 de febrero fue declarado culpable de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad”. Se le impuso una condena de 13 años de prisión y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos en una sentencia leída el 03 de marzo del 2022. Urnas Abiertas destaca que su juicio duró siete días y fue realizado sin acceso a la prensa ni al público en la cárcel conocida como El Chipote. “La Fiscalía presentó como testigos a 27 agentes de la Policía Nacional y las pruebas que se presentaron en su contra fueron su participación en un grupo de WhatsApp y entrevistas que brindó a medios de comunicación. El día del juicio fue impedido de cualquier comunicación con su abogado”, señala el organismo.

Maradiaga ha tenido cuatro abogados. Uno fue detenido, dos más marcharon al exilio después de recibir amenazas y el cuarto y último lo conoció el mismo día que le leyeron su sentencia.

Juan Sebastián Chamorro, economista, y líder de la opositora Alianza Cívica. Fue declarado culpable el mismo día de su cumpleaños, el 23 de febrero de 2022, por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad” y se le impuso una condena de 13 años de prisión. “No se le ha permitido ni carta, ni llamada telefónica, ni foto de su esposa, Victoria Cárdenas, quien fue acusada como “traidora de la patria” por pedir la libertad de Chamorro en escenarios internacionales”, indica Urnas Abiertas.

Miguel Mora, periodista, fue arrestado en su domicilio el 20 de junio del 2021 el 4 de febrero del 2022 fue declarado culpable por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad” y condenado a 13 años de cárcel. “Las pruebas que la Fiscalía presentó contra Mora son publicaciones del periodista en la red social Twitter. También, de un archivo audiovisual que contiene el extracto de una entrevista que brindó el periodista en 2018, según familiares, dicho archivo fue manipulado. Los representantes del Ministerio Público presentaron pruebas (pasaporte, celular y computadora), sin que lograran explicar su relación con el supuesto delito de conspiración”, describe el organismo.

Medardo Mairena, agricultor y líder del Movimiento Campesino, fue declarado culpable de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” el 9 de febrero y condenado diez días más tarde a 13 años de cárcel. “La fiscalía presentó como pruebas una fotografía donde Mairena se muestra junto al embajador de Estados Unidos, Kevin Sullivan, videos donde solicita sanciones internacionales y capturas de publicaciones en redes sociales donde pide respeto a los derechos humanos”, señala Urnas Abiertas. El 13 de julio de 2018 fue apresado y luego condenado a 216 años de cárcel por “terrorismo” y “romper el orden constitucional”. Fue liberado el 11 junio de 2019 bajo una Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional.

Noel Vidaurre, abogado y político conservador, fue declarado culpable de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” el 25 de febrero del 2022 y condenado a 9 años de prisión.

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