Por YOANI SÁNCHEZ.- 

Están vestidos de civil y simulan esperar el ómnibus o conversar en una esquina, pero todos saben que son segurosos, la palabra popular para llamar a los agentes de la temida policía política. Su presencia ha aumentado en las calles cubanas desde las protestas populares del 11 de julio pasado y se espera que crezca aún más, a medida que se acerca el 15 de noviembre, la fecha elegida por la plataforma de activistas Archipiélago para realizar una marcha pacífica.

Usando a su favor la propia legislación vigente, varios jóvenes entregaron solicitudes a las autoridades locales -en al menos seis provincias- para manifestarse el próximo 20 de noviembre. Quienes redactaron el texto apelaron a las garantías que brinda la Constitución para el respeto de los derechos de reunión, manifestación y asociación. Además, pidieron a las autoridades que dispusiera que las fuerzas del orden del país brindaran a los manifestantes "la debida protección". Aquella misiva fue como dar un golpe en el avispero.

De inmediato comenzaron los voceros oficiales a llamar "asalariados del imperio" a los organizadores de la marcha, algunos de ellos han sido amenazados por la Seguridad del Estado, su servicio de telefonía móvil cortado y los alrededores de sus casas vigilados. Sobre estos jóvenes han caído todos los proyectiles del fusilamiento de la reputación y las presiones sobre los familiares más cercanos para que les aconsejen no seguir con tal empeño.

La Plaza de la Revolución ha optado por no permitir ni un milímetro de disenso público, quiere prolongar por más tiempo estos 62 años sin marchas legales de inconformidad ciudadana

Pocos días después de entregada la misiva, el oficialismo se sacó de la manga el anuncio de que en la fecha propuesta iba a hacerse un ejercicio militar nacional, en evidente respuesta al pedido de los activistas. Pero estos no se dejaron amilanar y adelantaron para el 15 de noviembre la convocatoria, entregando nuevamente los documentos a los gobernadores locales. Este martes la respuesta del Gobierno ha sido categórica: considera que la iniciativa es "ilícita" y la tilda de "provocación para un cambio de régimen".

De esa manera, el oficialismo actúa sin sorpresas, pero también apuesta por una postura peligrosa. La Plaza de la Revolución ha optado por no permitir ni un milímetro de disenso público, quiere prolongar por más tiempo estos 62 años sin marchas legales de inconformidad ciudadana, sin obreros que puedan tomar las calles demandando mejoras salariales ni opositores políticos que muestren en una plaza sus críticas al Ejecutivo. El castrismo ha decidido seguir mostrándose inquebrantable.

Sin embargo, dice un proverbio japonés que "el bambú que se dobla es más fuerte que el roble que resiste". No ceder, no optar por permitir la marcha y encerrarse en la intransigencia puede ser uno de los más graves errores que cometan los dirigentes en estos estertores finales del sistema. Después de la demostración de hartazgo popular que los cubanos protagonizaron en el verano, elegir la mano dura y la represión es como darse un tiro en el pie. Podrían estar acelerando su caída y, en el peor de los casos, conduciendo al país hacia una guerra civil. En fin, no saben lo que hacen.

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