Como Donald Trump, uno de sus asideros políticos cuando asumió la presidencia salvadoreña en junio de 2019, Nayib Bukele ha desplegado buena parte de su discurso y de sus anuncios sobre políticas públicas en las redes sociales. Ahí navegó durante un buen rato el presidente sin apenas respuesta, más allá del intento de medios y periodistas independientes por responder en tiempo real al discurso que él confeccionaba a su medida. Hasta ahora.

Hasta el 15 de septiembre pasado, los aparatos de propaganda de la presidencia se habían bastado para responder a tímidas expresiones de protesta que surgieron en redes sociales, sobre todo durante la pandemia por Covid-19 en 2020, que fue cuando Bukele empezó a desplegar con más evidencia sus inclinaciones autoritarias. Algo cambió el 15-S.

Además de que la protesta trascendió de las redes sociales a la calle aquel día, en las jornadas previas y posteriores, voces de oposición instalaron en redes sociales etiquetas y tendencias como #BukeleDictador, #BukeleMarero (en alusión al pacto que el gobierno mantiene con las organizaciones criminales conocidas como pandillas o maras) o #BukeleCorrupto.

En abril de 2020, al inicio del cierre del país por la pandemia, los medios con apariencia noticiosa manejados desde el gobierno habían popularizado la etiqueta #QueBonitaDictadura, para responder a críticas por el reparto de dinero que Bukele hizo durante la crisis. La etiqueta se hizo tendencia en las redes durante un buen rato, y sigue siendo utilizada por diputados, funcionarios y acólitos del bukelismo cada vez que el presidente hace algún anuncio, como el reciente de una biblioteca nacional que, se supone, será financiado por China. La facilidad con que aquella etiqueta dominó las tendencias en Twitter desapareció el 15 de septiembre.

Antes de eso, la narrativa de Bukele era casi absoluta. Aquí cinco ejemplos de las mentiras y medias verdades que el presidente y su aparato han difundido en la primera mitad de su mandato, sobre todo en redes sociales, pero también a través del aparato de propaganda, que incluye sitios web apócrifos y el canal y diario estatales:

1.La captura de tres supuestos violadores que atacaron a dos mujeres en un bus interdepartamental de la ruta 202, cerca de la ciudad de El Congo, unos 50 kilómetros al oeste de San Salvador.

El 29 de junio de 2019, menos de un mes después de la juramentación de Bukele como presidente, supuestos miembros de las pandillas MS-3 y Barrio 18 secuestraron el autobús, asaltaron a sus ocupantes y bajaron a las dos mujeres para luego violarlas en la oscuridad. Ese mismo día, el gobierno desplegó un operativo policial que incluyó drones, carro patrullas y un helicóptero; el presidente, desde su cuenta en Twitter, parecía dirigir las operaciones: llamó “malditos” a los perpetradores y prometió que les caería “todo el peso de la ley”.

Unas horas después, a todo bombo, el gobierno anunció que había capturado a tres pandilleros vinculados a los ataques. Antes incluso de que la Fiscalía presentara una acusación contra los capturados, y otorgándose funciones que por ley salvadoreña solo corresponden a un juez, el presidente dijo que enviarían a los pandilleros a la cárcel de máxima seguridad del país.

Al final, era todo mentira. La Fiscalía, cuatro días después de los hechos, dijo que los detenidos no estaban relacionados con el bus de la 202 y que la policía, al detenerlos, solo los había señalado por resistirse al arresto. Pero, como en una predecible serie policial de televisión, las autoridades requerían de culpables rápido: Bukele necesitaba que la Asamblea Legislativa, entonces dominada por la oposición, le aprobara US$31 millones para la policía y el ejército, además de cimentar su plan de mano dura frente a la delincuencia, al que ha llamado #PlanControlTerritorial, hashtag incluido. La treta funcionó.

Una de las mujeres víctimas de violación dijo a un medio local que ella nunca reconoció a sus atacantes entre las fotografías que las autoridades le mostraron para que identificara a los supuestos culpables.

Ocho meses después de aquello, el 9 de febrero de 2020, Nayib Bukele ingresó con policías y militares a la sede de la Asamblea Legislativa para exigir a los diputados la aprobación de un préstamo de US$109 millones para el rubro de seguridad.

2. La captura de un supuesto evasor de impuestos relacionado con una figura de oposición

El 16 de agosto de 2020, la Policía Nacional Civil, dirigida por un oficial leal a Bukele, capturó a Miguel Ernesto Daura Mijango, representante de la empresa maquilera Intratext S.A. de C.V., y lo acusó de evadir USD 293 millones en impuestos. La empresa es, en parte, propiedad de Javier Simán, ex precandidato presidencial del derechista partido ARENA y uno de los representantes de la oposición política a quien Bukele y sus acólitos han atacado con más virulencia. Las páginas digitales del bukelismo, una de ellas propiedad de su superintendente de electricidad y telecomunicaciones, viralizaron la noticia. Incluso la página web oficial de la presidencia colgó una nota al respecto, con la misma información: evasión por USD 293 millones.

El siguiente acto: en un escenario cuidadosamente montado, dos ministros de Bukele, el de Hacienda Alejandro Zelaya (investigado por actos de corrupción durante la pandemia) y el de Seguridad Rogelio Rivas (ya removido y mencionado en una lista del Departamento de Estado de Estados Unidos por supuestos actos de corrupción), y el director de la Policía montaron una conferencia de prensa para presentar al detenido ante los medios de comunicación. En el centro de la imagen, reproducida hasta la saciedad por los medios oficiales, Daura Mijango esposado, con un casco y un chaleco antibalas y rodeado de al menos seis policías con armas largas.

Esta vez, incluso la Fiscalía General avaló la mentira del gobierno al replicar la cantidad supuestamente evadida por Daura Mijango. Porque había una mentira importante en todo esto: la cifra real que, según las mismas investigaciones de Hacienda, había evadido el representante de Intratext era solo de USD 5.3 millones de dólares. Al final, por esta última cantidad hizo la acusación formal la Fiscalía. El 9 de octubre, un tribunal de apelaciones exoneró y liberó a Daura Mijango y aclaró que sí había habido una evasión accidental de US$5 millones, que la empresa deberá pagar; el tribunal también aclaró que las ganancias totales de la empresa en el ejercicio fiscal 2017 fue de US$270.7 millones. Nadie sabe, hasta ahora, de dónde salió la cifra de US$293 millones.

El gobierno nunca aclaró la mentira, y en el sitio web de presidencia aún puede leerse la información inexacta respecto a este caso. En 2021, la Fiscalía de Bukele emprendió la persecución penal contra otras figuras de oposición, esta vez del izquierdista FMLN, a las que acusa de recibir sueldos extra durante la gestión del expresidente Mauricio Funes. Para algunos de los señalados, a los que la Policía no ha encontrado en El Salvador, se pidió a la Interpol que decretara una alerta roja que permita su detención en el extranjero; a través de una comunicación judicial, la Policía Internacional negó la alerta por considerar que eran casos de carácter político.

3. La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES)

Fue una de las principales promesas de campaña de Nayib Bukele: la creación de una comisión internacional para investigar redes criminales de corrupción, similar a la que impulsó el combate a este delito en los más altos niveles del Estado en Guatemala. Cuando era candidato, colaboradores de Bukele buscaron asesoría en la ONU -impulsora de la comisión guatemalteca- y en la OEA. Entre septiembre y diciembre de 2019, el gobierno negoció con este último organismo los términos de instalación de la comisión, que fue formalmente presentada al cuerpo diplomático el último mes del año por la canciller salvadoreña, Alexandra Hill. En esencia, la CICIES tenía facultades para hacer investigaciones propias a petición de las autoridades locales. En enero de 2020, a petición de la Fiscalía General, la comisión abrió tres expedientes por supuesta corrupción en contratos para la construcción de una hidroeléctrica y relacionados al sistema público de transporte de pasajeros, ambos proyectos iniciados en gestiones presidenciales anteriores.

El 18 de marzo de 2020, el presidente Bukele pidió a CICIES que ayudara a investigar la ejecución de los fondos destinados a la atención de la pandemia por covid-19. Al mandatario no le gustó lo que la comisión encontró: indicios de irregularidades y corrupción atribuidos al gabinete que se convirtieron en 17 expedientes en la Fiscalía General. Usando como excusa la contratación que hizo la OEA de un político de oposición -a quien luego la Fiscalía acusó de varios crímenes de corrupción-, Bukele rompió el acuerdo con el organismo continental y sepultó a CICIES. La OEA en comunicados oficiales hizo público que la principal razón del salvadoreño para matar a la comisión fueron las investigaciones por covid-19. Un funcionario estadounidense que ha conocido de cerca la trama de la CICIES aseguró a Infobae que uno de los oficiales internacionales que trabajaron en la comisión ha dicho que recibió presión del gobierno salvadoreño para limitar sus investigaciones a exfuncionarios opositores a Bukele.

“Cerró la oficina de la CICIES y decretó una especie de amnistía para todo lo que sus funcionarios hicieron precisamente en ese periodo (pandemia)”, dice Cristian Villalta, director editorial del matutino La Prensa Gráfica.

4. La desclasificación de archivos militares sobre la peor masacre de la guerra civil

Como lo habían hecho ya otros presidentes, Bukele intentó utilizar a las víctimas de la guerra (1980-1992) para su conveniencia política. En diciembre de 2020, el presidente visitó El Mozote, una aldea ubicada en el extremo nororiental del país, a poco más de 210 kilómetros de San Salvador. Ahí, el ejército mató a unos 1000 campesinos durante una masacre que se extendió por varios días. Durante su visita, el presidente ofreció obras públicas y acusó a sus predecesores de lucrarse de la masacre; prometió, también, facilitar toda la información requerida por un juez local que, después de décadas en que el caso judicial por las muertes estuvo estancado en las cortes salvadoreñas, abrió proceso a varios militares implicados. La promesa era otra mentira.

Antes de la visita, Bukele, comandante en jefe de la Fuerza Armada, había negado en seis ocasiones distintas la información solicitada por Jorge Guzmán, el juez de la causa. El ejército incluso había impedido, en septiembre de 2020, la entrada de Guzmán a instalaciones militares para buscar, con orden judicial, los archivos que requería.

El 24 de septiembre de 2020, en otra cadena nacional de televisión que transmitió una cuidada puesta en escena, Bukele anunció la desclasificación de todos los archivos de El Mozote, guardados en 5 cajas que el presidente mostró en la transmisión. Lo hizo frente al entonces embajador estadounidense, Ronald Johnson, en una sesión en la que también arremetió contra los periodistas y universidades críticas.

Nadie conoció el contenido de las cajas hasta el 28 de octubre, cuando el juez Guzmán las recibió. Lo que ahí había no eran más que copias de documentación que el antecesor de Bukele, Salvador Sánchez Cerén, ya había enviado al tribunal.

“Prometió que el Estado salvadoreño resarciría todas sus iniquidades en el caso de El Mozote. Impidió el acceso del juez a los archivos militares y poco después ha jubilado al juez a través de la Corte Suprema títere”, asegura el periodista Villalta, aludiendo a una reforma legal que ha permitido al presidente deshacerse de jueces molestos.nayib bukele

5. El pacto con las pandillas

Es quizá en este asunto en el que Bukele ha recorrido todos los extremos de su narrativa. El presidente ha intentado, a toda costa, ocultar el entendimiento que mantiene con los liderazgos de las pandillas MS13 y Barrio 18, que ya ha sido revelado por media docena de publicaciones periodísticas en El Salvador y es objeto de una investigación formal en los Estados Unidos presidida por el Departamento de Estado y apoyada por agentes de los departamentos de Justicia y del Tesoro. Cada vez que una publicación de medios independientes reveló documentos, fotografías y vídeos que dejan constancia de visitas de funcionarios a las cárceles donde están recluidos los líderes pandilleros, o salidas de estos para verse en un hospital con otros miembros de sus organizaciones, Bukele y sus funcionarios respondieron con silencio, con montajes mediáticos o con ataques directos a los periodistas que realizaron las investigaciones. En la misma conferencia de septiembre de 2020, en la que presentó las cajas de El Mozote, Bukele anunció que su ministro de Hacienda investiga al periódico El Faro, el que más ha revelado datos sobre el pacto pandillero, por supuesto lavado de dinero, lo que múltiples organismos que velan por la libertad de prensa han calificado como un ataque a la libertad de expresión.

La mentira en torno al pacto pandillero es una de las esenciales en la narrativa bukelista: la drástica reducción de homicidios en El Salvador, atribuible en buena medida al entendimiento con la MS13 y el Barrio 18, es una de las medallas que el presidente se cuelga. Reconocer públicamente el pacto implicaría restar protagonismo a su #PlanControlTerritorial, aquel que provocó una de las primeras mentiras de su administración, la de los violadores del bus de la ruta 202.

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