Por LUCÍA ALFONSO MIRABAL.- 

"Expresamos una grave preocupación por las expatriaciones forzosas y amenazas de expatriación forzosa de defensores/as de derechos humanos, periodistas y activistas sociales y políticos (…) en Cuba". Las expatriaciones forzosas enunciadas "incluyen casos en los que las autoridades estarían directamente involucradas en la expulsión física de los afectados…".

Así se expresaron en la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 4 de septiembre 2019, cuatro relatores especiales (Libertad de Opinión y de Expresión, Reunión Pacífica y de Asociación, Defensores de Derechos Humanos y Derechos Humanos de los Migrantes), al denunciar la expatriación forzada de 72 cubanos por parte del régimen.

Como para dejar claro una vez más cuánto valor confiere a la ONU y al Consejo de Derechos Humanos del cual es miembro, dos años después, el régimen cubano expatría al artista Hamlet Lavastida y a la poeta Katherine Bisquet.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que el Estado cubano es signatario, estipula el derecho de todo individuo a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El Artículo 9 reconoce específicamente a las personas el derecho a no ser arbitrariamente detenidas, presas o desterradas.

El Estado cubano firmó el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PICDP) el 28 de febrero de 2008. Aunque no lo ha ratificado, la firma implica el compromiso de abstenerse realizar acciones que violen el tratado. Su Artículo 12, dispone que nadie podrá ser expulsado del territorio del que es nacional ni ser privado del derecho de regresar al mismo.

La propia Constitución cubana parece respaldar ese derecho al establecer, en su Artículo 52, que "las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley". ¿Pero cuál ley? Ninguna.

Las leyes cubanas no recogen el procedimiento de expatriación forzada o destierro. No existen los términos ni nada relativo a su tramitación en el ordenamiento jurídico nacional, por lo que los destierros de Lavastida y Bisquet, y los de todos los cubanos que los han sufrido, son ilegales de acuerdo a las propias leyes del país, como muchas prácticas del régimen, además de violar derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos.

¿Pero por qué el régimen, justo cuando su imagen está más dañada por la represión desatada contra los manifestantes del 11J, que el mundo pudo ver pese al apagón de internet, recurre nuevamente a una práctica denostada a nivel internacional y por la que ya fue requerido por cuatro relatores especiales de la ONU?

¿Por qué pese a la reciente resolución de condena, aprobada por el Parlamento Europeo, el régimen destierra a dos intelectuales?

Primero, porque las condenas en la ONU no implican, en la práctica, más que un gesto político sin ninguna consecuencia de peso. Ser un violador de derechos humanos no ha impedido que el régimen integre el Consejo de Derechos Humanos, lo que desprestigia y resta credibilidad al organismo. Además, hasta el momento, las violaciones del régimen no han dado al traste con el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con la Unión Europea.

Segundo, porque el cargo de incitación a delinquir era ridículo. Hamlet Lavastida cumplió prisión tres meses sin juicio por una idea para un proyecto artístico (marcar billetes cubanos con logotipos del Movimiento San Isidro y el 27N), sobre la cual la Seguridad del Estado supo porque incurrió en el delito de abuso de autoridad, al violar la correspondencia privada de la artista y activista Tania Bruguera.

Según el Código Penal, el funcionario público (Seguridad del Estado o periodista oficial cuando actúa en nombre del Estado) que, con el propósito de perjudicar a una persona (Hamlet, en este caso) y de obtener un beneficio ilícito, ejerza las funciones inherentes a su cargo de modo manifiestamente contrario a las leyes, o se exceda arbitrariamente de los límites legales de su competencia, incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres años.

El régimen no habría podido probar en un juicio que Hamlet Lavastida había incitado a una o más personas a cometer un delito, y dejarlo libre no era una opción. Era preciso amedrentarlo y quebrar su espíritu, afectarlo psicológicamente, para luego darle a escoger entre el destierro y la cárcel.

El acto del régimen ha sido incluso más ilegal contra Katherine Bisquet, quien no estaba acusada de ningún delito y, sin embargo, había sido víctima de acoso, coacción, privación ilegal de libertad (prisión domiciliaria por 65 días), tortura psicológica, detenciones ilegales y amenazas de procesamiento.

¿Si existía alguna posibilidad real de encarcelarla, por qué no la procesaron? ¿Por qué recurrir a un mecanismo ilegal? Porque no tenían un solo cargo serio y de peso contra ella. Y no siempre resulta fácil fabricar delitos.

Mejor aguantar las críticas de la opinión pública internacional con ellos fuera de Cuba (críticas que se irán apagando porque ya están libres), que mantenerlos en el foco mediático al tenerlos presos o bajo acoso en el país. Dejarlos libres dentro de Cuba, lo que no hubiera sido un acto de generosidad sino de respeto a los derechos de los cubanos que piensan diferente, no reportaba ganancia.

El régimen teme la influencia que puedan tener los artistas y los intelectuales en los jóvenes, más después del 11J y en vistas de la convocatoria a una nueva manifestación el 20 de noviembre.

El destierro constituye la institucionalización de la frase "Que se vayan", que las turbas pro castrismo gritaban a quienes optaban por discrepar de Fidel Castro y su comunismo. Pero ya el régimen no lo emplea contra quienes quieren irse, sino justamente contra los que están dispuestos a cambiar las cosas desde dentro.

DIARIO DE CUBA