El Tribunal Supremo de la dictadura cubana informó este jueves que 62 personas han sido juzgadas en la isla por “delitos” cometidos durante las protestas del 11 y 12 de julio pasados.

“Las personas que se han puesto a disposición de los tribunales son aquellas cuyas conductas han sido constitutivas de delito”, indicó Joselín Sánchez Hidalgo, magistrado del Tribunal Supremo Popular, al diario oficial Granma. Señaló que el principal delito presente en 53 de los casos es “desorden público”, y que se presentan también otros menos frecuentes como resistencia, desacato, instigación a delinquir y daño.

Hace una semana las autoridades judiciales ya habían informado de 59 enjuiciados, sólo tres menos de los que dieron cuenta este jueves.

Miles de personas se manifestaron en más de 40 ciudades del país contra la dictadura castrista por falta de libertades y por las precarias condiciones económicas, dejando un saldo de un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.

Casi cuatro semanas después del estallido de las protestas sociales, las autoridades no han informado la cifra de detenidos relacionadas con las manifestaciones.

Para estos delitos se prevén multas de hasta de 300 pesos (unos 12 dólares) o penas de cárcel de uno a cuatro años, dictadas por tribunales municipales en juicios sumarios.

Organizaciones sociales han denunciado que más de 700 personas han sido detenidas y familiares de sancionados se quejan en redes sociales de falta de garantías procesales por la ausencia de abogados defensores en algunos casos.

“El tribunal dio todas las facilidades para que a los acusados que tuvieron la intención de nombrar abogado, se les garantizara ese derecho”, aseguró el funcionario.

De los juzgados hasta el momento, 22 comparecieron asistidos por abogados; uno resultó absuelto, y 45 han establecido el recurso de apelación, 40 de ellos con abogado designado, dijo Sánchez.

También informó que a 21 sancionados que se encontraban en libertad condicional y participaron en las protestas e incumplieron con obligaciones impuestas por la ley, les fue revocada la medida y volvieron a prisión. “Podemos asegurar que en los procesos judiciales tramitados hasta ahora se ha mantenido una observancia estricta” de las garantías previstas, dijo el magistrado, quien aseguró que los procedimientos se llevaron a cabo “con apego a la legalidad y respeto al debido proceso y a todas las garantías previstas en la legislación cubana”.

Durante y después de las protestas de julio, que incluyeron desde manifestaciones pacíficas hasta enfrentamientos con la policía, se produjo una ola de detenciones a los participantes y supuestos instigadores, entre ellos ciudadanos anónimos, artistas, activistas opositores y periodistas independientes.

Las manifestaciones se produjeron con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló el miércoles que la situación de la pandemia de COVID-19 en Cuba “sigue siendo preocupante”, atribuyendo el aumento récord de infecciones a la propagación de la variante delta, altamente contagiosa.

“La situación está complicada en Cuba. Esto debido a la variante delta, que ha sido reportada por las autoridades en varios lugares del país y hay todavía una cantidad significativa de población susceptible”, dijo en rueda de prensa el director de Emergencias en Salud de la OPS, Ciro Ugarte.

El experto enfatizó por otra parte una realidad económica “muy difícil actualmente en Cuba”, con “largas filas para obtener alimentos” y “un agotamiento de la población respecto de las medidas para protegerse de la pandemia”.

(Con información de INFOBAE/AFP y EFE)