Cuando el partido Nuevas Ideas (NI) de Nayib Bukele obtuvo una amplia mayoría en las elecciones de El Salvador en febrero, los analistas internacionales y los demócratas salvadoreños contuvieron la respiración.

Bukele, de 39 años, que con un 86% de aprobación es el presidente más popular de América Latina, no mostró mucho apego por los controles y equilibrios de poder desde que llegó al gobierno en 2019. El 1 de mayo, el día en que los legisladores se sentaron por primera vez en los asientos de la nueva Asamblea Legislativa, esa tendencia autoritaria se plasmó. 

En unos pocos minutos los asambleístas votaron rápidamente a favor de destituir al fiscal general y a los cinco jueces del Tribunal Supremo. Bukele, como de costumbre festejó con uno de sus constantes mensajes en Twitter: “Y el pueblo salvadoreño, a través de sus representantes, dijo ‘¡Destitución!’”.

La decisión de la asamblea fue rápidamente declarada inconstitucional por el propio Tribunal Supremo. Cientos de manifestantes salieron a las calles para denunciar “el autogolpe”. Varios funcionarios de Estados Unidos, incluida la vicepresidenta Kamala Harris, lo condenaron. Juan González, el poderoso asesor del presidente Biden para América Latina, tuiteó “Así no se hace”. Para entonces, cinco nuevos jueces y un nuevo fiscal general, que habían llegado escoltados por la policía, estaban sentados en sus escritorios. “La democracia ha muerto en El Salvador”, fue el titular de la revista digital FACTum.

Bukele no iba a dar marcha atrás. Tenía que cubrir dos frentes que él mismo había abierto y sobre los que los jueces comenzaban a indagar: el manejo de los fondos estatales especiales durante la pandemia y las negociaciones secretas con los delincuentes de las maras que asolan al país. Por eso redobló la apuesta: “si fuera un dictador los hubiera fusilado a todos”, dijo en cadena nacional. Lo cierto es que el fiscal Raúl Melera había abierto una investigación por corrupción contra los ministros de Hacienda y Salud y otra por el acuerdo con los líderes encarcelados de la Mara Salvatrucha-13.

Integrantes de las maras en una de las cárceles salvadoreñas donde consiguieron mayores libertades a cambio de disminuit la violencia y apoyar al partido de gobierno en las elecciones. (EFE)

El sitio independiente El Faro publicó la noticia de que el gobierno había negociado un pacto con las organizaciones criminales para detener los crímenes y obtener apoyo electoral a cambio de impunidad. Obtuvo cientos de páginas de informes de inteligencia penitenciaria y libros de novedades de dos cárceles de Máxima Seguridad, que prueban encuentros del director de la oficina de Tejido Social, Carlos Marroquín, y del director general de prisiones, Osiris Luna, con líderes pandilleros. En 14 de las visitas participaron encapuchados que entraron a cárceles sin identificarse. Eran líderes de la organización criminal que están en libertad. El resultado es que algunos de los jefes máximos de la M-13 fueron trasladados a hospitales sin que tuvieran ninguna enfermedad grave y hasta se le otorgaron salidas temporarias, mientras otros mareros obtenían beneficios carcelarios que van desde “visitas higiénicas” hasta permiso para cocinar y vender alimentos a los otros reclusos. También se revirtió la decisión de mezclar a pandilleros contrarios en las celdas, para volver a la modalidad de pabellones y celdas exclusivas para cada pandilla. A cambio, los delincuentes se comprometieron a disminuir la violencia y “cerrar la válvula” de los asesinatos, así como llamar a votar por Bukele y los candidatos de su partido en los barrios que ellos controlan que son el 90%.

Todo esto, mientras desde el gobierno se festejaba la mano dura y la disminución de las muertes. El mismo jefe carcelario, Osiris Luna, que negoció con los pandilleros, escribió en su cuenta de Twitter: “Este día se acabaron las celdas de una misma pandilla, hemos mezclado a todos los grupos terroristas en la misma celda, en todos los @CentrosPenales de Seguridad. ¡El Estado se respeta!”. Y Bukele alardeó de la medida en su cuenta oficial un día después: “De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros en nuestro país, permanecerán selladas. Ya no se podrá ver hacia afuera de la celda. Esto evitará que puedan comunicarse con señas hacia el pasillo. Estarán adentros (sic), en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla”.

Bukele no podía dejar que fiscales y jueces expusieran lo que estaba sucediendo y menos cómo es que había obtenido semejante triunfo en las elecciones legislativas de febrero. Tampoco quería que se investigara dónde había ido a parar el dinero para las ayudas por la pandemia. Por eso, la segunda medida que tomó la Asamblea fue votar a favor de una ley que da inmunidad ante procesos civiles y penales a funcionarios y a contratistas de insumos y equipos médicos adquiridos durante la emergencia. Así se consumó la impunidad para todo el gobierno.

Protesta contra la remoción de los jueces de la Corte Suprema y el Fiscal General por parte de la asamblea legislativa salvadoreña. REUTERS/ Jose Cabezas.

Lo más peligroso de todo este proceso es que los acuerdos con los mareros se pueden romper en cualquier momento y lanzar un espiral de violencia sin precedentes. Ya ocurrió en 2014 cuando terminó “La Tregua” a la que había llegado el entonces presidente Mauricio Funes con la Mara Salvatrucha, MS-13, y las dos facciones del “Barrio 18”, los Sureños y los Revolucionarios. El Salvador se convirtió en el país “no en guerra” más violento al mundo en 2015, con una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entre los factores que contribuyeron al fracaso de la tregua estuvo un fuerte rechazo popular: el 76,2% de los salvadoreños no estaban de acuerdo con una negociación con las pandillas. Y ese sentimiento continúa. Por eso es que Bukele tiene que ocultar por todos los medios su pacto para reducir la violencia de forma artificial y ganar unas elecciones mediante el engaño. De acuerdo al “índice de democracia” de la revista The Economist, con el “autogolpe” El Salvador pasó de ser una “democracia defectuosa” a un “régimen híbrido”, los que tienen una fachada democrática pero que son intrínsecamente autoritarios.

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