No son cambios extremos, pero la política estadounidense hacia América Latina se está modificando sustancialmente. Ya fue desmantelada la teoría del segundo eje del mal –el primero fue el de Bush hijo con Irak, Irán y Siria- que había planteado Trump con Venezuela, Cuba y Nicaragua.

La próxima semana es posible que se anuncie que el gobierno de La Habana será excluido de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Ya se les concedió el Estatus de Protección Temporal (TPS) a 320.000 venezolanos exiliados. Y están en revisión permanente las medidas para los migrantes que entran por la frontera con México.

Atrás quedaron las amenazas de Trump de invadir Venezuela o la retórica de sus halcones John Bolton y Elliot Abrams. Ahora es Juan Sebastián González, nacido en Colombia, el Asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, quien maneja la nueva agenda para el continente y tiene el acceso directo a la oreja de Biden.

El presidente mismo es un buen conocedor de la región. Durante los ocho años que estuvo junto a Barack Obama, Biden visitó 16 veces América Latina superando con ese número a cualquier otro Presidente o Vicepresidente estadounidense. Si se tienen en cuenta sus antecedentes de votación en el Senado, se podrá ver que se trata de un moderado con ciertas tendencias conservadoras cuando se trata de acuerdos económicos y algo más liberal cuando vamos al terreno humanitario (migración).

México sigue siendo la mayor preocupación en Washington. Y no viene solo. Está íntimamente ligado a Centroamérica. Desde allí provienen las últimas olas de migrantes y la Administración Biden cree que debe haber una política integrada para todo ese conglomerado de países. Es por eso que presentó al Congreso una reforma migratoria que se centra en los motivos de la emigración de Centroamérica, con un plan de inversiones por 4.000 millones de dólares en los próximos cuatro años para dinamizar la economía de la región y detener la expulsión de sus ciudadanos. También prometió “humanizar” el proceso de entrada a Estados Unidos, tras años de mano de hierro por parte de Trump. Claro que esa “voluntad” requerirá tiempo y de ninguna manera se traduce en una política de “puertas abiertas”.

El secretario de Estado Antony Blinken junto a la Representante Maria Elvira Salazar (R-FL) durante su presentación ante el comité de Política Exterior. Ken Cedeno/Pool via REUTERS

En una “visita virtual” reciente a México el secretario de Estado, Antony Blinken, lanzó un aviso claro a las personas que huyen de la pobreza y la miseria en Centroamérica: “A cualquiera que esté pensando en hacer ese viaje nuestro mensaje es: no lo haga. Estamos haciendo cumplir de forma estricta nuevas leyes migratorias y nuestras medidas de seguridad en la frontera. La frontera está cerrada para la inmigración irregular”. Pero la presión del lado mexicano es enorme y plantea, precisamente, un grave dilema de derechos humanos. En las últimas dos semanas se triplicó el número de menores migrantes no acompañados detenidos en la frontera. Las aprehensiones en febrero alcanzaron niveles no vistos desde mediados de 2019, y fueron los más altos para ese mes en 15 años, según datos de la agencia Reuters.

“Lo ven como el presidente de los migrantes, y por eso muchos sienten que van a llegar a Estados Unidos”, dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre Biden la mañana siguiente a una reunión virtual con su homólogo estadounidense el 1 de marzo. “Tenemos que trabajar juntos para regular el flujo, porque este asunto no se puede abordar de un día para otro”. Claro que las bandas que organizan el cruce de los indocumentados no esperan y están mostrando “niveles de sofisticación sin precedentes”, de acuerdo a un alto funcionario mexicano. Desde el mismo día en que asumió Biden, se vio un incremento de las actividades de los “coyotes”, los conocedores de cada recoveco fronterizo. Están cobrando desde 3.000 a 7.000 dólares por persona a los centroamericanos. Si son sudamericanos o asiáticos, la suma puede ascender a 20.000 dólares.

En su último día en la Casa Blanca, el 19 de enero, Trump firmó una orden para diferir las deportaciones de venezolanos durante 18 meses. Algo que los mantenía en un limbo administrativo y no les permitía trabajar. Con el TPS de Biden, pueden residir legalmente sin mayores restricciones hasta que cumplan con las reglas para acceder al famoso Green Card. Con esta política también se revierta la estrategia de las sanciones económicas para obligar a Nicolás Maduro a convocar a elecciones libres. “Esto no funcionó. Vimos cómo el régimen y los mercados se adaptaron a las sanciones del petróleo y podemos seguir así no se sabe cuánto tiempo. No hay apuro por levantar esas sanciones, pero sí un reconocimiento de que las multas unilaterales no han funcionado para forzar la celebración de elecciones y que la anterior Administración falló en la coordinación con Europa y con los aliados respecto a Latinoamérica”, dijo el lunes un portavoz del Departamento de Estado a un grupo de periodistas en Washington.

El presidente Biden en una visita a Viña del Mar, Chile, en marzo de 2009, junto al ex primer ministro noruego, Jens Stoltenberg, los ex presidentes Lula da Silva, Michelle Bachelet y Cristina Kirchner. AFP/Martin Bernettiz.

A pesar de esto, Biden “seguirá con la presión hasta que Maduro se siente en la mesa y tome la decisión de convocar elecciones. Una vez pase eso, hablaremos con la comunidad internacional para ver qué sanciones podrían levantarse”, agregó el portavoz. Un cambio gatopardista para que nada cambie. A diferencia de la Unión Europea, Estados Unidos sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, pese a que la Asamblea Nacional, de la que emanaba su legitimidad constitucional, está dominada por el chavismo tras las elecciones de diciembre.

Esa es la misma aproximación que Washington tendrá con Cuba. En los próximos días anunciará que borra a la isla de la lista de los países patrocinadores del terrorismo, que comparte con Siria, Corea del Norte e Irán, y que es un reclamo de personalidades como el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y el ex presidente colombiano Juan Manuel Santos. Para el resto, en La Habana tendrán que seguir esperando. En Washington no tienen apuro para regresar al acercamiento de la “diplomacia del béisbol” que había planteado Barack Obama. Aunque es posible que Biden rechace la entrada en vigor del título III de la Ley Helms-Burton, que permite las demandas de ciudadanos estadounidenses contra empresas internacionales por utilizar propiedades confiscadas por el régimen castrista tras la revolución. Esta norma había sido suspendida por todos los presidentes de Estados Unidos desde 1996 y Trump decidió activarla en 2019.

Para el resto del continente habrá “bussines as usual”. Nada cambiará drásticamente. Pero tampoco será “el olvido” que tuvo Trump. La preocupación de Washington está centrada en la expansión de China en la región. Por ejemplo, Ecuador le vende casi toda su producción de petróleo al gigante asiático. La agenda con Brasil es importante, por el peso de ese país en Sudamérica y como poder emergente, aunque hoy esté replegado. Con Colombia, seguirá de cerca el proceso de paz. Y con Argentina todo estará centrado en la cuestión económica y las negociaciones con los organismos financieros internacionales.

Así lo ve Vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan Gabriel Tokatlian: “Joe Biden es, después de John Kennedy, el segundo Presidente católico que ha tenido Estados Unidos. Admira al Papa Francisco y lo considera “el timón moral del mundo”. Cabe recordar que el Papa, en sus diálogos con distintos Jefes de Estado, solicitó el apoyo a la negociación entre el gobierno argentino y los acreedores privados y no sería inimaginable un contacto discreto en el mismo sentido entre Francisco y Biden y ante un eventual acuerdo con el Fondo. Finalmente, si la posición que la Argentina lleva a la mesa con el FMI es sólida y sustentable no habría motivo alguno para que Washington la condicione o la rechace, máxime cuando existió una co-(ir)responsabilidad en el manejo del asunto de la deuda en 2018-2019 entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo”.

Y, por último, está la pandemia. En el Departamento de Estado hay preocupación por la injerencia china y rusa en la materia. También por las consecuencias que podrían traer una emigración masiva de latinoamericanos hacia la frontera sur que escapan de una crisis sanitaria sin precedentes. “Estados Unidos todavía considera a América Latina como un socio comercial importante, y una crisis de salud en curso en el sur podría llevar a más gente a buscar suerte en el norte”, explica Harold Trinkunas, de la Universidad de Stanford. Pero la producción de vacunas es escasa para todos y no habrá ayuda humanitaria hasta que no resuelva la crisis del coronavirus en su propio territorio.

INFOBAE