En estos primeros días de 2021, el régimen de Nicolás Maduro ha desatado una nueva oleada de ataques dirigidos a medios independientes y organizaciones no gubernamentales en Venezuela.

La más reciente víctima fue Acción Zuliana por la Vida (Azul Positivo), una oenegé de referencia en materia de prevención de VIH que opera principalmente en comunidades vulnerables en la frontera con Colombia. Este jueves, un tribunal dictó medida privativa de libertad contra cinco de sus miembros, quienes resultaron detenidos en un allanamiento que llevó a cabo la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en la sede de la organización, el martes. Entre ellos hay un hombre que recientemente sufrió un accidente cerebrovascular y tiene un estado de salud delicado.

A los activistas se les imputaron los delitos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

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Según detallaron miembros de otras organizaciones locales en una rueda de prensa conjunta que ofrecieron esta semana, lo sucedido obedece a una investigación relacionada con el financiamiento de tarjetas prepagadas que distribuían en las comunidades para la adquisición de alimentos, en el marco de la respuesta humanitaria.

El trasfondo, sin embargo, sería otro. “Es otro aviso, otra situación que busca amedrentar, desmotivar a quienes realizan trabajo en terreno a que dejen de hacerlo, ese es el objetivo. El objetivo es no solo reducir el espacio cívico, humanitario, sino cercenarlo del todo”, dijo en la mencionada rueda de prensa el coordinador de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), Juan Berríos.

Y las consecuencias, garrafales. “Cerrar nuestro espacio, nuestras voces, al final deja a la sociedad en su conjunto desprotegida”, advirtió el presidente de la ONG Acción Solidaria en VID/Sida, Feliciano Reyna.

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De allí que se unieran esta semana para hacer un pronunciamiento conjunto ante el que tildaron de acto de criminalización por parte del Estado venezolano. “Debe cesar este patrón de persecución de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. El Estado debe preservar el espacio humanitario y garantizar el derecho a defender los derechos”, dijo Berríos.

Nuevos ataques

Las oenegés no han sido las únicas víctimas. El viernes de la semana pasada, resultaron afectados por distintas medidas al menos cuatro medios digitales independientes.

Uno de ellos, el canal digital Venezolanos por la Información (VPI TV), anunció en la noche del domingo pasado el cese de operaciones en Venezuela, tras la incautación de sus equipos y el cierre de su sede, en un operativo conjunto de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

“Los medios que están siendo atacados son medios que están utilizando sus plataformas digitales. (…) Es decir, están atacando a medios que de alguna manera tienen condiciones críticas”, dijo, en conversación con EL TIEMPO, Carlos Correa, el director de Espacio Público, una organización que se dedica a la documentación y acompañamiento de casos de censura, violación al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información oficial en Venezuela.

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A partir de 2013, con la compra de medios por empresarios afines al régimen de Nicolás Maduro, y la asfixia económica de otros, se gestó un ecosistema de medios independientes en la web.

En los dos gobiernos de Maduro, Espacio Público ha evidenciado distintas “agendas” para la restricción de la libertad de expresión frente a asuntos sensibles. “Lo que tenemos es una persecución focalizada frente a temas”, aseguró Correa.

En esta nueva oleada, uno de los medios afectados es el diario Tal Cual, que quedó reducido únicamente a su versión digital.

No solo sufrió un importante ataque cibernético el mismo día en que VPI y otro medio fue visitado por el Seniat, y en simultáneo se inició una campaña de desprestigio hacia otros que reciben financiamiento externo, sino que dichos ataques han continuado esta semana.

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“No es la primera vez que nos pasa, nos pasó también en diciembre. Habitualmente pasa. Lo que sí hemos visto estas semanas es más fuerza y más intensidad, cosa que es llamativa. Y además que coincida con las acciones de los otros medios”, le dijo a este diario el director en jefe de Tal Cual, Víctor Amaya.

Recientemente, este portal estrenó una serie titulada ‘La república que tortura’, que documenta casos de presos políticos y comunes que han sido víctimas de torturas por parte de funcionarios venezolanos.

“Obviamente este régimen no quiere que llegue información al pueblo de Venezuela”, dijo esta semana el embajador para la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, en entrevista exclusiva con EL TIEMPO, al referirse a estos hechos.

ANDREÍNA ITRIAGO
Corresponsal de EL TIEMPO
CARACAS